dijous, 27 de març de 2014

DESCODIFICANDO LA DESINDEXACIÓN


Disculpen las palabrejas del título. Son cosas del Gobierno y su uso alternativo del lenguaje como parte de una estrategia de camuflaje de sus políticas.
Este Pleno el Congreso debate sobre el Proyecto de Ley de  "Desindexación de la economía española", gracias a la enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Plural.
Una vez más, como sucedió con la Reforma Laboral, nos encontramos con una Ley que declara tener una motivación, mientras esconde sus verdaderos objetivos.
El Proyecto dice querer evitar la espiral inflacionista que, según el Gobierno, genera aplicar el IPC como índice de referencia en los contratos del sector público. Pero, en realidad, es toda una carga de profundidad a los salarios y a la negociación colectiva. Un obús directo contra los salarios del sector público e indirecto para el conjunto de los trabajadores.
Como es frecuente, el Gobierno parte de un problema real y realiza un diagnóstico interesadamente erróneo para, de manera oportunista, imponer sus políticas.
El verdadero problema es el diferencial estructural de inflación que ha existido entre España y la Zona Euro. Un diferencial, por cierto,  que ha desaparecido con la prolongación de la crisis. Y el diagnóstico interesadamente erróneo es culpabilizar de ello a la existencia de cláusulas en los contratos del sector público que establecen una revisión periódica en función del IPC, en lo que se conoce como “inflación de segunda ronda”.
No niego que esta realidad exista, pero parece evidente que no es, ni de largo, la primera causa del diferencial español de inflación.
Nuestra inflación, que es dual, como nuestra economía,  tiene su origen en dos grandes factores: el primero, una estructura productiva con un excesivo peso de sectores que han obtenido elevada rentabilidad con escaso riesgo y poca productividad. No está de más recordar que, cuando estos sectores han reducido su peso en la economía, la inflación ha bajado significativamente hasta ponerse en el 0%. Y en segundo lugar, la existencia de sectores enteros en los que los precios son marcados por empresas que actúan en régimen de oligopolio. Hablamos del sector energético, de carburantes. Se da el caso de que, en muchas ocasiones, este capitalismo concesional actúa en un marco de precios regulados, lo que hace aún más incomprensible su descontrol.
El Gobierno, ante la incapacidad para atajar las causas de este diferencial de inflación, ha decidido actuar sobre sus efectos. Dice que cortando el paso a la inflación, pero en realidad obligando al sector público a encajar el ajuste.
El proyecto prohíbe que en los contratos del sector público se establezcan cláusulas de actualización en función de la inflación. Además, prohíbe que en las cláusulas de revisión de precios del sector público se tenga en cuenta, entre otros, la evolución de los costes de la mano de obra, con lo que en la práctica presiona a la baja, vía precios de los contratos, los salarios de las empresas que directa o indirectamente prestan los servicios públicos.
Y lo que es más importante, crea un nuevo índice para sustituir al IPC, el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que se calcula a partir del IPC armonizado de la zona euro y al que se deduce a la baja y cada año una parte del diferencial de inflación entre España y la Zona Euro entre 1999 y 2013.
Aunque, por razones constitucionales, esta Ley no puede aplicarse directamente a la negociación colectiva en el sector privado, en la práctica va a tener un claro impacto negativo. De hecho, al gobierno se le desliza en la memoria este objetivo oculto, porque en el fondo lo que pretende es continuar presionando a la baja los salarios. No está de más recordar que uno de los anhelados objetivos de la CEOE es que la referencia de los salarios no sea la inflación española, sino la de la Zona Euro.
La incidencia será aún mayor en las empresas de servicios públicos que trabajan para la administración. Al tener prohibidas las cláusulas de actualización de los contratos según el IPC y regirse por el Índice de Garantía de Competitividad, estas empresas presionarán aún más a la baja los salarios de sus trabajadores, con lo que conflictos como los de la limpieza y la jardinería de Madrid están servidos.

