EMPLEO: A RAJOY LAS MENTIRAS NO LE DURAN NI 24 HORAS

El resumen del debate del Estado de la Nación bien podría ser “Se pila antes a Rajoy que a un mentiroso”.

Sin duda, Rajoy tiene el derecho a presentar el resultado de sus políticas por su lado bonito, aun cuando ningún ángulo sea bueno. Incluso forzando la interpretación de la realidad.

Puede comprenderse que Rajoy eludiera debatir del aumento de la desigualdad y pobreza durante su mandato. Incluso que dijera que este aumento se inició antes de su llegada a la Moncloa -cosa cierta-.
 

Hasta podría comprenderse que no quisiera hablar de la caída de los salarios en estos dos años de su Gobierno. Aunque cuesta más entender que insistiera en los benéficos efectos de la Reforma Laboral PP-CIU, justo al mismo tiempo que el Banco de España reconocía que la caída de salarios durante el 2012 fue más intensa de lo inicialmente reconocido por el propio Banco y el Gobierno.

Hay opiniones que entran en el terreno de la valoración política y son legítimas. Pero durante estos dos días Rajoy ha superado todos los límites aceptables de la mentira sobre la realidad del empleo.

Ha intentado manipular a la ciudadanía, presentando la reducción de parados registrados como creación de empleo. Cuando sabe o debiera saber que la reducción del paro registrado – mínima- no obedece a la creación de empleo sino a la caída de la población activa, fruto de factores demográficos, del retorno de inmigrantes a sus países y de la salida de emigrantes españoles al exterior.

Además resulta del todo inaceptable que durante dos días repitiera innumerables veces – perdí la cuenta- que los afiliados a la Seguridad Social de Enero del 2014 han aumentado en relación a los de Enero del 2013. Porque eso es radicalmente falso.

Según los propios datos de la Tesorería de la Seguridad Social  la media de afiliados del mes de Enero del 2013 eran 16.179.438 afiliados y ha descendido en Enero del 2014 a 16.173.609.

Pero lo que ya deja a Rajoy en el ridículo más espantoso es la publicación hoy 27 de febrero, cuando aún no ha terminado el debate del Estado de la Nación, el INE publica los datos de Contabilidad Nacional del 4º trimestre del 2013. En ellos se confirma que el Empleo medido en términos equivalentes a tiempo completo y corregido de los efectos estacionales y de calendario continua cayendo. Tanto en el conjunto de ocupados, como en los trabajadores asalariados.

En el 4º trimestre del 2013 hay 265.000 empleos equivalentes a tiempo completo menos que un año antes, en enero de 2012. Una caída del 1,6% que es mayor entre el empleo asalariado (-1,9%) y mucho mayor en la Industria, donde la caída continúa siendo muy intensa, el 4,8% menos en un año.

Estos datos de contabilidad nacional nos dicen tres cosas. Que la Reforma Laboral está precarizando el empleo, provocando un proceso de substitución de empleo a tiempo completo por tiempo parcial. Que los datos confirman la percepción que tiene la gente en las empresas y en la calle, el empleo no crece y España no avanza.

Y que Rajoy miente tanto que se pilla a él antes que a un mentiroso.

LAS MENTIRAS Y MANIPULACIONES DE RAJOY

Rajoy en el debate del Estado de la Nación nos ha hablado de su nación de "cartón piedra". La que solo existe en sus discursos y campañas de  imagen. La realidad social del aumento de la pobreza y la desigualdad parecen no existir para Rajoy. Es una realidad que se niega a ver.

Pero no solo no ha hablado de los negativos e injustos impactos de sus políticas en la gente. Se ha atrevido a decir cosas que son evidentes mentiras y que en una democracia madura le obligarían a dimitir.

Cuando ha dicho que se resistió a las presiones de la OCDE y el FMI para bajar las prestaciones de desempleo, miente. Lo hizo en julio 2012 con el  Decreto Ley 20/2012 que aprobó recortes importantes que afectan especialmente a mayores de 50 años y que han provocado una caída de 10 puntos (del 71% al 61%) en la tasa de cobertura de los desempleados.

