EL CLIMA DE DIALOGO SE EXTIENDE
Como sucede con otros aspectos de la vida el clima
político es un factor contagioso. Lo estamos constatando en las últimas
semanas. No se trata de creer en los poderes
taumatúrgicos de la moción de censura, pero sin duda se esta produciendo
una discontinuidad positiva en el clima social y político del país.
En un espacio muy breve de tiempo se ha pasado de
estar totalmente empantanados a un inicio de desenpantanamiento. Lento y sin
garantías pero esperanzador. Se percibe una sensación parecida a la que produce
abrir las ventanas de un espacio largamente cerrado y en el que el ambiente se
había convertido en irrespirable.
El bloqueo parlamentario del último año parece
evolucionar hacia la posibilidad de que se abra un debate efectivo sobre leyes
de gran trascendencia, como la de la eutanasia o la de Seguridad Ciudadana (Ley
Mordaza) entre otras.
El lenguaje agresivo y en ocasiones con expresiones casi
bélicas que primaba en el conflicto catalán ha evolucionado a manifestaciones
de cierta empatía hacia el otro, donde antes solo había criminalización. Allí
donde el debate lo marcaban las posiciones más maximalistas, ahora estas han
quedado fuera de juego, muy descolocadas y con menos margen para mantener la
estrategia de crispación.
Seria ingenuo pensar que existe un único hilo
conductor que todo lo liga. Pero también seria torpe no darnos cuenta que la
dinámica conflictual que durante años viene marcando este país puede estar
abriendo la puerta a un mayor espacio para el dialogo, las negociaciones, los
acuerdos o los pactos de desacuerdo.
El conflicto es una buena argamasa de la democracia
y cohesiona las sociedades mucho más de lo que parece, pero su potencialidad es
mayor si va acompañada de la capacidad de conducir los conflictos hacia
acuerdos.
Por eso es una muy buena noticia que se haya
alcanzado un preacuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales sobre
negociación colectiva y relaciones laborales, que es de esperar se ratifique y
suscriba en los próximos días.
Ante la gravedad de los problemas provocados por la Gran
Recesión económica y las políticas que se impusieron para darle respuesta,
puede parecer un acuerdo modesto, pero tiene mimbres y mucha potencialidad de
desarrollo futuro.
Nuestro país tiene problemas importantes y quizás el
más grave sea que hemos salido de la recesión económica con mucha más
desigualdad social de la que teníamos en el 2008. Una desigualdad que se
percibe nítidamente en la distribución injusta de los beneficios de la
recuperación, que no están alcanzando a las personas trabajadoras,
especialmente a las que carecen de recursos formativos.
Se trata de una cuestión de justicia social y
también democrática, porque la desigualdad estructural y enquistada suele
actuar como el principal corrosivo de la democracia.
Nuestra desigualdad social tiene dos epicentros muy
nítidos. La que se genera en el lugar de trabajo, fruto de una primera distribución
primaria de la renta muy desequilibrada, especialmente a partir del impacto de
la Reforma Laboral del 2012. Y la que se
localiza en un sistema fiscal cadavérico que, desde hace años, no cumple la
función de redistribuir de manera progresiva la renta.
El Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva para los
años 2018-2020 aporta novedades importantes. La que va a tener más repercusión
mediática es la salarial y no es para menos, porque contiene compromisos de
empresarios y sindicatos para que los convenios colectivos recojan incrementos
salariales para los próximos años que permitan recuperar parte del poder
adquisitivo perdido. Siempre con el permiso de la inflación –un factor incierto
de la economía en los próximos años. Y por eso es positivo que en el acuerdo se
hable de las clausulas de revisión salarial de los convenios, aunque su
formulación sea excesivamente genérica y su concreción deba producirse convenio
a convenio.
Me parece muy significativo el compromiso de llegar
a finales del 2020 con un salario mínimo de todos los convenios de 14.000 €
anuales. No solo por lo que significa de mejora de los salarios más bajos sino
por la incidencia que puede acabar teniendo en la fijación legal del SMI y en
la mejora de las bases mínimas de cotización que tanta falta nos hace.
Y sobre todo porque significa que las organizaciones
sindicales han puesto la fuerza de los trabajadores organizados al servicio de
la mejora de las personas trabajadoras con menos capacidad de hacerse oír y de
negociar.
El acuerdo trasluce una sensación de que por fin las
organizaciones empresariales han comenzado a entender que las políticas de
precariedad incentivan el dumping social y no interesan a nadie. Ojalá sea así
y no se trate de un espejismo, pero el acuerdo de salario mínimo convenio, y
los compromisos de mantener la aplicación de los convenios una vez acabada su
vigencia, minimizando así los efectos nefastos de la Reforma Laboral del 2012,
parecen ir en la buena dirección.
También es una buena noticia que se proponga una
nueva regulación de la subcontratación (artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores) con el objetivo de acotar los procesos de externalización
productiva y evitar que, como dice el acuerdo, se “incentive la competencia
desleal entre empresas y el deterioro de las condiciones de empleo”.
Este aspecto viene recogido en un Anexo que las
organizaciones sindicales y empresariales han firmado y remiten a las
negociaciones tripartitas con el Gobierno. En él se incluyen propuestas muy
interesantes como la creación de una nueva prestación social que incentive las
reducciones temporales de jornada como alternativa al uso de los despidos en
las crisis empresariales, que permita garantizar el empleo, impulsar medidas de
flexibilidad, fomentar la formación y el reciclaje y no penalizar a los
trabajadores en su derecho a la prestaciones de desempleo.
Estas y otras materias podrían formar parte de un
futuro acuerdo tripartito de concertación laboral que aborde cambios en la
Reforma Laboral del 2012, especialmente en lo que se refiere a devolver la fuerza
vinculante a la negociación colectiva sectorial, que es el espacio en el que
las personas trabajadores construyen solidaridad entre ellas.
Un acuerdo tripartito que el Gobierno deberá
trabajar, pero en el que no se puede escudar para no hacer nada. Es evidente
que la mayoría de 180 votos que apoyaron la moción de censura coincide en el
modelo de relaciones laborales, pero el Gobierno tiene la obligación de
conseguir mayorías para sacar adelante medidas tan urgentes como necesarias.
En resumen un acuerdo que puede contribuir a mejorar
el clima social y sobre todo las condiciones de trabajo, que buena falta nos
hace. Por razones de justicia social y también democráticas.
