Abordar el debate sobre el futuro de
las pensiones requiere tener algo de perspectiva histórica y reconocer que, a
pesar de sus insuficiencias, la evolución de la Seguridad Social en los últimos
40 años es una historia de éxito.
En este período ha habido de todo como en botica. Ha
aumentado significativamente la cobertura, con más personas protegidas y mayor
protección. Aunque también se han producido ajustes que en algunos casos
dificultan el acceso a las prestaciones o reducen su cobertura.
Para comprender la intensidad del cambio basta recordar que
el gasto en pensiones ha pasado del 4,5% del PIB en 1978 al 11,7% actual. Y las
previsiones -que siempre hay que relativizar- lo sitúan entre el 14% y el 15%
del PIB en el 2050. Un esfuerzo perfectamente asumible y comparable con el
resto de países de la Unión Europea.
Se ha pasado de una financiación soportada únicamente por
cotizaciones de trabajadores y empresarios, a una financiación mixta. Con una
aportación fiscal, aún muy insuficiente, que supone el 9,03% del total de los
ingresos. Sin contar los créditos con los que el Estado cubre el déficit de
18.800 millones de euros.
Se ha evolucionado de un sistema en el que solo percibían
pensión quienes habían cotizado a otro en el que se reconocen pensiones no
contributivas a personas en situación de necesidad.
El sistema mutualista de 1978, con grandes diferencias en el
nivel de protección y de gestión, se ha transformado en un sistema público
armonizado en su regulación, protección y gestión. Hasta finales del siglo XX
las diferencias eran grandes entre los diferentes regímenes de seguridad social
-escritores de libros, toreros, deportistas profesionales, entre otros-.
En algunas grandes empresas se mantenían sistemas
sustitutorios al de la Seguridad Social. Sin olvidar las diferentes
Mutualidades de empleados públicos que, como los de la Administración Local no
se integraron en el Régimen General hasta el 1 de abril de 1993, fruto de un
acuerdo sindical. Aunque las diferencias en la protección no han desaparecido,
el proceso de armonización ha sido importante.
Financiar este esfuerzo ha requerido de un constante aumento
del gasto en pensiones, fruto de la exigencia y esfuerzo de la sociedad
española. Con un papel importante de los sindicatos que han ejercido sus
responsabilidades presentando propuestas, movilizándose, negociando y firmando
acuerdos sociales.
En este período se ha conseguido mantener el sistema público
de seguridad social, contributivo, solidario y de reparto, a pesar de los
muchos intentos de transformarlo en un sistema de capitalización individual o
de cuentas nocionales, con la consiguiente perdida de solidaridad. Se ha pasado
de los 4 millones de pensionistas de 1978 a los cerca de 9 millones en la
actualidad.
La intensidad y calidad de la cobertura ha aumentado
considerablemente. En 1978 la pensión mínima significaba el 0,7% del salario
mínimo interprofesional y en estos momentos supera el 1,2% del SMI. En relación
al salario medio, la pensión mínima ha pasado de representar el 29% en 1981
hasta el 42% en la actualidad.
Las pensiones no contributivas nacen en 1990, fruto de un
acuerdo sindical con el que CCOO y UGT capitalizaron el éxito de la huelga
general del 14 de Junio de 1988.
La separación de fuentes de financiación, el aumento en la
aportación fiscal y la creación del Fondo de Reserva tienen su origen en el
acuerdo social de 1996, que la patronal rechazó porque pretendía utilizar el
superávit puntual de aquellos momentos para reducir las cotizaciones
empresariales.
La puesta en marcha definitiva del Fondo de Reserva y el
reconocimiento de la jubilación anticipada a los 61 años -que hasta
entonces solo existía para los mutualistas que hubieran cotizado antes del 1 de
enero del 1967- fueron fruto de otro acuerdo social, el del 2001, en este caso
firmado en solitario por CCOO.
Algunos cambios benefician especialmente a las mujeres que
son las más afectadas por la precarización del empleo. La mejora en el computo
de las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial, forzado por una
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luxemburgo. O la
asimilación a períodos de cotización efectivos de algunos vacíos de cobertura,
aunque se continúa discriminando a las empleadas del hogar. El aumento del 45%
al 52% de la pensión de viudedad, establecido en el acuerdo social de 1996. Y
después del 52% al 60% pactado en 2011 -aunque su aplicación haya sido
congelada unilateralmente hasta el 2018-.
