dimarts, 28 d’abril de 2015

LA PRECARIEDAD MATA O ENFERMA

Existen mil y una evidencias empíricas y científicas que relacionan precariedad con siniestralidad laboral. Sea cual sea el país, el sector productivo, el tipo de empresa o el ciclo económico.

Basta ver como se comportan los índices de siniestralidad en función de la modalidad contractual, la antigüedad en la empresa o la formación del trabajador o trabajadora.

Pero no todas las formas de siniestralidad emergen a simple vista como los accidentes laborales. Muchas otras formas de siniestralidad permanecen ocultas y por eso suponen un mayor riesgo. Al no detectarse su existencia o no relacionarse la enfermedad con el riesgo de origen profesional son más peligrosas, difíciles de evitar y combatir en sus efectos

España vivió hace 20 años un avance significativo con la Ley de Salud Laboral, expresión de una profunda preocupación del movimiento sindical que la situó entre sus prioridades, en un momento en que ya se intuía la borrachera de la burbuja y su capacidad para taparlo todo. Pero en esta, como en muchas otras cosas, ni las leyes lo son todo, ni los avances son nunca definitivos.

Nuestro modelo productivo, que basa su supuesta competitividad en un uso intensivo y precarizador  de la fuerza de trabajo, es en mismo el primer riesgo para la salud de las personas trabajadoras. Y lo es mucho más en momentos de crisis, cuando se precarizan aún más las condiciones de trabajo y la prioridad es subsistir en un mercado de trabajo que se convierte en una verdadera jungla.

Eso ha pasado de nuevo en esta crisis, con niveles de paro descomunales e ingobernables y una Reforma Laboral, de PP y CIU que ha supuesto una autopista de 10 carriles por la que circula la precariedad y sus consecuencias, las evidentes y las ocultas. También el aumento de la siniestralidad que no son solo accidentes de trabajo.

Entre estos efectos colaterales de la crisis y de la Reforma Laboral, uno de los menos visibilizados y por ello más peligroso es el aumento de los riesgos de origen profesional. Entre ellos los riesgos psico-sociales, que cuesta identificar con las condiciones de trabajo o de desempleo de la persona. Y que cuando aparecen o ya es tarde o el Sistema Nacional de Salud y la red de salud laboral no suele relacionarlos.

Por eso hoy, 28 de abril, día internacional de la Salud Laboral, indigna comprobar que el Gobierno del PP no ha tenido durante toda la legislatura una sola iniciativa relacionada con la salud laboral. A pesar de que el camino está bien trazado por la Estrategia Europea de Salud Laboral que, con sus limitaciones, constituye un buen horizonte en el que referenciarse.

Hoy, una vez más, el Grupo de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA,CHA) presenta en el Congreso de Diputados una Proposición no de Ley, que nace del dialogo con las organizaciones sindicales y de sus reivindicaciones para forzar al Gobierno a que se comprometa y ponga en marcha políticas para avanzar en esta estrategia europea.

Sinceramente no tenemos muchas esperanzas de que el Gobierno nos escuche.

Nuestras esperanzas están puestas en los trabajadores en su condición de ciudadanos. Tenemos esperanzas de que la ciudadanía en el momento de votar relacione su voto con sus derechos, su pérdida de derechos con sus verdugos, sus esperanzas de recuperar estos derechos con su voto.

dilluns, 20 d’abril de 2015

EL PP Y EL FRAUDE FISCAL. DEL VICIO, VIRTUD

El Partido Popular ante la evidencia del tsunami de casos de corrupción que se les viene encima, ha decidido poner en marcha una estrategia tan vieja como la humanidad, hacer de vicio virtud.

Por eso, ahora se nos presenta ante la ciudadanía como el principal defensor de la transparencia, la persecución del fraude fiscal y la lucha contra la corrupción.

Lo ha hecho con el caso Rato, con una hiperactuación que deja al descubierto su poca credibilidad y autoridad en esta materia.

La connivencia del poder político con la evasión y el fraude fiscal no es nueva ni exclusiva de nuestro país. De hecho es uno de los grandes retos de la Unión Europea. O se acaba con las diferentes modalidades de erosión del sistema fiscal, que en una economía globalizada son abismales, o la erosión del sistema fiscal acaba con el Estado Social Europeo.

