LOS MIEDOS Y LA INSEGURIDAD DEL PODER

Desde que el 2 de Junio, Juan Carlos I anunció su voluntad de abdicar se han producido hechos y comportamientos, que confirman que determinados miedos aún no han sido superados.

El Rey abdicó después de 39 años de reinado, sin que en España hubiera una Ley reguladora de la abdicación tal como prevé el art 57 de la Constitución de 1978.

Que durante 35 años ningún Gobierno haya tomado la iniciativa de regular la abdicación y la renuncia es la primera evidencia, aunque no la única, de los miedos a abordar un debate público sobre la monarquía. 

Estos miedos podían entenderse en los inicios de la democracia, por la precaria legitimidad con la que Juan Carlos I fue proclamado Rey y por las debilidades iniciales de la democracia, pero resulta incomprensible que se hayan mantenido durante cuatro décadas.

Que, cuando ya era evidente que la abdicación se podía producir en cualquier  momento, tampoco se aprobara la Ley de abdicación tiene mucho que ver con la precariedad institucional con que Juan Carlos I ha ejercido las funciones de Jefe de Estado en estos últimos años y con el temor a abrir el debate social sobre la forma de Estado.

Resulta aún más incomprensible que, conociendo Rajoy y Rubalcaba que la abdicación era inminente, el Gobierno no tuviera preparado un Proyecto de Ley Orgánica regulador de la abdicación, la renuncia y otros supuestos previstos en el artículo 57 de la CE. Otra vez miedo e inseguridad del poder.

El resultado ha sido una Ley de abdicación "ad hoc" para un supuesto concreto y que continuemos sin una ley  reguladora. La razón de este anómalo comportamiento continúa siendo el temor al debate social sobre la forma de Estado. Y por eso el PP y el PSOE fuerzan un proceso rápido y pactan el procedimiento excepcional de lectura única.

Otra expresión de miedo se produce cuando la Mesa del Congreso de Diputados, con los votos de PP y PSOE, pero sin base jurídica para ello, impide la tramitación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por Izquierda Plural.

Conviene destacar que en esa enmienda se mantenía el artículo único del Proyecto de Ley del Gobierno, por lo que nadie puede decir que su tramitación y debate suponía bloquear la abdicación. El problema es que, además de la aprobación de la abdicación de Juan Carlos I, en la enmienda se abría la posibilidad de un referéndum posterior sobre la forma de Estado.

Que el PP, el PSOE y otros grupos estén en contra de la celebración de un referéndum sobre la forma de estado es legítimo, pero que impidan incluso debatir y votar una propuesta vuelve a expresar la inseguridad, el miedo del sistema a un debate abierto.

El miedo continúa con el aforamiento del Rey emérito. Para evitar sorpresas y continuar con la improvisación, el aforamiento no se regula en un Proyecto de Ley, tal como seria exigible, si no que se incluye por la puerta de atrás en unas enmiendas del PP, incluidas en un Proyecto de Ley complementario a la Ley de racionalización del sector público. Más esperpéntico imposible. O sí, porque en la improvisación, las enmiendas del PP solo regulan el aforamiento para el supuesto de abdicación, pero no de renuncia.   

Este comportamiento defensivo del sistema bipartidista ha sido acompañado de una actitud de la mayoría de los medios de comunicación que no es acorde con su función social y constitucional de contribuir al pluralismo de la sociedad. Durante estas semanas, los medios de comunicación no han expresado la diversidad de la sociedad y la complejidad del debate. Muy al contrario, con honrosas excepciones, que no seria justo negar, los medios han hiperactuado y su comportamiento ha sido acrítico, exagerado y desbordante en el contenido y en las formas.

Panegíricos absurdos y grandielocuentes del papel de Juan Carlos I, loas exageradas a la preparación que se adjudica a Felipe VI han rozado el ridículo. Por unas semanas en España se ha reproducido una vieja imagen, la de tener de buscar información ecuánime en la prensa extranjera. Aunque con la novedad importante de poderla encontrar en algunos – pocos- medios españoles, en digitales o las redes de autocomunicación social.  

La inseguridad del poder frente a la ciudadanía ha adquirido su cenit el día de la proclamación de Felipe VI, con la prohibición de manifestaciones que la mayoría de constitucionalistas han denunciado como contrarias a la CE y a los Tratados y Convenios Internacionales. Pero cuando los miedos han sido más ridículos ha sido con la prohibición de exhibir en público banderas o símbolos republicanos y la persecución de ciudadanos que se han atrevido a contravenir unas prohibiciones tan ilegales como estúpidas.

Es imposible encontrar un poder de base democrática con más miedo a la libertad y a sus ciudadanos.

El poder se ha mostrado contundente en el apuntalamiento del sistema, en las prohibiciones, pero inseguro y débil democráticamente y con pánico a la ciudadanía. Quienes así han actuado o avalado deberían reflexionar sobre ello y responderse hasta cuando van a mantener este miedo a un debate social abierto.

La sociedad española ha comprobado que algunos de los fantasmas de la transición siguen vivos y que la democracia española no consigue la madurez necesaria para que determinados debates se puedan hacer en libertad y sin miedo a la ciudadanía.

Y no son debates menores, la relación de Catalunya con España y la forma de Estado deberían poder discutirse con normalidad democrática.