También ha mejorado la solidaridad interna, por la vía del
aumento de los complementos de las pensiones mínimas y de haberse topado aún
más las pensiones máximas, que hoy se sitúan un 20% por debajo de las bases
máximas de cotización.
Cierto es que, en el marco de este ciclo largo de mejora de
las prestaciones, también se han producido ciclos cortos, con reformas que han
afectado al acceso a la protección social. Como el cambio en la edad ordinaria
de jubilación, que se mantiene en los 65 años para quienes hayan cotizado 38,5
años, pero se eleva progresivamente hasta los 67 años -en el año 2027- para
quienes hayan cotizado un período menor.
La mayor ruptura en este recorrido de mejora la ha provocado
la reforma del 2013, aprobada en solitario por el Gobierno Rajoy. Se derogó la
garantía de revalorización de las pensiones en función del IPC que estaba
vigente desde 1996 y se estableció el factor de “sostenibilidad”, por el que
los pensionistas pasan a soportar el mayor coste que supone el aumento de la
esperanza de vida. Aunque las movilizaciones sindicales y de pensionistas han
propiciado que los PGE 2018 acuerden una revalorización del 1,6% y la
suspensión de la aplicación del índice de sostenibilidad, la reforma unilateral
del 2013 continua vigente.
Esta perspectiva histórica sirve para demostrar que, aún
siendo importantes, los retos de futuro son asumibles y existen alternativas y
márgenes económicos. Así lo ha reconocido, en su reciente comparecencia en el
Congreso, José Luís Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal.
Para afrontar los retos necesitamos primero un diagnóstico
honesto y no oportunista. Tan irresponsable es negar los riesgos de futuro de
la Seguridad Social como afirmar que los problemas derivan de un exceso de
gasto en pensiones.
El principal reto es el aumento de los ingresos, los contributivos
que son su principal fuente de financiación, y especialmente la aportación
fiscal del Estado. Existe margen para ello porque los ingresos fiscales de
España están entre un 7% y el 8% del PIB por debajo de la media de la Unión
Europea.
El segundo reto son los cambios en el empleo. De un lado los
producidos por la gran recesión y las políticas de precarización laboral y
depreciación salarial. De otro, los generados por las diferentes formas de
innovación y que de manera simplificada se llama robotización.
Para afrontarlos la historia nos ofrece muchas enseñanzas. A
principios del siglo XX se trabajaban una media de 3.000 horas anuales, frente
a las aproximadamente 1.700 actuales. En aquel entorno no se disponía de
recursos públicos suficientes para garantizar pensiones, ni sanidad universal,
ni escolarización obligatoria. Desde entonces el estado social no ha hecho más
que crecer a pesar de la desaparición de muchos trabajos que llevaban varios
siglos entre nosotros.
Ello ha sido posible con la combinación de tres factores:
reducción del tiempo de trabajo a lo largo de la vida de las personas
trabajadoras, aumentos muy importantes de productividad -vía innovación- y una
política fiscal con capacidad de redistribuir la riqueza creada.
Lo que hoy se presenta como el principal problema, el
“envejecimiento”, ha sido aprovechado durante estos años como una oportunidad.
Muchos de los empleos creados en las últimas décadas -turismo, economía de los
cuidados- han sido posibles por la combinación del aumento en la expectativa de
vida y la mejora del estado social - menos tiempo de trabajo, más vacaciones,
jubilaciones anticipadas-. Sin los grandes logros del Estado Social Europeo hoy
la población ocupada en toda Europa y especialmente en España, serian mucho menor.
Este es el camino que debemos seguir recorriendo. Y para
ello deberemos combatir la perversa consigna del poder económico: “Repartiros
el empleo, el salario y las pensiones entre vosotros, que los beneficios del
capital no se tocan y de fiscalidad ni se habla”.
El único reto insalvable es el de la creciente desigualdad
social. Genera pobreza, provoca desconcierto y miedo y corroe las bases del
Estado social y de la democracia.
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