Continuar presionando a la baja los salarios es, además de injusto, suicida. La devaluación salarial aumenta la desigualdad social y dificulta la recuperación, dado que una buena parte de nuestra economía depende del consumo privado. Y sin mejorar salarios, ello es imposible.
Eso sí, el Proyecto del Gobierno excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los productos financieros, a los que sí se podrán aplicar cláusulas de indexación. No crean que estamos hablando del ahorro popular. Se trata, según la Ley del Gobierno, de acciones de sociedades, bonos y obligaciones, cédulas y participaciones hipotecarias, acciones de instituciones de inversión colectiva, que sí puedan estar indexados. ¿Es posible encontrar una evidencia más contundente del doble rasero con el que trata el Gobierno a las rentas de los ciudadanos, en función de su origen?
Bien; como cada semana, levantaremos la voz, con nuestra oposición y nuestras alternativas. Lo que no conseguirán es hacernos callar. Pero no estaría mal que los medios de comunicación nos ayudaran a hacer llegar la voz a la ciudadanía. Y que los ciudadanos comiencen a entender que la solución a tantos desmanes está en sus manos.

dimarts, 25 de març de 2014

El que ingresso com a diputat

https://dl.dropboxusercontent.com/u/78158259/nomines_congres/n%C3%B2mina%20coscu.pdf

Els meus ingressos com a diputat del Congrés dels Diputats (congelats des de fa anys, com la majoria de percepcions públiques) es composa de dos conceptes:

- Un per import de 3.860,35 euros bruts al mes, que inclou la remuneració bàsica de 2.813,87 euros al mes, i la corresponent a la condició de portaveu de comissió per import de 1.046,48 euros mensuals.

- L’altre per import de 1.823,86 euros al mes, corresponent a les despeses referides a allotjament i manutenció a Madrid de tots aquells diputats que vivim a d'altres indrets.

Un cop descomptats el pagament de l’IRPF, la quantitat neta que ingresso del Congrés, mensualment, serien de 4.641,92 euros.

D’aquesta quantitat, i seguint els criteris establerts a ICV pels càrrecs institucionals, faig una aportació a ICV per import de 774,97 euros que serveixen, entre d’altres coses, per financiar els suports tècnics a l'activitat parlamentària.

El resultat final són 3.866,95 euros al mes que inclouen el que podriem anomenar salari i inclou també les despeses d’hotel i manutenció durant els dies d’estança a Madrid.

TRANSICIÓN: COMPARACIONES IMPOSIBLES

Es cada vez más frecuente leer análisis ucrónicos de la Transición española. Frente a quienes la idealizan como un proceso inmaculado, con el objetivo de perpetuarla, surgen voces con regusto adanista, normalmente de generaciones distantes, o de distantes opinantes, que la condenan con ojos de hoy.

La Transición, como muchos otros momentos históricos, dista mucho de ser un proceso lineal. Fue hija de muchas luchas, de muchas fortalezas y sobre todo de muchas impotencias: la de los herederos del franquismo, que no pudieron imponer sus deseos iniciales de una "democracia orgánica" postfranquista; la de las fuerzas democráticas, con capacidad para bloquear el continuismo pero sin fuerza suficiente para imponer una ruptura.