Pero en España esa connivencia del poder político con las diferentes formas de elusión, fraude, evasión fiscal es mayor y corre pareja a la “comprensión” de la sociedad con estos comportamientos.

La manera en que el PP está presentando sus iniciativas apuntan a que todo puede quedar en papel mojado.

En el terreno de la transparencia se anuncia una Reforma de la Ley General Tributaria que permita al Gobierno hacer públicos los datos de los morosos tributarios por importe de más de un millón de euros y de los condenados por sentencia firme por fraude fiscal.

Más allá del debate sobre los límites a partir de los cuales se debe dar publicidad a la morosidad fiscal y a los fraudes, el problema principal reside en que el Gobierno ha anunciado que la primera publicación de datos deberá hacerse antes del final del último trimestre dl 2015. Es decir, cuando ya se haya celebrado todo el ciclo electoral.

Este último movimiento del record Guinness de los trileros políticos, el Ministro Montoro, no debe sorprendernos, el Gobierno Rajoy no ha hecho nada durante esta legislatura para reformar el artículo 95 de la Ley General Tributaria y facilitar información de morosos y defraudadores. Y no será porque no se le haya exigido. O porque no haya tenido oportunidades, por ejemplo cuando aprobó la amnistía fiscal a la que se han acogido Bárcenas, Pujol o Rato, entre otros.

Entre las prioridades reformistas de Rajoy no ha estado nunca la transparencia fiscal, por eso ha esperado hasta el final de la legislatura para presentar este proyecto de Ley, que muy probablemente no tendrá ni tiempo para ser aprobado. Como también puede suceder con el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero en esta política de falta de transparencia fiscal y de poca convicción en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, el PP no ha estado solo. El PSOE ha hecho lo mismo en sus 7 años de Gobierno, demostrando que si en algún ámbito la indistinción política ha sido la divisa del bipartidismo, este es el terreno de la política fiscal.

PSOE y PP han compartido con CIU los ejes básicos de la política fiscal de este país. No deberemos olvidar que la Ley General Tributaria que, según el Gobierno le impide facilitar los datos de morosos y defraudadores es de diciembre del 2003, con Aznar en el Gobierno. Pero durante el Gobierno Zapatero se ha mantenido en sus propios términos.

Si la apuesta del PP por la transparencia fiscal fuera sincera, que no lo es, lo podría demostrar, presentando una Proposición de Ley de reforma del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que se podría tramitar por urgencia.

Cuando al PP le ha interesado ha utilizado este método parlamentario. Por ejemplo para acabar con la Justicia Universal o para reformar el Código Penal e introducir los acuerdos entre PP y PSOE en la lucha anti-yihadista.

Si no lo hace así, no es porque no se pueda, es sencillamente, porque su apuesta por la transparencia fiscal es falsa. Una vez más está fingiendo y engañando a la ciudadanía. 

dimarts, 14 d’abril de 2015

LA REPÚBLICA DE JOSEP PÉREZ MOYA


Les circumstàncies de la vida han volgut que el company Josep Pérez Moya prengui possessió de la seva acta de diputat el 14 d’abril.

No es pot demanar millor estrena per a algú, fill de la cultura del PSUC, que coneix molt bé la importància dels valors republicans per fer política.

En Josep ha estat molts anys fent política municipal. I no a qualsevol lloc, sinó a l’Ajuntament del Prat, amb l’equip del Lluís Tejedor, l’exemple perfecte per explicar que sí es poden fer les coses diferents.

Que desenvolupament econòmic és compatible amb respecte al medi ambient, que la indústria no és incompatible amb el Parc Agrari del Baix. Que és possible, tot i les limitacions, avançar en la cohesió social d’un municipi, treballant en el terreny de l’urbanisme, l’educació i les polítiques actives. Que els riscos de l’especulació no són insalvables. Que es poden vèncer les pressions demagògiques dels qui van intentar vendre Eurovegas, manipulant les necessitats i els sentiments d’una població, la del Baix, molt castigada per l’atur. I tot això, havent d’aguantar una dreta local xenòfoba.

