dilluns, 30 de juny de 2014

SOBRE PLANES DE PENSIONES PRIVADOS

Un comentario previo antes de que algunos me condenen. No tengo ni he tenido nunca Plan de Pensiones Privados y he defendido siempre la Seguridad Social Pública. Además la red está llena de artículos e intervenciones que lo demuestran. Por cierto, malos tiempos cuando alguien debe comenzar así una reflexión.

Ello viene a cuento del debate sobre Planes de Pensiones suscitado por una noticia - no precisamente nueva- sobre la existencia en el Parlamento Europeo de un Plan de Pensiones Privado. A partir de ahí se ha suscitado un conjunto de réplicas "informativas" que no siempre informan, más bien al contrario. A la palestra han salido debates que se entremezclan hasta provocar más confusión que otra cosa. A saber, la propia existencia de Planes de Pensiones Privados, su papel de complementariedad o de sustitución de los sistemas públicos de pensiones, su naturaleza de derecho o de privilegio, la tipología de las inversiones de los Fondos de Pensiones y la ética de su gestión

De entrada la realidad de los Planes de Pensiones Privados es muy distinta en función de cada país. Y lo más determinante es la función que desarrollan en cada sociedad y su peso relativo en la economía.

En algunos países sin Seguridad Social pública los Planes de Pensiones juegan un papel substitutivo de las pensiones públicas, con todas las consecuencias que ello conlleva. Es el caso de los países anglosajones, algunos países europeos, Japón y otros emergentes  Los que trabajan en grandes empresas tienen un Plan de Pensiones vinculado al empleo, que pierden cuando pierden el empleo. El resto de ciudadanos debe pagarlo con sus ahorros, si quiere tener pensión. En estos casos el peso que tienen en la economía es muy importante, con las consecuencias sociales y políticas que ello entraña. En estos países la pensión no es un derecho, sino una mercancía.

En otros países como España, los Planes de Pensiones juegan un papel complementario de la Seguridad Social pública. Aunque algunos poderes económicos llevan décadas intentando que ocupen su lugar. En los 90 y al calor de la experiencia chilena impuesta por Pinochet se intentó implantar en España el sistema de Planes de Pensiones obligatorios y de gestión privada. Para ello urdieron la leyenda urbana de la quiebra del sistema público.  Hoy lo que está en bancarrota es el modelo chileno privatizado que ha tenido que ser rescatado por el Estado Chileno.

En España los Fondos de Pensiones gestionan recursos que están algo por encima del 7% del PIB. Muy poco comparado con otros países en los que el patrimonio de los Fondos de Pensiones llega al 75 del PIB. Las razones de esta poca penetración de las Pensiones privadas son diversas. Las pensiones públicas españolas, a pesar de ser bajas en términos comparativos, tienen una tasa de sustitución del último salario superior a la media de la UE y la OCDE y eso desincentiva los Planes de Pensiones. La capacidad de ahorro de la mayoría de los ciudadanos es muy baja, sobre todo en épocas de sobreendeudamiento privado. El peso de la pequeña y micro empresa en la economía española no facilita la creación de Planes de Pensiones de la modalidad de Empleo. Y además en España, el poder político ha incentivado durante cuatro décadas la vivienda en propiedad como principal producto de ahorro en detrimento de otras modalidades de ahorro.

En España los Planes de Pensiones Privados pueden adoptar tres modalidades: individual, asociativo y de empleo. Las diferencias en los derechos de los partícipes y en las comisiones de gestión que cobran las entidades gestoras entre las diferentes modalidades de Planes es muy importante. Los Planes de Pensiones de Empleo, impulsados por la negociación colectiva ofrecen más garantías y control por parte de los trabajadores participes.

Las aportaciones en los Planes de Pensiones de Empleo no dejan de ser más que salario, invertido en un producto de ahorro a largo plazo que tiene un tratamiento fiscal más favorable que el salario directo y que otros productos de ahorro. Especialmente en los períodos de aportación. Otra cosa es el tratamiento fiscal en el momento del rescate.

Los Planes de Pensiones Privados no son pues privilegios, sino salario con un tratamiento fiscal favorable. Eso es así también cuando quien lo percibe es un empleado público. Salvo claro que se caiga en la trampa de la derecha que tener empleo y salario digno es un privilegio.

El Problema de la gestión de los recursos de los Fondos de Pensiones es importante, pero no es específico de esta modalidad de ahorro. Lo que hacen los Bancos con los ahorros de la gente es sin duda un gran secreto, cuando no un gran escándalo. La inversión en productos especulativos, que atentan al medio ambiente o que invierten en comercio de armas no es infrecuente. Pero ese no es un problema específico de los Planes de Pensiones. Como no lo es la inversión en paraísos fiscales. Y no lo destaco para quitarle importancia, sino para señalar que el problema es mucho más grave. Por eso es tan importante la apuesta por la Banca ética y por su control social. Y la presión de la sociedad, pero sobre el todo no sobre la parte.

