Desde
que el 2 de Junio, Juan Carlos I anunció su voluntad de abdicar se han
producido hechos y comportamientos, que confirman que determinados miedos aún no han sido superados.
El
Rey abdicó después de 39 años de reinado, sin que en España hubiera una Ley reguladora
de la abdicación tal como prevé el art 57 de la Constitución de 1978.
Que
durante 35 años ningún Gobierno haya tomado la iniciativa de regular la abdicación
y la renuncia es la primera evidencia, aunque
no la única, de los miedos a abordar un debate público sobre la monarquía.
Estos
miedos podían entenderse en los inicios de la democracia, por la precaria
legitimidad con la que Juan Carlos I fue proclamado Rey y por las debilidades
iniciales de la democracia, pero resulta
incomprensible que se hayan mantenido durante cuatro décadas.
Que,
cuando ya era evidente que la abdicación se podía producir en cualquier momento, tampoco se aprobara la Ley de
abdicación tiene mucho que ver con la precariedad
institucional con que Juan Carlos I ha ejercido las funciones de Jefe de Estado
en estos últimos años y con el temor a abrir el debate social sobre la
forma de Estado.
Resulta aún más incomprensible que, conociendo
Rajoy y Rubalcaba que la abdicación era inminente, el Gobierno no tuviera preparado un Proyecto de Ley Orgánica regulador
de la abdicación, la renuncia y otros supuestos previstos en el artículo 57
de la CE. Otra vez miedo e inseguridad del poder.
El resultado ha sido una Ley de
abdicación "ad hoc" para un supuesto concreto y que continuemos
sin una ley reguladora. La razón de este
anómalo comportamiento continúa siendo el temor al debate social sobre la forma
de Estado. Y por eso el PP y el PSOE fuerzan
un proceso rápido y pactan el procedimiento excepcional de lectura única.
Otra
expresión de miedo se produce cuando la Mesa
del Congreso de Diputados, con los votos de PP y PSOE, pero sin base jurídica
para ello, impide la tramitación de una enmienda a la totalidad con texto
alternativo presentada por Izquierda Plural.
Conviene
destacar que en esa enmienda se mantenía el artículo único del Proyecto de Ley
del Gobierno, por lo que nadie puede
decir que su tramitación y debate suponía bloquear la abdicación. El
problema es que, además de la aprobación de la abdicación de Juan Carlos I, en la enmienda se abría la posibilidad de
un referéndum posterior sobre la forma de Estado.
Que
el PP, el PSOE y otros grupos estén en contra de la celebración de un referéndum
sobre la forma de estado es legítimo, pero que
impidan incluso debatir y votar una propuesta vuelve a expresar la inseguridad,
el miedo del sistema a un debate abierto.
El miedo continúa con el
aforamiento del Rey emérito. Para evitar sorpresas y continuar con la improvisación,
el aforamiento no se regula en un Proyecto de Ley, tal como seria exigible, si
no que se incluye por la puerta de atrás en unas enmiendas del PP, incluidas en
un Proyecto de Ley complementario a la Ley de racionalización del sector
público. Más esperpéntico imposible.
O sí, porque en la improvisación, las enmiendas del PP solo regulan el
aforamiento para el supuesto de abdicación, pero no de renuncia.
Este comportamiento defensivo del
sistema bipartidista ha sido acompañado de una actitud de la mayoría de los
medios de comunicación que no es acorde con su función social y constitucional
de contribuir al pluralismo de la sociedad. Durante estas semanas, los medios
de comunicación no han expresado la diversidad de la sociedad y la complejidad
del debate. Muy al contrario, con
honrosas excepciones, que no seria justo negar, los medios han hiperactuado y
su comportamiento ha sido acrítico, exagerado y desbordante en el contenido y
en las formas.
Panegíricos absurdos y
grandielocuentes del papel de Juan Carlos I, loas exageradas a la preparación que se adjudica a Felipe VI han rozado el ridículo. Por unas
semanas en España se ha reproducido una vieja imagen, la de tener de buscar
información ecuánime en la prensa extranjera. Aunque con la novedad importante de
poderla encontrar en algunos – pocos- medios españoles, en digitales o las
redes de autocomunicación social.
La inseguridad del poder frente a
la ciudadanía ha adquirido su cenit el día de la proclamación de Felipe VI, con la prohibición
de manifestaciones que la mayoría de constitucionalistas han denunciado como
contrarias a la CE y a los Tratados y Convenios Internacionales. Pero cuando los miedos han sido más ridículos ha sido
con la prohibición de exhibir en público banderas o símbolos republicanos y
la persecución de ciudadanos que se han atrevido a contravenir unas
prohibiciones tan ilegales como estúpidas.
Es imposible encontrar un poder de
base democrática con más miedo a la libertad y a sus ciudadanos.
El
poder se ha mostrado contundente en el apuntalamiento del sistema, en las
prohibiciones, pero inseguro y débil democráticamente y con pánico a la
ciudadanía. Quienes así han actuado o
avalado deberían reflexionar sobre ello y responderse hasta cuando van a mantener este miedo a un debate social
abierto.
La
sociedad española ha comprobado que algunos de los fantasmas de la transición
siguen vivos y que la democracia
española no consigue la madurez necesaria para que determinados debates se
puedan hacer en libertad y sin miedo a la ciudadanía.
Y
no son debates menores, la relación de
Catalunya con España y la forma de Estado deberían poder discutirse con
normalidad democrática.
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