No comparto la idea de quienes, desde la cómoda atalaya de tres décadas de democracia, teorizan que fue posible hacer más ruptura, pero que los pactos políticos lo impidieron. Quienes hacen esta lectura, obvian que la democracia no estaba descontada ni garantizada de antemano. Obvian que Franco murió en la cama. Obvian que una buena parte de la sociedad se había acomodado a una mejora relativa de su nivel de vida a costa de la falta de libertades. Obvian que los fascistas asesinaban, como en el despacho laboralista de CCOO de Atocha, con la connivencia de los aparatos del poder. Obvian que el riesgo de marcha atrás era real, como se demostró en el 23F. Obvian el factor desestabilizante del terrorismo de ETA y otros. Obvian que en España se libraba más de una batalla, la democrática y también la de la guerra fría en el sur de Europa. Obvian que esa guerra fría provocó una evidente falta de unidad democrática. Obvian que a finales de los 70 se libraba no solo la batalla por la democracia, sino por su control. Obvian que los dos bloques de la guerra fría, confrontados por el control de Europa, coincidían en no querer las democracias del sur de Europa gobernadas por partidos de izquierda no subalternos del poder económico. Obvian que la Transición se produjo en medio de la primera de las crisis del capitalismo industrialista, una crisis que afectaba a todos los países desarrollados, pero especialmente a una economia cerrada que vivía su primera reconversión industrial. Obvian que las luchas obreras de aquellos días expresaban gran capacidad de resistencia, pero eran también el primer indicio de que el hábitat natural del sindicalismo industrialista comenzaba a desaparecer.

La lista de cosas que obvian los que analizan con ojos del 2014 la Transición de hace cuatro décadas es tan larga, que obliga a tomar distancia histórica de estas lecturas ucrónicas.

Lo que sí me parece evidente es que los impulsos positivos y transformadores de aquel proceso hace tiempo que se han agotado, y hoy son una rémora. Que las propias limitaciones con las que nació entonces, hoy se han convertido en corsés que impiden su evolución. Por citar solo algunos ejemplos: un modelo de democracia representativa, sin espacio para la democracia participativa; tres referéndums en 35 años, que lo dicen todo; un sistema electoral preparado para fortalecer a los partidos, muy débiles entonces, frente a los ciudadanos, y para garantizar una alternancia política dentro de un orden; un modelo territorial construido desde el tacticismo y para el tacticismo permanente, sin una sola fuerza política o social estatal con un proyecto inclusivo para toda España; un compromiso implícito de no discutir la forma de Estado como monarquía parlamentaria... La lista es larga.

A estas limitaciones y corsés de origen se añaden las derivadas de un proceso de globalización económica, que ha desequilibrado hasta extremos insufribles la fuerza de los mercados financieros y la de la sociedad organizada políticamente. Estas constataciones deberían llevarnos a un acuerdo de mínimos. Sin ningunear lo que supuso la Transición a la democracia, constatar que su fuerza propulsora está agotada y que, en estos momentos, se ha convertido en un freno.

Demostrando lo contradictorios que somos los humanos, no puedo evitar una comparación imposible, al calor de la muerte de Suárez. Por supuesto, no lo considero el "forjador" de la democracia, como ampulosamente se ha dicho estos días. Pero no se puede obviar que supo, desde lo más profundo del Régimen, canalizar un proceso no fácil. Y que para ello tuvo que romper dos tabús franquistas: el de la España roja y el de la España rota.

Hoy, nadie debería olvidar que Suárez legalizó el PCE, cuando sus apoyos políticos defendían mayoritariamente lo contrario. Y que  reconoció la legitimidad republicana de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat preconstitucional fue el único factor de ruptura institucional con el franquismo. Todas las demás instituciones nacen de la evolución del franquismo y de la voluntad de la ciudadanía, expresada en el referéndum constitucional. El Gobierno Tarradellas, previo a la Constitución, tomó su legitimidad de la República.

Reconozco que es una comparación imposible, pero no me he podido resistir a ella con los tiempos que corren.

dimarts, 18 de març de 2014

EUROPA ENS PROTEGEIX DE RAJOY

És tal la caiguda de drets i la desprotecció a la que ens estan sometent les polítiques del PP, que cada cop més sovint els tribunals espanyols han d'aplicar el Dret de la Unió Europea i el Dret internacional per protegir els drets de la ciutadania.

Algunes d'aquestes situacions de desprotecció vénen de lluny. Però el Govern Rajoy les ha agreujades i ha augmentat el nombre de casos en què, per garantir els nostres drets, hem d'anar a buscar tutela fora de la legislació i dels tribunals espanyols.