También miente cuando alardea de la prórroga del programa Prepara, escondiendo que esta prórroga fue acompañada de una reforma que aumenta los requisitos de acceso a la prestación y que ha reducido al mínimo sus beneficiarios.

En medio de tantas mentiras ha soltado su nueva promesa, la de la supuesta reducción de cotizaciones para las empresas. Es el momento de recordar que hace 20 meses, cuando presentó el rescate de la banca, ya anunció una reducción de dos puntos en las cotizaciones empresariales. Para  compensar, dijo, la subida de impuestos de la renta e impuestos indirectos. La subida de impuestos al trabajo y al consumo se materializó, pero la bajada de cotizaciones nunca. Y aún esperamos una explicación a su mentira en sede parlamentaria.

Así las cosas, no podemos evitar pensar que estemos ante otra promesa trampa que durara lo que dure el debate del Estado de la Nación y los titulares de prensa. Por eso ya he presentado una petición de comparecencia urgente de la Ministra de Empleo para que explique con detalles  la medida anunciada.

De los requisitos anunciados para acceder a la tarifa plana se deduce que serán pocos los contratos que se beneficien.

Por eso es el momento de preguntar a la Ministra, a cuantos contratos considera que afectara esta tarifa plana. Si también se aplicará a contratos a tiempo parcial. Quien pagará el diferencial de ingresos de la Seguridad Social,  el Estado vía impuestos o los pensionistas vía recortes. Si se reducirán solo las cotizaciones empresariales o también la de los trabajadores. Porque ha optado por una forma de deducción de cotizaciones que beneficia más a los salarios altos.

Estas y otras preguntas deberían contestarse pronto. Esperemos que esta vez la Ministra no se niegue a comparecer y podamos conocer si estamos ante otra medida trampa, ante otra manipulación política.

LA REFORMA FISCAL QUE NECESITAMOS (1)

Aunque el momento no es el más favorable, urge una reforma fiscal en profundidad. Necesitamos aumentar los ingresos impositivos del Estado, porque es social y económicamente insostenible afrontar el equilibrio presupuestario de todas las administraciones públicas por la vía de recortar más los gastos. No hay margen económico y tiene graves impactos sociales.

En cambio, no parece ser ésa la orientación del Gobierno, a la vista de las primeras filtraciones o globos sonda. Todo apunta a un lavado de cara para tapar las vergüenzas por los incumplimientos fiscales del PP, con propuestas que pueden agravar la regresividad de nuestro sistema fiscal y hacer avanzar en la privatización del Estado social. Todo con la coartada ideológica de las “clases medias”.

Conseguir el imprescindible aumento de la recaudación sin penalizar más a los de siempre y sin poner trabas a la inversión es complicado en un momento con escaso dinamismo económico, un desempleo cronificado, una caída generalizada de salarios y un fuerte endeudamiento de las familias. Eso sin olvidar que, en paralelo, se estará negociando un nuevo acuerdo de financiación autonómica.

En todo caso, no creo que el principal problema esté en la  complejidad de hacer compatibles todos estos objetivos, sino en la ideología fiscal del PP y en su nula voluntad y capacidad de diálogo social y político, como se ha demostrado durante toda la legislatura. Mucho me temo que los objetivos del PP sean una  campaña de imagen, una compensación –más aparente que real– a determinados sectores sociales y medidas fiscales favorecedoras de la privatización del Estado social. Me gustaría equivocarme, pero la patita que ha enseñado Montoro va por ahí.   

En el debate social imprescindible antes de adoptar ninguna medida, lo primero que deberíamos hacer es constatar que no sirven más  parches, porque el impulso dado con la reforma fiscal constituyente de 1978 hace décadas que quedó agotado. Al menos, desde que en 1993 comenzó a torcerse el rumbo de la suficiencia, la equidad y la eficiencia del sistema fiscal. Fue Solbes quien inició el camino de primar las rentas del ahorro y el capital frente a las del trabajo en el IRPF. Lejos queda en el recuerdo la progresividad del impuesto de sucesiones y donaciones de 1986, sobre todo si se compara con la regulación actual de unas CCAA inmersas en una carrera desfiscalizadora de la herencia guiada por el objetivo del dumping fiscal.

