Tras las declaraciones de rigor de la noche electoral y los primeros
posicionamientos, que siempre conllevan una descompresión acelerada para pasar
de la campaña a la realidad, ahora toca encarar la gestión de unos resultados
que no facilitan la investidura, y menos aún la estabilidad política.
La ciudadanía y los medios piden capacidad de pacto, para luego exigir a
los partidos firmeza e incluso intransigencia en la defensa de los principios y
propuestas de cada uno. Todo, a la vez, es un poco difícil, especialmente en un
país donde se identifica pacto con debilidad y donde el sistema electoral ha
hecho innecesarios, hasta ahora, los pactos. La acumulación y cruce de líneas rojas
convierte el itinerario del pacto en impracticable.
Tras el 26J es prioritario recordar lo que ha sido ignorado después del
20D, la situación de emergencia social no permite perder más tiempo. Y esto
obliga a situar en el centro del debate de investidura todos aquellos temas que
afectan las condiciones de vida de las personas y que han estado ausentes de la
campaña electoral.
Desgraciadamente, hoy, con la mejora de resultados del PP, estamos en
peores condiciones de encarar un cambio en las políticas sociales y en una
solución para Catalunya.
Las responsabilidades están repartidas, pero tienen un elemento común:
haber puesto la defensa de los medios por delante del objetivo de los fines. Y
haber obviado que las líneas rojas y los condicionantes para pactar deben tener
cierta relación de proporcionalidad con la fuerza de cada uno. Pese a que han
aumentado las dificultades, no se puede volver a olvidar que la prioridad es
dar respuesta a graves problemas económicos y sociales, así como a un grave
conflicto institucional.
Tenemos una Seguridad Social que es perfectamente viable, a condición de
que se adopten urgentemente medidas para garantizar su financiación. Lo que
precisa un mayor esfuerzo fiscal, más justamente distribuido en términos
sociales.
Pero la viabilidad a medio plazo de la Seguridad Social depende sobre
todo de la capacidad de romper con la precariedad del empleo como estrategia.
Una precariedad que provoca un deterioro de la recaudación de cotizaciones
sociales incluso en momentos de crecimiento del empleo.
En el horizonte tenemos también una situación de déficit y deuda pública
insostenible. En 2016 se cerrará con un déficit público muy superior al
presupuestado y con una deuda pública que supera el 100% del PIB. Y con la
exigencia de la Unión Europea de un nuevo ajuste fiscal, que conllevaría graves
recortes en términos sociales, con el consecuente aumento de la desigualdad y
la pobreza.
Este debe ser el horizonte, el de las condiciones de vida de la gente,
después de unas elecciones que han ganado el PP y Rajoy, pero con un resultado
que no aclara quién formará gobierno y qué partido puede imponer sus políticas.
De momento, el bloqueo institucional, tanto en España como en Europa,
agravado por la crisis del Brexit, está provocando que los únicos ganadores
reales sean los poderes económicos y un capitalismo financiero que ostenta el
verdadero poder político y que nunca había tenido tan pocos contrapesos ni
controles sociales y políticos.
Las elecciones generales y lo que pase en el gobierno de España tendrá
-ya lo está teniendo- una fuerte incidencia en Catalunya. A pesar de que algunos,
en una nueva fuga hacia delante, piensen que nos podemos abstraer de lo que
pase en España.
Todo apunta a que el bloqueo institucional en España arrastrará también
al bloqueo político en Catalunya. Una situación enquistada y que dura desde
2010.
En la batalla para configurar y ganar el relato post 26J y preelectoral
en Catalunya algunos pretenden instalar el debate de la incapacidad de reformar
España. Y argumentos no les faltan, a la vista de los resultados. Pero una cosa
es la frustración real o impostada por la victoria del PP y la otra que
entramos en dinámicas democráticamente peligrosas y políticamente frustrantes.
Nunca ha sido cierto que "cuanto peor, mejor", aunque en el corto
plazo a algunos les vaya bien para consolidar su relato y preparar las futuras
elecciones.