En Josep porta en la seva motxilla particular, entre moltes d’altres, l’experiència d’haver posat en marxa en l’equip de Joan Saura mesures importants en matèria de trànsit.

Unes mesures de control de la velocitat en determinades vies amb objectius de seguretat i ambientals que varen ser objecte de l’agressió del lobby del RACC, amb la inestimable ajuda de La Vanguardia, entre d’altres mitjans, i l’oportunisme de CiU. Quin goig veure el govern dels millors havent de reimplantar les mesures de trànsit que tant havien criticat quan estaven a l’oposició del govern de progrés.

El Ple d’aquesta setmana, en el que en Josep s’estrenarà en la defensa de l’esmena a la totalitat a la “Ley de Montes” del PP i en el debat de dues lleis d’infància del PP, ve carregat de debats.

Entre aquests, el debat sobre el Consell Europeu on tindrem l’oportunitat de recordar les nostres alternatives front el lobby energètic i el segrest a què té sotmesos el governs de torn. També les propostes per convocar una conferència europea per acordar la reestructuració ordenada del deute i sobre l’anomenat Pla Juncker, un altre placebo en el que la Comissió renuncia a la inversió pública per reactivar Europa. 

En el rerefons d’aquests debats, una necessitat imperiosa de construir alternatives polítiques a Catalunya i Espanya. I la necessitat de fer-ho a partir d’un doble procés constituent, en el que es puguin superar les limitacions i l’esgotament del sistema nascut a la transició i, al mateix temps, obrir les portes al ple reconeixement del dret a decidir de Catalunya sobre com vol organitzar-se políticament com a nació.

Per dur a bon port aquest doble procés constituent és imprescindible construir-lo sobre bases sòlides. I la primera és una bona lectura del nostre passat recent. El pacte constitucional no va ser mèrit d’un rei, sinó de tot un poble. Va ser l’expressió d’una correlació de forces en què ni el continuisme ni la ruptura varen poder imposar-se un a l’altra. Ho sap molt bé la generació d’en Josep Pérez Moya i ho hauria de saber tothom qui es consideri hereu de la cultura del marxisme.

Clar que això de la correlació de forces sempre es pot explicar d’una manera més planera. Un procés constituent és com el pa que necessita de farina, aigua, llevat, un forn i un forner o fornera.

El pa, l’aigua i el llevat són els vots de la ciutadania, el forn són les lluites socials. I és molt important que el forner o la fornera, sempre amb el seu toc personal i d’innovació, sàpiga aprofitar l’experiència i la saviesa acumulada al llarg de la humanitat per fer bon pa.

Salut i República.

dijous, 9 d’abril de 2015

FONDO DE RESERVA: ¿GASTAR HASTA AGOTAR?


Una de las decisiones políticas más inteligentes de los últimos años fue la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es hijo de unos tiempos en que la concertación social y el diálogo político guiaban las políticas a largo plazo de la Seguridad Social.

Ahora todo el mundo lo ve como lógico y se apropia de su paternidad, pero para constituirlo, las organizaciones sindicales tuvieron que vencer la resistencia de una CEOE cortoplacista como siempre que, ante unos superávits temporales de la Seguridad Social, presionó mucho para rebajar cotizaciones sin atender al medio plazo.

Gracias al Fondo de Reserva se ha podido afrontar la tormenta perfecta, provocada por la confluencia en el tiempo de retos a medio plazo y un déficit muy importante fruto de la crisis económica y de una Reforma Laboral que primero destruyó empleo y luego lo ha precarizado.

Usar el Fondo de Reserva para afrontar esta situación tiene toda la lógica, porque para eso se creó. Pero el Gobierno Rajoy parece haberse instalado en una estrategia peligrosa y perversa de "usar hasta agotar".

Desde 2012 se han utilizado en diferentes momentos cerca de 34.000 millones de euros, a los que sumar 5.350 millones provenientes del Fondo de Prevención y Rehabilitación de las Mutuas. O sea, cerca de 40.000 millones de euros para cubrir el déficit. De manera que el nivel máximo del Fondo (que llegó a ser de 65.830 millones en 2011) se ha reducido a 41.634 millones a finales del 2014. Con el agravante de que a corto plazo no va a contar ni con más aportaciones ni con la rentabilidad de sus inversiones, sino al contrario: en 2015 y en próximos años se necessitará disponer de más recursos del fondo.