Además, sucesivas reformas parciales han convertido la fiscalidad española en una selva normativa en la que solo se mueve bien la elusión, la evasión y el fraude fiscal. Eso, sin olvidar los “errores”, que por reiterados se han convertido en opción consciente, en el tratamiento fiscal favorecedor de la propiedad de la vivienda y no el alquiler. Lo que sin duda alimentó al monstruo de la burbuja inmobiliaria, ya de por si cebado por el bajo precio del dinero.

Por eso necesitamos una reforma en profundidad, que comporte una fuerte discontinuidad en la política fiscal que durante décadas han compartido el PP y el PSOE –con una clara indistinción ideológica–. Y siempre con la participación destacada de CiU y los intereses corporativos que defiende, vestidos de objetivos catalanistas.

Sin duda, el escenario político no es el mejor, pero no por ello debe abandonarse la batalla de las ideas y las políticas en un terreno, el de la fiscalidad, que es determinante para el modelo de sociedad, comenzando por recordar los principios rectores que la Constitución impone a la política fiscal: suficiencia en los ingresos para garantizar las funciones del Estado, equidad en los esfuerzos fiscales en función de capacidad económica, progresividad en la carga fiscal y eficiencia en su distribución.

Ello, a partir de una realidad que se sitúa en el extremo contrario. Hoy tenemos una fiscalidad insuficiente, con un diferencial de ingresos en relación a la media de la UE que, según fuentes de Eurostat para el 2012, es del 9,9% del PIB, o sea 100.000 millones de euros menos de ingresos fiscales. Una fiscalidad profundamente injusta en el reparto de los esfuerzos, que castiga a las rentas del trabajo frente a las del capital. Injusticia que tiene como principal causa un fraude socialmente muy extendido y sobre todo la elusión fiscal que practican los grandes patrimonios y las  corporaciones multinacionales. Una fiscalidad que ha perdido una buena parte de su progresividad. Una fiscalidad poco eficiente en el uso de los recursos, que se visualiza en la orientación de las inversiones en infraestructuras o en la debilidad de la fiscalidad ambiental, por citar dos ejemplos. 

Y para cumplir los mandatos de suficiencia, equidad, progresividad y eficiencia, es condición imprescindible avanzar en la estabilidad normativa que dificulte la elusión y el fraude; la simplicidad reguladora, que no puede confundirse intencionadamente con menor progresividad en la carga fiscal y en la armonización fiscal española y europea. En una economía globalizada, la soberanía fiscal, para ser real y no ficticia, requiere caminar hacia la armonización, si no se quiere dejar en manos del capital global la orientación de las políticas.

Como quiera que la fiscalidad no depende solo de las leyes y la gestión tributaria es clave, resulta vital dotar de más medios para poder luchar eficientemente contra el fraude y la elusión fiscal. Y desgraciadamente, los últimos acontecimientos en la Agencia Tributaria confirman que el Gobierno no tiene voluntad política de atajar el fraude allí donde está más generalizado y hace más daño, los grandes contribuyentes. Y que, objetivamente, el PP actúa como aliado de los evasores y defraudadores fiscales.

Un último requerimiento: la política fiscal no puede continuar ignorando a los sectores sociales que son receptores netos de recursos públicos, los que viven el sistema fiscal por la cantidad y calidad de servicios públicos que reciben. Desgraciadamente para ellos, son los que tienen menos capacidad de presionar políticamente; porque no tienen instrumentos para generar opinión publicada y porque en muchas ocasiones se abstienen de decidir con su voto.

Algunos importantes medios de comunicación ya han comenzado a marcar el terreno al Gobierno, editorializando una vez más sobre la  elevada presión fiscal española. ¿Elevada, para quién? No será para las grandes corporaciones, o para las SICAVS, o para los grandes patrimonios.

