Disculpen las
palabrejas del título. Son cosas del Gobierno y su uso
alternativo del lenguaje como parte de una estrategia de camuflaje de sus
políticas.
Este Pleno el Congreso debate sobre el Proyecto de Ley de "Desindexación
de la economía española", gracias a la enmienda a la totalidad
presentada por la Izquierda Plural.
Una vez más, como sucedió con la Reforma Laboral, nos
encontramos con una Ley que declara tener una motivación, mientras esconde sus verdaderos objetivos.
El Proyecto dice querer evitar la espiral inflacionista
que, según el Gobierno, genera aplicar el IPC como índice de referencia en los
contratos del sector público. Pero, en realidad, es toda una carga de profundidad a los salarios y a la negociación colectiva.
Un obús directo contra los salarios del sector público e indirecto para el
conjunto de los trabajadores.
Como es frecuente, el Gobierno parte de un problema real y realiza un diagnóstico interesadamente erróneo para, de manera oportunista, imponer
sus políticas.
El verdadero problema es el diferencial estructural de
inflación que ha existido entre España y la Zona Euro. Un diferencial, por
cierto, que ha desaparecido con la
prolongación de la crisis. Y el diagnóstico interesadamente erróneo es
culpabilizar de ello a la existencia de cláusulas en los contratos del sector
público que establecen una revisión periódica en función del IPC, en lo que se conoce como “inflación de
segunda ronda”.
No niego que esta
realidad exista, pero parece evidente que no es, ni de largo, la
primera causa del diferencial español de inflación.
Nuestra inflación,
que es dual, como nuestra economía, tiene su origen en dos grandes factores: el
primero, una estructura productiva con un excesivo peso de sectores que han
obtenido elevada rentabilidad con escaso riesgo y poca productividad. No está
de más recordar que, cuando estos sectores han reducido su peso en la economía,
la inflación ha bajado significativamente hasta ponerse en el 0%. Y en segundo
lugar, la existencia de sectores enteros
en los que los precios son marcados por empresas que actúan en régimen de
oligopolio. Hablamos del sector energético, de carburantes. Se da el caso de
que, en muchas ocasiones, este capitalismo concesional actúa en un marco de
precios regulados, lo que hace aún más incomprensible su descontrol.
El Gobierno, ante la incapacidad para atajar las causas de
este diferencial de inflación, ha decidido actuar sobre sus efectos. Dice que
cortando el paso a la inflación, pero en realidad obligando al sector público a
encajar el ajuste.
El proyecto prohíbe que en los contratos del sector
público se establezcan cláusulas de actualización en función de la inflación.
Además, prohíbe que en las cláusulas de revisión de precios del sector público
se tenga en cuenta, entre otros, la evolución de los costes de la mano de obra,
con lo que en la práctica presiona a la baja, vía precios de los contratos, los
salarios de las empresas que directa o indirectamente prestan los servicios
públicos.
Y lo que es más importante, crea un nuevo índice para
sustituir al IPC, el Índice de Garantía
de Competitividad (IGC), que se calcula a partir del IPC armonizado de la
zona euro y al que se deduce a la baja y cada año una parte del diferencial de
inflación entre España y la Zona Euro entre 1999 y 2013.
Aunque, por
razones constitucionales, esta Ley no puede aplicarse directamente a la
negociación colectiva en el sector privado, en la práctica
va a tener un claro impacto negativo. De hecho, al gobierno se le desliza en la
memoria este objetivo oculto, porque en el fondo lo que pretende es continuar
presionando a la baja los salarios. No está de más recordar que uno de los
anhelados objetivos de la CEOE es que la referencia de los salarios no sea la
inflación española, sino la de la Zona Euro.
La incidencia será aún mayor en las empresas de servicios
públicos que trabajan para la administración. Al tener prohibidas las cláusulas
de actualización de los contratos según el IPC y regirse por el Índice de Garantía
de Competitividad, estas empresas presionarán
aún más a la baja los salarios de sus trabajadores, con lo que conflictos como los
de la limpieza y la jardinería de Madrid están servidos.
Continuar
presionando a la baja los salarios es, además de injusto, suicida. La
devaluación salarial aumenta la desigualdad social y dificulta la recuperación,
dado que una buena parte de nuestra economía depende del consumo privado. Y sin
mejorar salarios, ello es imposible.
Eso sí, el Proyecto
del Gobierno excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los productos
financieros, a los que sí se podrán aplicar cláusulas de indexación. No
crean que estamos hablando del ahorro popular. Se trata, según la Ley del
Gobierno, de acciones de sociedades, bonos y obligaciones, cédulas y
participaciones hipotecarias, acciones de instituciones de inversión colectiva,
que sí puedan estar indexados. ¿Es posible encontrar una evidencia más
contundente del doble rasero con el que trata el Gobierno a las rentas de los
ciudadanos, en función de su origen?
Bien; como cada semana, levantaremos la voz, con nuestra
oposición y nuestras alternativas. Lo que no conseguirán es hacernos callar.
Pero no estaría mal que los medios de comunicación nos ayudaran a hacer llegar
la voz a la ciudadanía. Y que los ciudadanos comiencen a entender que la
solución a tantos desmanes está en sus manos.
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