Ante esta situación es urgente adoptar medidas a corto y medio plazo para evitar que en el 2018 el Fondo de Reserva haya desaparecido. Algunos grupos parlamentarios hemos hecho propuestas, pero el PP actúa como una pared de frontón que las devuelve, cada vez de manera más enrevesada.

Lo primero es constatar que los problemas de la Seguridad Social no son de gasto (entre 2011 y 2015 han aumentado en un 12,91% en total, en términos nominales) sino sobre todo de ingresos (en ese mismo período las cotizaciones han aumentado solo un 4,29%).

Para abordar este desequilibrio se necesitan políticas que van en la dirección contraria a las adoptadas durante esta legislatura.

Comenzando por revertir la Reforma Laboral. A pesar del aumento de afiliados, los ingresos por cotizaciones no mejoran significativamente. Porque la apuesta de la reforma laboral de PP y CIU por el empleo temporal, a tiempo parcial y precario, y por la depreciación de salarios tiene efectos perversos. Un mercado de trabajo precario, lleva a una Seguridad Social en precario.

Deben mejorarse los ingresos por la vía de aumentar las bases máximas de cotización o de transferir la responsabilidad de los costes de gestión de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, cabe reconocer que en este aspecto el margen de maniobra es ya escaso.

Lo que sí debería estudiarse es la creación transitoria y puntual de una contribución social generalizada, como se ha hecho en otros países europeos. Hay diferentes propuestas encima de la mesa, pero en mi opinión, la más equilibrada para no penalizar el empleo, es que el origen de estos recursos deberían ser fiscales. Hay margen para ello, sobre todo si se tiene en cuenta que España tiene cada año unos ingresos fiscales el 8% del PIB (80.000 m€), menos que la media de la zona euro.

Por supuesto hay que acabar con la política de bonificaciones generalizadas a la contratación, que está más que demostrado que no sirven para crear empleo. Y prohibir expresamente las exenciones a la cotización, que en 2014 han supuesto una reducción de ingresos de 1.200 millones de euros y en 2015 se prevé supongan entre 1.500 y 1.650 millones de euros menos para la Seguridad Social. Son medidas que solo obedecen a la política de marketing de los viernes de Consejo de Ministros, y que deterioran los ingresos de la seguridad social a costa de pensionistas actuales y futuros.

Estas medidas, acompañadas de una utilización prudente del Fondo de Reserva, nos deberían permitir disponer del tiempo necesario para implementar una de las reformas estructurales que necesita la Seguridad Social.

Se trata de la reforma de las pensiones de muerte y supervivencia - viudedad y orfandad- para hacerlas más dignas y equitativas. También para transferir paulatinamente la responsabilidad de su financiación a ingresos de origen fiscal, como corresponde al hecho de ser prestaciones de naturaleza no contributiva, es decir no ser contrapartida a cotizaciones realizadas por el que las percibe. Para llevar a cabo esta reforma se necesita un período amplio, como el que se ha usado para la separación de fuentes de financiación que se acordó en 1996 y se ha culminado casi plenamente en 2014.

Los retos de la Seguridad Social española (como los de otros países) no son fáciles, pero hay alternativas. Como siempre en la vida, las ideas para avanzar necesitan fuerza. Y en política la fuerza la dan los votos. Es importante que lo sepan los ciudadanos en el momento de ejercer su derecho al voto. Sin harina no se hace pan, sin votos no se construyen alternativas. 


