dimecres, 14 d’octubre de 2015

DÉFICIT PÚBLICO Y SOBERANIA POPULAR.

A pesar de las muy autorizadas voces emitidas reiteradamente contra un ajuste brusco del déficit público en la UE, la Troika hizo del ajuste del déficit su peculiar teología de la desregulación y la privatización.

No está de más recordar que cuando hablan de reducción del déficit en la práctica se refieren exclusivamente a políticas de reducción del gasto, especialmente el social. Y se ignora las políticas de mejora de los ingresos, porque ello supondría entrar a fondo en la elusión, evasión y fraude fiscal practicado fundamentalmente por los poderes económicos.

Todas las políticas impuestas a los países deudores por los mercados financieros a través de la Troika han tenido dos grandes objetivos: garantizar los intereses de los bancos acreedores, a pesar de su responsabilidad en la burbuja financiera y en la crisis. Y aprovechar la crisis para imponer reformas estructurales que las sociedades europeas se habían negado a aceptar hasta aquel momento.

La crisis ha sido pues una gran oportunidad para imponer disciplina a los trabajadores y para usurpar la soberanía popular a las sociedades y sus instituciones democráticas.

Las decisiones de los Gobiernos y Parlamentos han sido dictadas, en ocasiones de manera vergonzosa, como demuestra la carta enviada por Trichet del BCE a Zapatero en 2011. En otros casos, estas imposiciones coincidían con las intenciones de los gobiernos de turno, como con Rajoy, y la crisis ha sido su gran oportunidad.

El resultado ha sido la imposición del programa máximo de los mercados financieros. Desregulación laboral y debilitamiento de la negociación colectiva y los sindicatos, a través de Reformas laborales. Reducción de la protección de los parados para que acepten disciplinadamente las reglas del mercado que conlleva 5 millones de personas desempleadas. Privatización de esferas importantes del Estado social para convertir derechos como el de la salud en mercancías. Reformas en los sistemas públicos de pensiones para imponer políticas no aceptadas pacíficamente por la ciudadanía.

La armonización de la regulación legal que los estados de la UE se niegan a hacer en el terreno político en instituciones democráticas como el Parlamento Europeo, se han impuesto por la vía de la armonización competitiva que los mercados y su brazo político, la Troika, han impuesto a las instituciones democráticas.

Una vez los mercados financieros ya han conseguido convertir deuda privada en deuda pública, transfiriendo la deuda privada de la que eran acreedores los principales bancos a los Estados y sus ciudadanos. Una vez se ha conseguido imponer a las sociedades las políticas decididas por los mercados financieros, el interés por la estabilidad fiscal ha perdido fuerza.

De ahí que la Comisión Europea, el BCE y el FMI hayan aceptado en diferente grado la flexibilidad de los objetivos de déficit establecidos y pactados por cada país. Y en el caso de España hayan hecho la vista gorda. Ni un solo año se ha cumplido el objetivo de reducción del déficit público marcado por los PGE. Y ello a pesar del brutal ajuste del gasto en desempleo que no responde a la reducción de desempleados, sino a la caída en picado de la protección impuesta por los Decretos Leyes 20/2011 y 20/2012, en cumplimiento del Memorándum que acompañó al rescate del sistema financiero español

La espectacular caída del gasto en desempleo y la reducción de otros gastos sociales en los PGE ha sido absorbida por la reducción de los ingresos provocada por las políticas de ajuste duro de la economia. Incluso en momentos de cierta recuperación del empleo, las cotizaciones sociales suben menos del 2% del PIB a pesar de que la previsión de los PGE 2015 fue un incremento del 6,8%. La razón es obvia, la precarización del empleo y la depreciación de salarios provoca que el aumento del empleo no se convierta en incremento paralelo de los ingresos por cotización.

En este contexto, la Comisión Europea se hace la sorprendida por algo que conoce desde el principio y que ha venido tolerando a cambio de duras reformas estructurales. Que cada año se presenten presupuestos falsos, que a mediados de año se modifican, especialmente con ampliación de partidas como las de Defensa. Que los PGE 2015 no se van a cumplir por haber previsto unos ingresos ficticios. Que en 2015 España tampoco va a cumplir el objetivo del déficit, entre otras razones porque las políticas impuestas por la Troika nos lo impiden. Y que los PGE 2016 son unos presupuestos tramposos,  hechos solo para que el PP se presente con la cara medio lavada a las elecciones del 20D.

Y la solución que a la Comisión se le ocurre ante el descaro de Rajoy, Montoro es pedir la nuevo gobierno que salga del 20D un nuevo ajuste de otros 10.000 millnes de euros.

En este contexto, cuesta saber cual de todos los actores de esta tragicomedia, Rajoy, Montoro, Juncker, se comporta con más sinverguenzeria.

Esta legislatura se acaba con una intervención por la Troika de las instituciones democráticas españolas, a través del procedimiento punitivo para los casos de "déficit excesivo". Con unos PGE aprobados antes de plazo para dejarlo todo atado y bien atado y para lucir por parte del PP el 20D.

Escandaloso y esperpéntico.

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