PIRÓMANOS POPULISTAS

El PP se ha convertido en un peligro para la democracia. Su manipulación permanente de las instituciones con fines partidistas, con el uso abusivo del Decreto Ley, la instrumentalización reiterada del Tribunal Constitucional son solo algunos ejemplos del nulo respeto de las reglas de juego democrático del partido en el Gobierno.

Hoy en Catalunya puede parecer que este comportamiento obedece solo a su enfermiza obsesión de utilizar el conflicto catalán como cantera de votos en toda España. Es así, pero no solo. El PP ha demostrado a lo largo de esta legislatura hasta que punto tiene un desprecio absoluto a la regla básica de la democracia, que es el respeto a los mecanismos de control del poder, para evitar que una mayoría absoluta conseguida un día en las urnas se convierta en un ejercicio absolutista del poder.

En estos momentos no sé quien está más contento, si Rajoy con la convocatoria anticipada por parte de Mas de las elecciones para el 27S o Mas con las respuestas pirómanas del PP.

Para el PP, el 27S es la mejor precampaña de las generales que Rajoy podría imaginar. Para Mas, las actuaciones pirómanas del PP son agua de mayo.

Ambos comparten una estrategia, la amnesia en relación a sus políticas de pasado y el silencio en relación al futuro. Así eluden explicar sus políticas laborales, sociales, fiscales que por cierto comparten plenamente. Y también desvían la atención de los casos de corrupción en los que ambos partidos, PP y CDC, están incursos.

Que inmenso favor le ha hecho el PP a Mas, presentando una incendiaria reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, a las puertas de su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlament, en la que se le van a pedir explicaciones sobre las imputaciones de corrupción de CDC.

En este escenario de polarización, el PP ha vuelto a demostrar que a pirómanos no los gana nadie.  Ante la evidencia que el conflicto entre Catalunya y España solo tiene solución en el terreno de la política y con una apuesta por el dialogo, el Grupo Popular del Congreso no se le ha ocurrido otra cosa que presentar una Proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la que no tiene otra intención que echar gasolina al conflicto para intentar ganar cuatro votos en Catalunya y España.

Una Ley, la del Tribunal Constitucional, que requiere reformas importantes, que el Gobierno del PP no ha querido afrontar. Por ejemplo, para acabar con la discrecionalidad absoluta que tiene su Presidente para gestionar la agenda del Tribunal y que en manos del actual Presidente se ha convertido en una arbitrariedad constante al servicio de la estrategia política del Gobierno. Ejemplos hay muchos, aunque el más escandaloso es el del aplazamiento sin fecha de la sentencia que debe resolver el Recurso de inconstitucionalidad presentado en la anterior legislatura – hace 4 años- por el PP contra la Ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Rajoy, en vez de buscar acuerdos para reformas de gran calado, que requieren de consenso, utiliza su mayoría absoluta para degradar hasta extremos inconcebibles el Estado de derecho por la vía de Proposiciones de ley del PP que se tramitan por lectura única y trámite de urgencia y que convierten el Parlamento en un mero convidado de piedra.

Lo ha hecho varias veces durante esta legislatura y en temas de gran trascendencia política y sobre todo para el Estado de Derecho. Ha utilizado en claro fraude de Ley este procedimiento exprés  para acabar con la Ley de Justicia Universal y dar así satisfacción a las exigencias de los mandarines del régimen chino. Lo que ha supuesto la impunidad no solo de dictadores, sino de las mafias internacionales. También lo ha hecho para reformar el Código Penal, esta vez de común acuerdo con el PSOE, con la excusa de tener más instrumentos  con los que combatir el terrorismo yihadista.

Ahora, al final de la legislatura, el PP irrumpe en el 27S demostrando hasta que punto esta dispuesto a morir matando. O sea, a salir del Gobierno practicando a en su retirada la política de tierra quemada.

El PP ha presentado en el Congreso una Proposición de Ley parareformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que a las pocas horas ha tenido que enmendar, confirmando la improvisación y el oportunismo con el que está actuando.

Por que lo hace ahora, es evidente. Se trata de ofrecer a Albiol munición electoral con la que su candidato el 27S pueda ejercer el papel de sheriff que tan buenos resultados le dio en su momento en Badalona, instrumentalizando sin escrúpulos  la problemática de la inmigración. Pretende que sus votantes, olviden las agresiones a los derechos laborales y sociales perpetradas por el PP durante esta legislatura, en muchos casos con los votos de CIU, y le perdonen en las urnas estas tropelías en nombre de la defensa de España.

¿Por que utiliza esta vía de la Proposición de Ley? Por las mismas razones que lo ha hecho otras veces. En un inmenso fraude de Ley, con este procedimiento, el Gobierno se ahorra de presentar un Proyecto de Ley que debería pasar por los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

Informes preceptivos que muy probablemente, le dirían que, el Tribunal Constitucional no es un Tribunal ordinario, que su función no es ejecutar sus sentencias. Que el Tribunal Constitucional no es un Tribunal Contencioso administrativo. Que su función se limita a ser interprete de la Constitución Española y que corresponde a los Tribunales ordinarios la función de aplicar la Constitución, junto con el resto del ordenamiento jurídico y ejecutar sus sentencias. 

Por supuesto el Gobierno y el PP lo saben, pero su objetivo de hacer del Tribunal Constitucional y la Constitución un recurso populista para ganar cuatro votos el 27S, le ha llevado a este nuevo paroxismo que no hace nada más que impedir un debate sereno y tratar de esconder sus políticas de agresión a los derechos democráticos y sociales de la ciudadanía .

Esta por ver que recorrido tiene la tramitación de esta Proposición de Ley antes de la disolución de las Cortes. En todo caso, el daño al Estado de Derecho ya está hecho.

Veremos como acaba esta nueva actuación de los Pirómanos Populistas. No seria de extrañar que, de aprobarse esta esperpéntica reforma, el primero en sufrirla sea el propio Gobierno español. Cabe recordar que el PP, que tanto se llena la boca de defensa constitucional, tiene en su haber reiterados incumplimientos de las sentencias del Tribunal Constitucional. Eso, cuando no consigue que una cuestión de competencias este pendiente de sentencia durante 10 años y al dictarse ya no tenga sentido, porque la norma impugnada ya ha perdido su vigencia. 

El PP puede acabar siendo el cazador, cazado. Aunque también cabe que hasta eso hayan calculado y piensen que total después de las generales ya no estarán en el Gobierno. Y que sus desaguisados los arregle otro.

Por salud democrática hay que expulsar a estos pirómanos populistas de las instituciones de este país.