Los ejes que a mi entender deberían centrar el debate social sobre el tema son:

1. El derecho a recibir una pensión en situación de necesidad es como la educación, la sanidad un derecho y no una mercancía, que deben garantizar los poderes públicos.

2. La existencia de sistemas de ahorro a largo plazo -entre los cuales se encuentran los Planes de Pensiones- nunca deben jugar un papel de sustitución de las Pensiones Públicas. Para ello la mayor garantía es que las pensiones públicas sean de verdad suficientes.  Este es el mayor desincentivo a los Planes de Pensiones Privados.

3. El debate no solo es económico, es político. Cuanto más parte de la economía global se gestione privadamente, más poder tienen los mercados y menos la sociedad y las instituciones democráticas. Por eso el debate sobre pensiones, educación, sanidad es también un debate sobre poder político.

4. Es un error creer que el problema está en la existencia de los Planes de Pensiones privados, cuando el volumen económico y de poder político que canalizan es una pequeña parte del negocio financiero. En este sentido otras modalidades de seguro de las que nadie habla y otras modalidades de ahorro como Fondos de Inversiones, o de inversión como las Sicavs tienen mucha más significación.

5. El Estado no puede incentivar fiscalmente en los términos que lo está haciendo ni este ni otro producto de ahorro de manera que los incentivos al ahorro comporten incentivos a la privatización de las pensiones en detrimento de los recursos necesarios para la financiación de las pensiones públicas.

Adenda. Seguro que mis amigos me van a decir que porque me meto en este berenjenal, en los tiempos que corren y el ambiente que se lleva en los debates públicos. La razón es obvia, me cuesta estar callado. Me presenté a las elecciones con un compromiso de no callar. No recuerdo que en la letra pequeña dijera nada sobre no callar ante unos y si ante otros. Creo que el mayor respeto que se debe tener para con los conciudadanos es defender siempre aquello en lo que se cree. Eso sí, hoy me he prometido a mi mismo no volver a intentar una reflexión serena a través de twitter. Aunque mucho me temo que incumpliré pronto la promesa.

divendres, 20 de juny de 2014

LOS MIEDOS Y LA INSEGURIDAD DEL PODER

Desde que el 2 de Junio, Juan Carlos I anunció su voluntad de abdicar se han producido hechos y comportamientos, que confirman que determinados miedos aún no han sido superados.

El Rey abdicó después de 39 años de reinado, sin que en España hubiera una Ley reguladora de la abdicación tal como prevé el art 57 de la Constitución de 1978.

Que durante 35 años ningún Gobierno haya tomado la iniciativa de regular la abdicación y la renuncia es la primera evidencia, aunque no la única, de los miedos a abordar un debate público sobre la monarquía. 

Estos miedos podían entenderse en los inicios de la democracia, por la precaria legitimidad con la que Juan Carlos I fue proclamado Rey y por las debilidades iniciales de la democracia, pero resulta incomprensible que se hayan mantenido durante cuatro décadas.

Que, cuando ya era evidente que la abdicación se podía producir en cualquier  momento, tampoco se aprobara la Ley de abdicación tiene mucho que ver con la precariedad institucional con que Juan Carlos I ha ejercido las funciones de Jefe de Estado en estos últimos años y con el temor a abrir el debate social sobre la forma de Estado.

Resulta aún más incomprensible que, conociendo Rajoy y Rubalcaba que la abdicación era inminente, el Gobierno no tuviera preparado un Proyecto de Ley Orgánica regulador de la abdicación, la renuncia y otros supuestos previstos en el artículo 57 de la CE. Otra vez miedo e inseguridad del poder.

El resultado ha sido una Ley de abdicación "ad hoc" para un supuesto concreto y que continuemos sin una ley  reguladora. La razón de este anómalo comportamiento continúa siendo el temor al debate social sobre la forma de Estado. Y por eso el PP y el PSOE fuerzan un proceso rápido y pactan el procedimiento excepcional de lectura única.

Otra expresión de miedo se produce cuando la Mesa del Congreso de Diputados, con los votos de PP y PSOE, pero sin base jurídica para ello, impide la tramitación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por Izquierda Plural.

Conviene destacar que en esa enmienda se mantenía el artículo único del Proyecto de Ley del Gobierno, por lo que nadie puede decir que su tramitación y debate suponía bloquear la abdicación. El problema es que, además de la aprobación de la abdicación de Juan Carlos I, en la enmienda se abría la posibilidad de un referéndum posterior sobre la forma de Estado.

