DESCODIFICANDO LA DESINDEXACIÓN

Disculpen las palabrejas del título. Son cosas del Gobierno y su uso alternativo del lenguaje como parte de una estrategia de camuflaje de sus políticas.

Este Pleno el Congreso debate sobre el Proyecto de Ley de  "Desindexación de la economía española", gracias a la enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Plural.

Una vez más, como sucedió con la Reforma Laboral, nos encontramos con una Ley que declara tener una motivación, mientras esconde sus verdaderos objetivos.

El Proyecto dice querer evitar la espiral inflacionista que, según el Gobierno, genera aplicar el IPC como índice de referencia en los contratos del sector público. Pero, en realidad, es toda una carga de profundidad a los salarios y a la negociación colectiva. Un obús directo contra los salarios del sector público e indirecto para el conjunto de los trabajadores.

Como es frecuente, el Gobierno parte de un problema real y realiza un diagnóstico interesadamente erróneo para, de manera oportunista, imponer sus políticas.

El verdadero problema es el diferencial estructural de inflación que ha existido entre España y la Zona Euro. Un diferencial, por cierto,  que ha desaparecido con la prolongación de la crisis. Y el diagnóstico interesadamente erróneo es culpabilizar de ello a la existencia de cláusulas en los contratos del sector público que establecen una revisión periódica en función del IPC, en lo que se conoce como “inflación de segunda ronda”.

No niego que esta realidad exista, pero parece evidente que no es, ni de largo, la primera causa del diferencial español de inflación.

Nuestra inflación, que es dual, como nuestra economía,  tiene su origen en dos grandes factores: el primero, una estructura productiva con un excesivo peso de sectores que han obtenido elevada rentabilidad con escaso riesgo y poca productividad. No está de más recordar que, cuando estos sectores han reducido su peso en la economía, la inflación ha bajado significativamente hasta ponerse en el 0%. Y en segundo lugar, la existencia de sectores enteros en los que los precios son marcados por empresas que actúan en régimen de oligopolio. Hablamos del sector energético, de carburantes. Se da el caso de que, en muchas ocasiones, este capitalismo concesional actúa en un marco de precios regulados, lo que hace aún más incomprensible su descontrol.

El Gobierno, ante la incapacidad para atajar las causas de este diferencial de inflación, ha decidido actuar sobre sus efectos. Dice que cortando el paso a la inflación, pero en realidad obligando al sector público a encajar el ajuste.

El proyecto prohíbe que en los contratos del sector público se establezcan cláusulas de actualización en función de la inflación. Además, prohíbe que en las cláusulas de revisión de precios del sector público se tenga en cuenta, entre otros, la evolución de los costes de la mano de obra, con lo que en la práctica presiona a la baja, vía precios de los contratos, los salarios de las empresas que directa o indirectamente prestan los servicios públicos.

Y lo que es más importante, crea un nuevo índice para sustituir al IPC, el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que se calcula a partir del IPC armonizado de la zona euro y al que se deduce a la baja y cada año una parte del diferencial de inflación entre España y la Zona Euro entre 1999 y 2013.

Aunque, por razones constitucionales, esta Ley no puede aplicarse directamente a la negociación colectiva en el sector privado, en la práctica va a tener un claro impacto negativo. De hecho, al gobierno se le desliza en la memoria este objetivo oculto, porque en el fondo lo que pretende es continuar presionando a la baja los salarios. No está de más recordar que uno de los anhelados objetivos de la CEOE es que la referencia de los salarios no sea la inflación española, sino la de la Zona Euro.

La incidencia será aún mayor en las empresas de servicios públicos que trabajan para la administración. Al tener prohibidas las cláusulas de actualización de los contratos según el IPC y regirse por el Índice de Garantía de Competitividad, estas empresas presionarán aún más a la baja los salarios de sus trabajadores, con lo que conflictos como los de la limpieza y la jardinería de Madrid están servidos.

Continuar presionando a la baja los salarios es, además de injusto, suicida. La devaluación salarial aumenta la desigualdad social y dificulta la recuperación, dado que una buena parte de nuestra economía depende del consumo privado. Y sin mejorar salarios, ello es imposible.

Eso sí, el Proyecto del Gobierno excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los productos financieros, a los que sí se podrán aplicar cláusulas de indexación. No crean que estamos hablando del ahorro popular. Se trata, según la Ley del Gobierno, de acciones de sociedades, bonos y obligaciones, cédulas y participaciones hipotecarias, acciones de instituciones de inversión colectiva, que sí puedan estar indexados. ¿Es posible encontrar una evidencia más contundente del doble rasero con el que trata el Gobierno a las rentas de los ciudadanos, en función de su origen?

Bien; como cada semana, levantaremos la voz, con nuestra oposición y nuestras alternativas. Lo que no conseguirán es hacernos callar. Pero no estaría mal que los medios de comunicación nos ayudaran a hacer llegar la voz a la ciudadanía. Y que los ciudadanos comiencen a entender que la solución a tantos desmanes está en sus manos.