La crisis económica y sobre toda las injustas medidas
de austeridad impuestas por los
gobiernos han dejado un panorama social
desolador. Incremento de la pobreza, incluso de la pobreza extrema, con un
aumento espectacular de la desigualdad social.
Una de las imágenes de este
drama social es el de 3,5 millones de
personas desempleadas de larga duración, de los cuales el 74% no cobran ningún
tipo de prestación. Ello significa que más de 700.000 familias viven en
hogares donde no hay ningún ingreso.
Y por si fuera poco, las
actuaciones de los poderes públicos son dispersas y descoordinadas, al tiempo
que generan grandes desigualdades entre la ciudadanía. Los Servicios Públicos
de Empleo tienen establecidos hasta 5
modalidades distintas de subsidio asistencial que además dejan desprotegidos a
muchas personas desempleadas. Y algunas CCAA – no todas- han establecido a
lo largo de dos décadas algún tipo de prestación de la categoría de las rentas
de inserción. Se trata de prestaciones con regulaciones distintas, con niveles
de cobertura diversos que están provocando
una gran desigualdad entre las personas desempleadas.
En este contexto el Gobierno anuncia un “ahorro” en el gasto
de desempleo de unos 5.000 millones de euros en el 2014. Una reducción del
gasto que no obedece a un menor desempleo sino a la caída de los niveles de
protección provocada por los recortes en las prestaciones de desempleo
impuestos por el Gobierno del PP, como contrapartida al rescate de la Banca. Y
desgraciadamente esta situación apunta a peor, porque la llamada recuperación
económica además de ser débil sólo genera empleo de mala calidad, con pocas
cotizaciones sociales y por tanto poca o nula protección social.
Este panorama no tiene visos
de cambiar a corto plazo y ello nos ha llevado al Grupo de la Izquierda Plural
a presentar una iniciativa parlamentaria para la creación de una Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía, que se
discutirá esta semana en el Pleno del Congreso. Se trata de dar cumplimiento al mandato del artículo 41 de
la CE que obliga a los poderes públicos a garantizar prestaciones de
seguridad social ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de
desempleo.
Esta prestación la cobrarían los mayores de edad,
desempleados de más de un año, que no tengan ingresos superiores al IPREM (532
euros al mes) y por una cuantía
básica idéntica al IPREM, incrementada en función de las responsabilidades
familiares o unidad de convivencia. Sustituiría a las actuales subsidios
asistenciales y a los salarios sociales de las CCAA, debería ser financiada por
el Estado y gestionada por las CCAA, en colaboración con los Ayuntamientos,
para facilitar la coordinación con otras políticas de inserción social.
Esta es una propuesta justa socialmente y sostenible
económicamente, máxime cuando el
Estado anuncia un ahorro de 5.000 millones de euros en prestaciones de
desempleo y esta a punto de aprobarse una Reforma
Fiscal que, cuando esté plenamente desarrollada, va a suponer un reducción de ingresos fiscales que puede llegar a los
7.000 millones de euros anuales.
Todo ello va a pasar esta
semana en el Congreso de Diputados, mientras en el Parlament de Catalunya se
celebra del debate de Política General. Y permite explicar gráficamente la
importancia que tiene la fiscalidad para las personas en situación de
necesidad. Mientras los Gobiernos siempre dirigen su mirada hacia lo que
llaman clases medias e intenta ganar sus votos con promesas de bajada de
impuestos, una parte de la ciudadanía,
la que más necesidades sociales tiene,
ve como se reducen los recursos públicos para satisfacer sus necesidades
sociales.
Desgraciadamente para ellos,
los gobernantes saben que las personas
con más necesidades sociales son también las que más se desentienden de los
procesos electorales. Y si no votan,
no son tenidos en cuenta por los Gobiernos en el momento de tomar decisiones.
Por eso, cuando se debata
sobre la Reforma Fiscal del PP y su promesa de bajar impuestos, no deberíamos
olvidarnos de aquellos sectores sociales que necesitan de la fiscalidad para
tener una vida digna. A ellos va
dirigida la propuesta de Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía.
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