Les famílies hipotecades i desnonades van haver d'acudir al Tribunal de Justícia de la UE i a l'aplicació de les Directives de la UE per trobar la protecció que la legislació espanyola els negava i els continua negant.

Ha estat també el Tribunal de Justícia de la UE que, en una sentència, ha obligat el Govern espanyol a modificar la legislació de Seguretat Social per evitar la desprotecció en què es trobaven les persones amb contracte a temps parcial, dones en un 75% dels casos.

Els Tribunals de l'Ordre Social es veuen obligats a aplicar la Directiva d'acomiadaments col·lectius de la UE per protegir els treballadors acomiadats per causes econòmiques, davant la desprotecció en què han quedat després de la Reforma Laboral de PP i CiU.

Un Jutjat de l'Ordre Social de Barcelona ha aplicat la Carta Social Europea per protegir els drets dels treballadors i les treballadores enfront del període de prova abusiu del contracte d'emprenedors de la Reforma Laboral de PP i CiU i la inhibició del Tribunal Constitucional, que no dicta sentència en temps raonable i útil.

Coneguda per la seva repercussió social i política és la sentència del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg sobre la doctrina Parot, que recorda que, més enllà del sentiment de solidaritat amb les víctimes i el rebuig als assassins, les penes de presó no es poden aplicar amb efectes retroactius.

I ara, un Auto del Jutjat d'Instrucció 1 de l'Audiència Nacional ha deixat Rajoy i el seu Govern amb el cul a l'aire des d'una perspectiva democràtica. A les poques hores d'entrar en vigor la Llei que acaba amb la Justícia Universal i atorga impunitat a màfies i dictadors, el jutge Pedraz decideix mantenir viva la instrucció per l'assassinat de Couso, en base a l'aplicació del IV Conveni de Ginebra per la protecció dels civils en temps de guerra, que obliga els Estats signants a perseguir aquest tipus de delictes, sigui quina sigui la nacionalitat dels responsables i el lloc on estiguin. Exactament, el que prohibeix la Llei Orgànica 1/2014, aprobada per tràmit d'urgència i sense debat contra els tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya.

La llista és molt més llarga i posa de manifest dues coses: el grau de desprotecció en què ens està deixant el PP exercint el seu peculiar concepte de sobirania nacional i, en positiu, la importància cada cop més gran per als ciutadans de la normativa de la Unió Europea i el Dret Internacional.

Potser sigui una evidència més que un món nou està emergint, lentament però inexorablement. I que les fronteres ja no són el que eren. Afortunadament.

dilluns, 10 de març de 2014

TEOLOGÍA SALARIAL


Cada vez hay más evidencias de cómo la crisis ha servido de coartada para imponer contrarreformas por las que los poderes económicos venían suspirando desde hacía décadas.

Y cómo, para imponer estas contrarreformas, se han utilizado afirmaciones falsas que, defendidas con argumentos aparentemente científicos y vendidas machaconamente por los medios de comunicación, han adquirido la condición de verdades teológicas. O sea, actos de fe no discutibles por la razón.

Un caso muy evidente es el de la supuesta rigidez salarial que, según los teólogos de la  desregulación, viene provocada por la rigidez de la negociación colectiva y el exceso de protección de los salarios que dispensan los convenios.

Si recuerdan bien, este fue el argumento utilizado para "convencer" al Gobierno Zapatero de la necesidad de su Reforma Laboral en 2010. Una Reforma, la del PSOE, que hizo de "sherpa", abriendo camino a una más dura Reforma Laboral de PP y CiU de 2012, que  consumó un ataque en toda regla al poder de negociación de los trabajadores y a los salarios.