En materia fiscal, la "opinión publicada" juega un papel clave en la batalla política. Si hay un ámbito en el que los creadores de opinión no se substraen a su estatus económico, a los intereses de los grupos para los que trabajan, es el de la fiscalidad. Confunden sus intereses personales, de grupo social, con los intereses generales del país y contribuyen a la hegemonía ideológica de las políticas desfiscalizadoras. Y lo hacen aprovechándose del poder para dominar las mentes que comporta disponer de mecanismos para formar opinión en la ciudadanía.

Sin libertad para pensar, la democracia es débil; y sin medios de comunicación no sometidos al poder económico, no hay libertad real de pensamiento. Y la democracia pierde uno de sus atributos fundamentales, el de ser instrumento de igualdad social.

ELS DESNONAMENTS TORNEN AL CONGRÉS

Si el PP creia que, segrestant parlamentàriament la ILP, impulsada per la PAH, sindicats i organitzacions socials i avalada per 1,5 milions de signatures, acabava amb el debat de les famílies hipotecades i els desnonaments, anava molt errat.

El dramatisme de la situació, la perseverança en la lluita i la solidaritat de la PAH i la insistència d’alguns per acompanyar i donar suport a aquesta lluita en les institucions, manté el conflicte més viu que mai.

La primera iniciativa que veurà el Congrés en l’actual període de sessions serà una Proposició de Llei del Parlament de Catalunya, aprovada en la darrera legislatura, a partir del treball de la Comissió de Justícia, presidida aleshores pel company i amic Salvador Milà. Estem, doncs, davant d’una nova oportunitat per encarar el problema de fons i adoptar solucions reals i ràpides.

Durant dos anys el Govern Rajoy, com abans el Govern Zapatero, s’ha negat a encarar el que, junt amb un atur massiu i crònic, és el principal problema de la nostra societat. Les solucions no son fàcils, perquè les dimensions de l’endeutament hipotecari són tan gegantines com el frau social que hi ha al darrere. Però la raó que no s’hagi afrontat aquest drama social no està en la complexitat de les solucions, sinó en què des del poder polític no es vol afectar el mercat hipotecari. El PP continua posant els interessos dels titulars de cèdules hipotecàries (uns 333.938 M€) per davant del dret constitucional de les famílies a disposar d’habitatge.

El conflicte social és molt evident i intens, i per això el govern Rajoy ha combinat immobilisme amb mesures cosmètiques, sempre improvisades i a remolc de les mobilitzacions socials.

Avui ja disposem de dades que confirmen el que intuíem: les mesures adoptades no resolen el problema i estan només orientades a un rentat de cara i, en el millor dels casos, de mala consciència.

El Codi de Bones Pràctiques Bancàries de Guindos, adoptat fa dos anys com a resposta a una Interpel·lació del grup “Izquierda Plural” ha resultat un fracàs. En un període en què s’han produït prop de 120.000 desnonaments, s’han pogut presentar 9.861 sol·licituds per acollir-se al Codi, de les quals el 48% han estat denegades. Només 2.300 famílies han pogut accedir a algunes de les modalitats de reestructuració del deute. I només 6 han obtingut una quitança en el import del seu deute. És il·lustratiu comparar-ho amb les desenes de milions d’euros de quitança que els promotors immobiliaris han obtingut dels mateixos bancs, que les neguen a les famílies. Cal recordar que el forat provocat per aquestes quitances a les immobiliàries l’està pagant la ciutadanía amb el rescat bancari.

Un altre prova del fracàs el Codi de Guindos el tenim en les dades del Banc d’Espanya. Durant el 2012 es van produir 15.174 dacions en pagament, i en sis mesos del 2013, unes 8.856, la qual cosa confirma que la majoria d’aquests acords de dació en pagament s’han fet en negociacions privades o promogudes per les mobilitzacions de la PAH, i no en el marc el Codi de Guindos.

Un altre frau polític del PP ha estat el “Fons Social d’Habitatge” per lloguer social, constituït per 6.000 vivendes propietat dels Bancs. Els requisits d’accés son tant restrictius que només s’han presentat 1.259 sol·licituds i s’han adjudicat 637, amb només 410 contractes signats fins ara.

