El Gobierno Rajoy, en lo que
parece un capitulo más de su campaña
electoral sostenida, ha presentado lo que llama el Plan de apoyo la Familia
Entre las medidas anunciadas
aparece una relacionada con las pensiones
de las mujeres que hayan tenido hijos, que requiere cuanto menos una
concreción por parte del Gobierno y sobre todo exige un debate social.
Del documento presentado en
la Comisión del Pacto de Toledo se desprende que para el Gobierno esta es una medida de apoyo a la maternidad, que se concreta
cuando las mujeres cumplan 65/67 años.
El Gobierno hace un
diagnóstico sobre la baja natalidad en
España, incluso lo relaciona con la situación de discriminación de las mujeres
en el mercado de trabajo. Pero lo hace como si fuera un analista externo
sin responsabilidades en esta situación.
Por supuesto en su análisis el Gobierno se olvida de analizar que papel
juegan en esta discriminación la Reforma Laboral de PP y CIU. Su impulso
del contrato a tiempo parcial, especialmente para mujeres. La desregulación de
las condiciones de trabajo que ha impuesto y la concesión a las empresas de la
facultad de modificar unilateralmente horarios y jornadas a las trabajadoras.
En su olvido analítico, el Gobierno tampoco identifica como causas de
esta caída de la natalidad la clara insuficiencia de las políticas
sociales, de atención a las personas, de escuelas infantiles y de servicios a
la dependencia.
Por supuesto tampoco aborda
como afecta la estructura de sociedad patriarcal de reparto del empleo y de las
tareas. Lo de repartir el empleo para compartir el trabajo no está en su
horizonte.
En resumen en vez de abordar las causas de esta baja
natalidad y de la discriminación de las mujeres el Gobierno dice querer compensarlo cuando estas
mujeres se jubilan.
Así plantea la posibilidad
de en el futuro y solo para las futuras pensionistas de complementar la pensión inicial de las mujeres que hayan
tenido 2 o más hijos.
El documento del Gobierno
concreta muy poco su propuesta que tiene muchos
interrogantes, bastantes aristas y algunas trampas. Por eso sugiero algunas
reflexiones para un debate social, que me parece imprescindible.
La primera tiene que ver con
la forma escogida para presentar esta
propuesta. Uno de los objetivos compartidos del Pacto de Toledo fue, y
debiera continuar siendo, evitar la
manipulación grosera de los partidos gobernantes, especialmente en épocas
electorales.
Quiero recordar que durante
esta legislatura, el Gobierno y el PP han dejado herido de muerte al Pacto de
Toledo, al incumplir sus acuerdos, no convocarlo salvo cuando era de su interés
y negándose a debatir las propuestas de todos los grupos de la Cámara, menos el
PP que le hemos hecho.
La segunda reflexión gira sobre la necesidad
que las reformas de las pensiones se hagan con un enfoque global, en que se
analicen los gastos, es decir la evolución de las pensiones, pero sobre todo
los ingresos que es el principal reto de nuestro sistema de seguridad social. Y
que las reformas no se hagan a trozos, a retales. Es la única manera de evitar más ineficiencias y grandes injusticias.
La tercera tiene que ver con
el análisis de las fuertes
discriminaciones de genero que sufren las mujeres en el trabajo y que se
reproducen en el sistema de seguridad social. No en vano nuestro sistema es
contributivo y existe una relación directa muy fuerte entre salarios,
cotizaciones aportadas y pensiones recibidas.
La manera de encarar estas discriminaciones
no debería ser, como propone el Gobierno Rajoy, atenuar cosméticamente las injusticias, sin abordar sus causas.
El origen profundo de esta
fuerte discriminación de las mujeres en el trabajo es un modelo de sociedad muy
patriarcal que castiga a las mujeres por varias vías. Se especializa a las mujeres en puestos de trabajo a tiempo parcial,
para que puedan continuar desarrollando dobles y triples jornadas. Se les encarga trabajos con mucha consideración
social – atención a personas- pero poca consideración laboral. Se les
impide o dificulta la compatibilidad de ser persona y trabajadora al mismo
tiempo. Eso sucede también con los hombres, pero el factor maternidad recrudece
en las mujeres el impacto negativo.
La última Reforma Laboral de PP y CIU ha profundizado
en este modelo perverso para las mujeres.
Junto a estos factores
relacionados directamente al mercado de trabajo, existen otros que tienen que ver con la legislación de seguridad social
que penaliza los contratos a tiempo parcial o la situación de maternidad o las
reducciones de jornadas para atender a hijos menores o discapacitados. Son
muchas las situaciones identificadas y las propuestas presentadas durante esta
legislatura, que el Gobierno y el PP han rechazado.