El argumento utilizado fue que, a pesar de la crisis económica y del aumento del paro, los salarios continuaban creciendo. Y que ello obedecía a la obcecación de las organizaciones sindicales y a la supuesta "rigidez" de nuestro modelo de negociación colectiva, que impedía los ajustes salariales para adaptarlos al ciclo económico a la baja. Y que ello era lo que provocaba el aumento de los despidos. 

De nada sirvieron las evidencias, los muchos acuerdos de adaptación salarial e incluso de descuelgue en la aplicación salarial de los convenios.

Ahora, un trabajo de técnicos del Banco de España desmiente lo que fue el fundamento de aquellas reformas laborales en materia salarial. A saber: que durante los primeros años de la crisis 2009/2010, no bajaron los salarios en términos reales.

A partir de las diferentes fuentes y especialmente de la Muestra Continua de Datos Laborales (MCDL), que permite un seguimiento de la evolución real de una muestra de salarios, se comprueba que estos ya comenzaron a bajar en los primeros años de la crisis, 2009/2011. Y que lo han hecho con mucha más crudeza a partir del 2012.

Este trabajo explica que los datos salariales de entonces eran solo un espejismo "estadístico", provocado por lo que se conoce como ‘efecto composición’, convenientemente manipulado. En la medida en que la crisis destruyó más puestos de trabajo no cualificados y se mantuvo una proporción mayor de puestos de trabajo cualificados, las estadísticas reflejaban un mantenimiento de los salarios que respondía más al cambio de la composición estadística que a la verdadera evolución de los salarios, que ya era a la baja.

Eso se sabía ya entonces. Algunos informes sindicales lo explicaron y algunos lo defendimos públicamente. Lo sabían también los teólogos de la desregulación. Pero más fuerte que la realidad fue la estrategia de provocar una devaluación salarial como estrategia de respuesta a la crisis ante la imposibilidad de devaluación monetaria. Y como el botín de la devaluación salarial les pareció escaso para tamaña oportunidad ofrecida por la crisis, decidieron pasar a la caza mayor.

Aprovecharon la oportunidad de la crisis para provocar un cambio estructural en las reglas de negociación colectiva que debilitara el poder de negociación de los trabajadores organizados. Y que se mantuviera incluso después de la crisis.

Por eso Rajoy rechazó el Acuerdo de Rentas firmado durante las primeras semanas de su Gobierno por sindicatos y patronal para moderar rentas (salarios y beneficios)  a cambio de mantener la capacidad de la negociación colectiva. Rajoy se cargó ese acuerdo con su Reforma Laboral, el Decreto Ley 3/2012. A pesar de que su ministra Báñez haga constantemente ostentación de él, de forma tan cínica como obscena.

Mirando al futuro, la Reforma Laboral nos deja una herencia que no solo afecta a sus principales perjudicados, los trabajadores, sino que tiene importantes efectos colaterales que afectan negativamente a la Seguridad Social y a la economía.

La bajada de salarios impide que se reactive el consumo familiar, que está en la base de una buena parte del empleo en España y por tanto dificulta la reducción del desempleo masivo y crónico. Además, es lo que explica que aunque en el futuro aumente el numero de afiliados a la Seguridad Social, no se incremente la  recaudación de cotizaciones,  porque los salarios medios son más bajos y en consecuencia las bases también lo son. Y por tanto, se incremente el desequilibrio económico de la Seguridad Social.

Por eso no les extrañe si a partir de ahora comienzan a leer informes que apuntan al exceso de devaluación salarial, como si este proceso fuera una plaga fruto de una maldición bíblica. Hasta es posible que estos informes vayan acompañados de los consabidos comentarios de tertulianos denunciando la debilidad e inoperancia de los sindicatos.

Y no les extrañe si los técnicos y los tertulianos son los mismos que actuaron como Acorazada Brunete de la Comunicación para abrir paso a la teología de la rigidez salarial.  En el fondo, el objetivo último de la “doctrina del shock” es que a la salida de la crisis no existan fuerzas sociales o políticas con las que contrapesar y contraponer a la fuerza de los mercados de capitales.