Una vergonya, per tots els costats. Perquè els bancs han facilitat en general el estocs d’habitatges més deteriorats. I perquè han quedat fora d’aquest Fons tots els habitatges del SAREB –Banc Dolent–, fruit el procés de sanejament bancari. El Govern es nega a posar una part del patrimoni del SAREB, constituït, cal recordar, amb fons i avals públics, al servei d’una política social de lloguer. L’argument del Govern és la necessitat d’evitar pèrdues al SAREB, però la realitat és que s’està utilitzant per promoure una altre negoci, en aquest cas per part de Fons d’Inversió de tot el món, que estan comprant el millor  patrimoni del SAREB a preus de saldo i ens deixaran els patrimonis més danyats. Per si això fos poca cosa, el Govern acompanya aquest negoci d’una política obscurantista, negant la informació a aquest diputat amb l’excusa que el SAREB és una empresa de majoria privada. Cal ser pocavergonya.

Així, podríem repassar els resultats de cada una de les mesures aprovades pel govern Rajoy, que, obligat per la mobilització social i per la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va aprovar una Llei que ha introduït canvis en les subhastes, en la impugnació de clàusules abusives en les hipoteques. Però cap d’elles no està tenint resultats significatius. I la raó és que no es vol encarar el problema de fons, ni adoptar solucions reals, per tal de no afectar “negativament” el mercat de les cèdules hipotecàries.

El drama de les hipoteques, lluny de minvar, continua augmentant la seva dimensió humana i també econòmica. 600.000 famílies estan atrapades en hipoteques per més valor que els seus habitatges. La morositat familiar no para de créixer. Segons el Banc d’Espanya, el 5,6% en el tercer trimestre del 2013, quan fa un any era del 3,48%. I això en una societat amb una taxa d’atur del 26%, 2 milions d’aturats sense prestació, 1,4 milions de llars sense cap ingrés, el 12,3% dels treballadors amb feina amb ingressos sota el llindar de la pobresa i 3 milions de persones en situació de pobresa extrema. I mentrestant, alguns pretenen que la solució és continuar abaixant salaris. De bojos; o millor, insaciables i suïcides alhora.     

Tres són els eixos bàsics d’una solució real: el primer, posar en marxa un procés real i efectiu de reestructuració dels deutes hipotecaris de les famílies, que redueixi significativament el seu endeutament i els permeti viure dignament. Hi ha raons ètiques i de justícia, però també econòmiques. És evident que aquesta aposta té costos econòmics que caldrà assumir, però té menys riscos socials i econòmics que continuar asfixiant famílies.

El segon, aprovar d’una vegada per totes una Llei de segona oportunitat que acabi amb dues grans anomalies i injustícies: si el deutor és una  empresa, la legislació li permet, a través del procés concursal, una reestructuració del deute, que en molts casos inclou una forta quitança i ofereix a l’empresa una doble oportunitat. Però si el deutor és una persona física, una família, la Llei espanyola no li ofereix aquesta segona oportunitat. I Espanya és dels pocs Estats de la UE que no té una Llei de segona oportunitat per a les famílies. La raó torna a ser la de sempre: les cèdules hipotecàries tenen la garantia de les hipoteques subscrites, però no de qualsevol hipoteca. Darrera de les cèdules hipotecàries hi solen haver les hipoteques de les famílies, per la seva elevada seguretat en el cobrament. Tota una declaració de prioritats.

Cal també aprofitar l’oportunitat que ofereix el sanejament bancari per posar una part del parc d’habitatges propietat del SAREB a fer funcions de parc públic d’habitatges socials de lloguer. Amb una gestió descentralitzada a les CCAA, amb important participació dels ajuntaments, que són els que millor coneixen la realitat social de les famílies. I en col·laboració amb entitats socials que treballen amb persones amb necessitats socials o risc d’exclusió. Aquesta sí seria una bona pràctica de col·laboració públic-privat.

El dimarts 11 de febrer, el Congrés dels Diputats tindrà una nova oportunitat d’afrontar el problema de cara. Allà hi serem. Espero que el PP no torni a bloquejar de nou les solucions i a matar les esperances de milers de famílies.