El criterio general seria
que las mujeres no vieran reducidas sus cotizaciones como consecuencia de la
maternidad o de reducciones de jornada para atender hijos o de permisos
parentales – tampoco los hombres que los utilicen-. Y la manera de hacerlo pasa
por cubrir con aportaciones públicas los
vacíos de cotización o las caídas de cotización derivados de estos supuestos.
Así de esta manera se
abordaría el problema desde su origen y actuando sobre sus causas, no sobre sus
efectos y manteniendo las causas
discriminatorias que es lo que hace el PP.
El cuarto plano pasa por abordar, en el supuesto de decidirse una mejora en las
pensiones de las mujeres, a qué
supuestos beneficiaria y en qué condiciones. Una buena parte de las
discriminaciones salariales y de rebote en pensiones se producen de manera generalizada en todas las mujeres
y con mayor intensidad en mujeres con salarios bajos. Estos son dos
parámetros que la propuesta del Gobierno ignora. No parecería pues lógico limitar esta mejora solo a mujeres con
hijos, salvo que el objetivo sea otro. Si así se hiciera se produciría una
discriminación entre mujeres en función de su maternidad o no. Y tampoco parece
lógico que se aplique igual a las pensiones mínimas que a las máximas, cuando
la discriminación es más intensa en los tramos bajos. Si así se hiciera se estaría produciendo una doble discriminación.
Si el objetivo es facilitar
la maternidad y la asunción compartida de responsabilidades, las políticas pasan por actuar en el
momento del nacimiento de los hijos y en sus primeros años. Sobre todo a
partir de políticas puestas en marcha en otros países que permiten
compatibilizar sin costes negativos las responsabilidades de madres y padres
con sus hijos. Permisos con salario y cotizaciones sociales en los primeros
años de vida, entre otros.
El quinto aspecto a reflexionar es sobre el momento
de entrada en vigor esta medida. Si
se trata de beneficiar a las mujeres pensionistas que se han podido ver
afectadas en sus carreras laborales de cotización, lo lógico es que fuera
también para las que ya hoy son pensionistas. En este tema, la discriminación
es mayor cuanto más tiempo hace que la persona es pensionista. Porque en épocas
pasadas el impacto discriminatorio fue brutal. Por tanto no tendría sentido que esta mejora solo se aplicara a las mujeres que
pasen a ser pensionistas a partir del 1 de enero del 2016, cuando la
discriminación mayor se produce con las que hoy son ya pensionistas. En este caso a la discriminación de genero
y de clase se le sumaria la
discriminación de edad. Absurdo total.
Además de la barbaridad que
supondría que la mejora beneficie a quienes se jubilen el 2 de enero del 2016 y
no a las jubiladas el 14 de diciembre del 2015.
Y por último y no por ello
menos importante debe discutirse como se financiaría esta mejora de las
pensiones. Durante esta legislatura el Gobierno
ha adoptado medidas de mucho impacto negativo en las pensiones con la excusa de
la estabilidad financiera del sistema.
El PP se ha cargado la revalorización automática de
las pensiones y ha regulado un nuevo
sistema de calculo que reduce las expectativas de las futuras pensiones. El argumento utilizado de manera machacona
es la insostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
Desde el 2012 el Gobierno
viene utilizando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para cubrir los
déficits anuales. De manera que de no adoptarse medidas, el Fondo tiene solo
unos cuantos años de vida.
Desde las organizaciones sindicales
y desde diferentes fuerzas políticas se ha planteado insistentemente al
Gobierno la necesidad de abordar nuevas fuentes de financiación del sistema, especialmente aumentado los ingresos
fiscales.
En este sentido cualquier mejora en las pensiones de las
mujeres solo tendría sentido financiarla desde la aportación del Estado vía
transferencia fiscal. Al igual que se hace con las pensiones no
contributivas y con los complementos de mínimos de las pensiones contributivas.
Las razones son de dos tipos, las cotizaciones sociales no tienen capacidad
para aportar más recursos. De hecho no pueden ni soportar el actual peso de las
pensiones contributivas.
Pero las más importante es
que una medida de esta naturaleza que reconoce el derecho a una pensión mayor
de aquella por la que se ha contribuido, debería
ser financiada como gasto no contributivo e ir a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado. Es la única manera que la solidaridad que puede
contener se financien con aportaciones de todos los ciudadanos y no solo con
aportaciones de los trabajadores.
De lo contrario el resultado
puede ser que, con el argumento de la discriminación de genero, se este
adoptando una medida que conlleva fuertes discriminaciones entre las mujeres
por razón de maternidad, de clase y de edad y que su financiación corre a cargo
no de quien provoca la discriminación – empresas y políticas públicas- , sino
del resto de trabajadoras y trabajadores. Un efecto claramente regresivo en
términos sociales.
Estos son a mi entender los temas a debatir en los
procesos de concertación social y en la Comisión del Pacto de Toledo. Eso claro si el Gobierno quiere ir de verdad más
allá de la campaña electoral.
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