Que el PP, el PSOE y otros grupos estén en contra de la celebración de un referéndum sobre la forma de estado es legítimo, pero que impidan incluso debatir y votar una propuesta vuelve a expresar la inseguridad, el miedo del sistema a un debate abierto.

El miedo continúa con el aforamiento del Rey emérito. Para evitar sorpresas y continuar con la improvisación, el aforamiento no se regula en un Proyecto de Ley, tal como seria exigible, si no que se incluye por la puerta de atrás en unas enmiendas del PP, incluidas en un Proyecto de Ley complementario a la Ley de racionalización del sector público. Más esperpéntico imposible. O sí, porque en la improvisación, las enmiendas del PP solo regulan el aforamiento para el supuesto de abdicación, pero no de renuncia.   

Este comportamiento defensivo del sistema bipartidista ha sido acompañado de una actitud de la mayoría de los medios de comunicación que no es acorde con su función social y constitucional de contribuir al pluralismo de la sociedad. Durante estas semanas, los medios de comunicación no han expresado la diversidad de la sociedad y la complejidad del debate. Muy al contrario, con honrosas excepciones, que no seria justo negar, los medios han hiperactuado y su comportamiento ha sido acrítico, exagerado y desbordante en el contenido y en las formas.

Panegíricos absurdos y grandielocuentes del papel de Juan Carlos I, loas exageradas a la preparación que se adjudica a Felipe VI han rozado el ridículo. Por unas semanas en España se ha reproducido una vieja imagen, la de tener de buscar información ecuánime en la prensa extranjera. Aunque con la novedad importante de poderla encontrar en algunos – pocos- medios españoles, en digitales o las redes de autocomunicación social.  

La inseguridad del poder frente a la ciudadanía ha adquirido su cenit el día de la proclamación de Felipe VI, con la prohibición de manifestaciones que la mayoría de constitucionalistas han denunciado como contrarias a la CE y a los Tratados y Convenios Internacionales. Pero cuando los miedos han sido más ridículos ha sido con la prohibición de exhibir en público banderas o símbolos republicanos y la persecución de ciudadanos que se han atrevido a contravenir unas prohibiciones tan ilegales como estúpidas.

Es imposible encontrar un poder de base democrática con más miedo a la libertad y a sus ciudadanos.

El poder se ha mostrado contundente en el apuntalamiento del sistema, en las prohibiciones, pero inseguro y débil democráticamente y con pánico a la ciudadanía. Quienes así han actuado o avalado deberían reflexionar sobre ello y responderse hasta cuando van a mantener este miedo a un debate social abierto.

La sociedad española ha comprobado que algunos de los fantasmas de la transición siguen vivos y que la democracia española no consigue la madurez necesaria para que determinados debates se puedan hacer en libertad y sin miedo a la ciudadanía.
Y no son debates menores, la relación de Catalunya con España y la forma de Estado deberían poder discutirse con normalidad democrática.


dimarts, 17 de juny de 2014

GUANYEM UNA FISCALITAT JUSTA


Tot apunta que aquest divendres el Consell de Ministres aprovarà el primer capítol de l'anunciada Reforma Fiscal. Estem davant d'una batalla social i política clau en la lluita per la igualtat a la nostra societat. I podem guanyar-la. Però, tot i que no en coneixem en detall el contingut, per aconseguir-ho necessitem desactivar les moltes trampes que alguns indicis i les pròpies informacions filtrades pel Govern apunten que conté aquesta Reforma, especialment les ideològiques.

El Govern ha elegit el moment idoni per a la seva estratègia. Ho farà després de les eleccions europees, amb voluntat de forçar un debat exprés a la tardor, perquè entri en vigor l'1 de gener del 2015 i tingui efectes electorals en les properes eleccions. A més, l'acord del Govern arribarà quan encara ressonin els impactes de la proclamació, el dia abans, de Felipe VI.

Tenim tots els ingredients necessaris perquè, una vegada més, Rajoy i els seus "voceros" practiquin el seu esport preferit: l'engany i les trampes polítiques.

D’entrada, les quatre promeses fetes per Rajoy són incompatibles entre si. Abaixar l'impost de la Renda i  el de Societats, no apujar l'IVA i reduir el dèficit fiscal en els termes compromesos amb la Troika son d'impossible compliment. Caldrà veure a qui enganya Rajoy, si a la ciutadania o a Brussel·les. Tot i que no cal descartar que intenti enganyar tothom.