dimarts, 7 d’abril de 2015

OCUPACIÓ: ELS ARBRES QUE NO DEIXA VEURE EL BOSC


Un altre mes més, el govern aprofita la publicació de les dades de contractació, atur i prestacions del SEPE (antic INEM) i d'afiliació a la Seguretat Social per insistir en la seva estratègia de vendre recuperació.
Sembla evident que, si malgrat la insistència i els esforços esmerçats, el govern i el PP no aconsegueixen canviar la percepció de la ciutadania sobre la situació econòmica, no és per un problema de comunicació.
La raó hem de buscar-la en el fet que la imatge de meteosat de l'ocupació no pot amagar la realitat més propera. Darrera d'un bosc, que el govern presenta sa i robust, ens trobem amb molts arbres desarrelats o fins i tot caiguts.
És cert que en el darrer any s'ha invertit la tendència a la destrucció d'ocupació i que portem mesos en què es creen més llocs de feina dels que es destrueixen. Però aquesta imatge global no pot obviar una altra més micro, la del tipus d'ocupació precària que s’està generant i les seves causes més properes, que cal buscar-les en la Reforma Laboral del PP i CIU.
Un petit tast d'aquests arbres de la precarietat que el bosc de la recuperació no ens deixa veure són aquests.
A finals de març del 2015 hi ha, segons el SEPE, 343.927 persones parades menys que fa un any. En canvi, segons la Seguretat Social hi ha  536.512 afiliats  ocupats més que fa un any.
Òbviament, es tracta de dades que mesurem coses diferents. D’entrada, 343.927 parats registrats menys no significa el mateix nombre de llocs de treball. Cal tenir present que una part de la caiguda de l'atur respon a la reducció de la població activa.
Veurem què diuen les dades de l’EPA del 1r trimestre del 2015, però les de finals del 2014 ens deien que la població activa havia caigut en un any en 44.000 persones. Les mateixes dades diuen que durant 2014 l'ocupació havia crescut en 433.900 persones.
Com veieu, aquestes dades no quadren amb el fet que la Seguretat Social vingui detectant increments d'afiliació superiors al mig milió en termes interanuals. 536.512 nous afiliats ocupats més el març de 2015.
L’explicació la podem trobar en el tipus d'ocupació precària que s’està creant, especialment a partir de la Reforma Laboral aprovada per PP i CIU i la seva aposta pel contracte a temps parcial i la temporalitat generalitzada. Una aposta per un repartiment insolidari del treball existent.
I és aquí quan les dades micros de contractació ens presenten un bosc amb molts arbres malmesos. Segons el SEPE, només el 10% dels contractes de març són indefinits i d'aquests el 43% són parcials. O dit d'una altra manera, només el 5,6% dels contractes són indefinits a temps complert.
La tipologia del contracte no afecta sols l’estabilitat de la feina, sinó de manera directa el salari. Si el conjunt dels salaris ha caigut més d'un 7% des de la Reforma Laboral del 2010, els nous contractes d'ara, especialment entre els joves que accedeixen a la primera feina, està prop del 20% menys que els salaris dels llocs de treball que es destrueixen. És l'efecte substitució que ha provocat la Reforma Laboral i que tan bé va explicar el conseller delegat de CaixaBank als inversionistes a Londres per vendre la rendibilitat futura de les accions del seu banc.
I si contractació precària arrossega salaris precaris, les dues coses comporten prestacions d'atur sota mínims i de misèria. Mes darrera mes cau el nivell de cobertura de les prestacions d'atur. En el mes de febrer -darrer mes publicat- només el 55,72% de les persones aturades cobren prestació, un 7,7%  menys que fa un any. I dels que la cobren, un 60% només cobren la prestació assistencial.
Mentre hi ha 4,45 milions de persones aturades, de les quals 2,1 no cobren cap prestació, la despesa del SEPE en prestacions continuen reduint-se. Avui es gasta en prestacions un 17'8% menys que fa un any. I la despesa per persona ha caigut en un any un 4,7%.  És obvi que la raó de la menor despesa en prestacions d'atur no és que hi hagin menys persones que la necessiten. Són els efectes directes i combinats d'una Reforma Laboral que ha precaritzat la feina i una reforma de les prestacions que va reduir drets.
Amb menys dies de cotització, menys salaris cotitzats i una legislació més dura i restrictiva, l'accés a la prestació d'atur cau en picat. No voldria deixar de recordar que aquestes reformes formen part del paquet que el govern del PP va comprometre a fer en el marc del Memoràndum amb la Troika, a canvi de rebre recursos europeus per rescatar el sistema financer.
Aquesta és la realitat que la ciutadania viu directament o indirectament. I així és obvi que el PP no aconsegueixi convèncer  la ciutadania de la recuperació, per molta brigada brunete de la comunicació que posi al seu servei.