Me parece muy preocupante la proliferación de valoraciones
democráticamente peligrosas, que son utilizadas desde análisis diferentes e
incluso intereses contrapuestos, pero con argumentaciones igualmente corrosivas
en términos democráticos.
Las ideas de sociedades irreformables, pueblos que se merecen los
gobiernos que tienen, ciudadanos que votan en contra de sus intereses, terminan
siempre con peligrosas afirmaciones o insinuaciones de "pueblos
elegidos" y "pueblos repudiables".
Es evidente que la mayoría lograda por el PP aumenta las dificultades
para hacer avanzar una propuesta de referéndum pactado con el Estado español.
Pero no resulta creíble considerar inviable la propuesta de referéndum y a
continuación defender que es viable y políticamente efectivo un referéndum
unilateral de independencia (RUI) o una declaración unilateral de independencia
(DUE).
Mi experiencia como sindicalista, corredor de fondo y amante de la
montaña me ha enseñado que, cuando se detecta la imposibilidad de salvar un
obstáculo, lo que se hace no es aumentar la dificultad del objetivo e intentar
superarlo con más obstáculos y las mismas fuerzas.
En Catalunya tenemos hoy el reto y la responsabilidad de elegir entre
una nueva fuga hacia adelante o bien optar por lo que ha hecho siempre Catalunya
en estos momentos; reagrupar el máximo de fuerzas en torno a un objetivo
compartido y aumentar la densidad y sobre todo la intensidad de las
movilizaciones.
Hay que recordar que una consulta unilateral ya se intentó el 9 de
noviembre, y al final se reconvirtió en un proceso de movilización social ante
la imposibilidad de concretar la consulta unilateral.
Cabe recordar algunas obviedades, como que un referéndum unilateral
nacería con un déficit de legitimidad propia al no contar con el apoyo de una
buena parte de la sociedad catalana, que tendría enfrente la oposición de la
mayoría de fuerzas políticas españolas y el no reconocimiento de la Unión
Europea, que ya tiene suficientes frentes abiertos como para abrir otro.
Los que defienden propuestas unilaterales deberían explicar cómo, en los
meses transcurridos de la legislatura de la desconexión y la insumisión del 9N,
han sido incapaces de adoptar ninguna acción de insumisión, ni siquiera de
firmeza, y ahora de golpe nos plantean un RUI.
Deberán explicar cómo se compatibiliza presentar unos presupuestos
absolutamente sumisos con las reglas de juego de España y al mismo tiempo defender
una convocatoria de referéndum unilateral.
Nos tendrán que explicar cómo harán convivir políticamente un referéndum
unilateral y una dependencia absoluta de la deuda pública catalana de España.
Cómo desconectarse políticamente y al mismo tiempo estar enchufado
económicamente a la respiración asistida del FLA.
¿Significa esto que no debemos hacer nada? Evidentemente que no, estoy
planteando exactamente lo contrario. Tenemos una situación de bloqueo político,
pero no podemos ni bloquearnos ni caer en la trampa de una nueva fuga hacia
adelante.
Esta es la respuesta que deberá dar el presidente Puigdemont en el
planteamiento de su cuestión de confianza.
Un servidor opina que para salir del bloqueo lo que hay que hacer es
reagruparnos alrededor de la exigencia de un referéndum; intentar sumar a
quienes han planteado la propuesta de reforma constitucional, sin referéndum
previo, y ahora comprueban que con una mayoría del PP esto resulta inviable. Y
proponer a la sociedad catalana un aumento de la densidad y la intensidad de
las movilizaciones.
Y mientras tanto, no olvidar en ningún caso la situación de emergencia
social que viven amplias capas de la ciudadanía, que por cierto son las que
tienen unos mayores índices de abstención electoral y política. Para
muchas personas, la utopía es una utopía
más modesta y más cotidiana: salir de la pobreza en la que están atrapadas.