REFORMA LABORAL: Por Tierra, Mar y Aire

Mientras las negociaciones para la investidura han situado la política institucional en la estratosfera, a pie de tierra la Reforma Laboral de PP i CIU continúa provocando estragos.

Sin tregua, los grandes objetivos de la reforma, depreciación salarial, desregulación laboral y debilitamiento de la negociación colectiva, se consolidan en un modelo de relaciones laborales cada vez más precarizador.

El contrato a tiempo parcial se consolida como nueva forma de reparto insolidario del empleo, al tiempo que facilita el uso generalizado y fraudulento de las horas complementarias y de las extras no retribuidas.

La negociación colectiva sufre los efectos de la apuesta por la individualización de las relaciones de trabajo y de una externalización competitiva que usa el convenio de empresa como dumping laboral frente al convenio sectorial.

En relación al despido, se está librando una dura batalla en el terreno de los Tribunales de Justicia. Mientras, algunos Juzgados y Tribunales intentan con sus sentencias que la causalidad del despido, como contenido esencial del constitucional derecho al Trabajo, no pase a mejor vida.

En la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se está produciendo una intensa pugna sobre la interpretación de la Reforma Laboral. Comenzó con una presión de los poderes económicos a través de los medios de comunicación acusando a los magistrados de “boicotear” la reforma laboral. A esta presión a los Tribunales se sumó con su desparpajo habitual la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, en descarados episodios de menosprecio a la división de poderes.

Y en los últimos tiempos la ofensiva para decantar el Tribunal Supremo a favor de una interpretación restrictiva de los derechos de los trabajadores ha entrado en el terreno del cuerpo a cuerpo. La colonización de la Sala Social del Tribunal Supremo por parte de los grandes despachos de abogados, a partir de la renovación de sus Magistrados ha llevado consigo cambios importantes en la doctrina del Tribunal Supremo, en consonancia con la concepción impuesta en el Tribunal Constitucional por su Presidente. Los derechos fundamentales de los trabajadores han pasado en la práctica a estar sometidos a los intereses económicos de las empresas y a la necesidades de competitividad de la economía nacional. En la práctica una reforma constitucional encubierta.

El último episodio de esta cruenta batalla jurídica se ha producido con la sentencia de unificación de doctrina sobre los requisitos de las cartas de despido, en los que se comunica  individualmente la rescisión del contrato como consecuencia de un despido colectivo por razones económicas, organizativas, productivas o tecnológicas. El conocido como caso Bankia.

Cuando la Reforma Laboral del 2012 acordó con los votos de PP y CIU la desaparición de la autorización administrativa previa en los despidos por causas económicas, que en el caso de Catalunya suponía además la desaparición de una importante competencia política, uno de los argumentos utilizados para justificarla fue que los trabajadores no quedaban desprotegidos porque, desparecía la autorización administrativa previa, pero se mantenía el control judicial a posteriori de las decisiones empresariales.

A las pocas semanas de su aprobación, el argumento del control judicial fue mutando, de manera que los defensores de la Reforma lanzaron una fuerte ofensiva frente a los Tribunales para restringir los supuestos en que este control judicial podía ejercerse. Hasta el punto de negar el derecho y la obligación de los Tribunales de Justicia de ejercer su función judicial analizando con criterios de razonabilidad y proporcionalidad las decisiones empresariales de despidos colectivos.

Y simultáneamente a ello, otra de las ofensivas empresariales para profundizar en la descausalización del despido está siendo la restricción de los requisitos que deben cumplir las cartas de despido individuales en las que se comunica a los trabajadores que son ellos los elegidos por las empresas para rescindir sus contratos.

Pues bien, la reciente sentencia del Tribunal Supremo en unificación de doctrina, modifica los criterios de anteriores sentencias – la última de mayo del 2015- y abre la mano a la arbitrariedad empresarial por la vía de restringir la tutela efectiva de los trabajadores.

En estos 4 años de Reforma Laboral, la ofensiva por tierra, mar y aire no ha cesado. Primero desaparece la autorización administrativa, después se restringen las causas de control judicial de los despido colectivos y ahora se reducen las obligaciones empresariales en la carta de despido. Todo en la misma dirección, hacer del despido una decisión empresarial cada vez más “libre” y el derecho al trabajo un derecho cada vez más “retórico”.

Aunque solo fuera para revertir esta situación provocada por la Reforma Laboral ya estaría justificado un acuerdo de gobierno que permitiera revertir de manera nítida este proceso de desregulación laboral y precarización el empleo.

Pero mucho me temo que este no esté siendo el tema nuclear de las negociaciones o lo que sean en la estratosfera para la formación de una mayoría de gobierno.

Y reconozco que hablar de política de estratosfera desde la política catalana es algo parecido a lo de la paja y la viga. En la política catalana la estratosfera resulta ser algo muy cercano a la tierra. A nosotros nos gusta más estar buscando agujeros negros.