Potser per això, el Govern del PP no presentarà una reforma fiscal integral, que és el que tothom li demana, per acabar amb la mala pràctica de pedaç sobre pedaç. Aquesta és una condició imprescindible per dificultar les pràctiques d'elusió fiscal, especialment per part dels grans contribuents.

Rajoy començarà per les bones notícies i ens vendrà la rebaixa en l’IRPF. A més, fins i tot és probable que això tingui efectes en les deduccions a compte i, per tant en la nòmina de gener de 2015. Aquest serà el seu cop d'efecte i en el que sustentarà la seva estratègia de funambulisme fiscal.

Quan disposem del Projecte de Llei, podrem comprovar coses molt importants per saber l'impacte real de la reforma de l'IRPF i la seva capacitat d'augmentar o reduir l'equitat fiscal. Temes claus, com el manteniment o no dels privilegis fiscals dels rendiments del capital sobre els del treball; l'augment o el retrocés de la progressivitat fiscal amb la reducció de trams; i si amb la cobertura d’ampliar el mínim exempt també colarà una reducció del tipus efectiu per a les rendes més altes. Entre d'altres.

Pel que fa a l'impost de Societats, ens anuncia una igualació a la baixa de tipus legal que acabi amb la diferenciació entre les pimes i la resta d'empreses. L'actual regulació, impulsada per CiU, com sempre en nom de la pime, i aprovada pel Govern Zapatero, només ha servit per reduir el tipus efectiu de les grans empreses. Aquest és un dels casos més evidents d'indistinció política entre socialistes ipopulars” i del paper de CiU. En nom de les pimes i de Catalunya, acció lobbista en favor del capitalisme concessional.

Pel que fa a l'impost de Societats, també caldrà estar-ne atents a la lletra petita. A veure si és veritat que s'acaba amb el desgavell de deduccions i beneficis fiscals que provoquen que el tipus efectiu estigui molt per sota del tipus legal, especialment en les grans empreses. I també què significa el tipus reduït per a pimes de nova creació. Donar suport al naixement de noves pimes, sí; donar suport a les pimes, també, però no perquè continuïn sent pimes, sinó per créixer de tamany, que és el gran repte de l'economia espanyola.

I pel que fa a l'IVA, caldrà estar molt pendents de si la promesa de no tornar a apujar-lo comporta mantenir l'actual classificació de productes en el tipus ordinari, reduït i superreduït. O, en canvi, no augmenta els tipus però canvia la classificació de determinats béns o serveis.

En tot cas, la trampa grossa és la que intenta de fer creure als ciutadans que el que ara necessita el nostre país és abaixar impostos. Aquesta ha estat la gran victòria ideològica de la dreta durant dècades. I els seus resultats han estat nefastos per a la suficiència de recursos i per a l'equitat fiscal.

Les darreres dades de l'Eurostat confirmen que Espanya té uns ingressos fiscals 8 punts del PIB per sota de la mitjana de la UE de la zona euro. O sigui, 80.000 milions d'euros menys d'ingressos fiscals per fer polítiques públiques. Aquesta realitat, més enllà de la regulació concreta de cada impost, és la que fa molt injust el nostre sistema fiscal. Cal no oblidar que la fiscalitat no va només de recaptació d'impostos, sinó de polítiques de despesa. Per a aquells sectors de la societat que no poden comprar en el mercat els serveis per garantir drets fonamentals de la persona, com la salut, l'educació o l'habitatge, disposar d'un sistema fiscal potent és la garantia de poder gaudir, via sector públic, d'aquests drets.

Es pot entendre que aquells sectors socials que poden comprar educació i salut en el mercat prefereixen pagar pocs impostos per finançar aquests drets. Però, la immensa majoria de la població, el que necessitem no és que ens abaixin els impostos, sinó que els qui no paguen, defrauden o fan elusió fiscal compleixin amb les seves obligacions tributàries, i d’aquesta manera poder tenir potents polítiques públiques que garanteixin els drets de ciutadania i redueixen la profunda desigualtat que provoca una economia globalitzada sense regles ni controls.

A Catalunya, els riscos de ser enganyats són per partida doble. Mas-Colell acaba d'advertir del risc de col·lapse dels serveis públics si no es disposen de més recursos públics. Cert; per això seria incomprensible que CiU donés suport a una reforma fiscal que redueix la capacitat fiscal del sector públic i per tant, de la capacitat de garantir els serveis públics a Catalunya. I pitjor que, com en tantes altres ocasions, ho faci en nom de Catalunya, fent-nos creure que som un país sense classes socials.

Podem guanyar la batalla d'una fiscalitat justa, i el primer pas és guanyar la batalla de les idees. Per a això, cal que no ens deixem enganyar. Ni per la dreta espanyola ni per ningú.