dimecres, 26 de juny de 2013

CONSEJO EUROPEO, UN DEBATE TRAMPOSO


Ayer martes 28 de junio, el Congreso debatió dos Proposiciones No de Ley (PNL) sobre el próximo Consejo Europeo. Una, votada por PP-PSOE-CIU-PNV-UPD  y otra presentada por Izquierda Plural (IU, ICV-EUIA, CHA). Y como es habitual en estos casos, se discutió más del envoltorio – un supuesto Pacto de Estado sobre Europa- que de los contenidos de las propuestas presentadas.

Desgraciadamente, el debate no ha servido ni para que la ciudadanía conozca qué está en juego en el Consejo Europeo ni cuáles son las propuestas de cada grupo. Por eso quisiera aportar mi pequeño grano de arena a lo que, en condiciones de democracia plena, debiera ser una participación activa y crítica de la ciudadanía.
Lo primero sería advertir que el Congreso debatió sobre unos futuros acuerdos que, al menos en su arquitectura básica, están ya encarrilados. Porque el Consejo ratificará aquello que los “sherpas” de los Estados han preparado previamente. Y aunque sin duda siempre quedan flecos (sobretodo cuando se trata de distribuir recursos), en lo fundamental esta “todo el pescado vendido”. Lo que me lleva a pensar que en el fondo la PNL de PP y PSOE no pretende incidir en el debate del Consejo Europeo, sino que es un fin en sí mismo. 

Este Consejo Europeo lleva un año (desde Junio del 2012) presentándose como el del gran salto adelante en la Unión Bancaria, va a debatir sobre cuatro grandes bloques:

1.- El primer bloque trata de las recomendaciones de la Unión Europea en relación al Programa Nacional de Reformas de 2013 para España. Son públicas desde hace días y lo más importante es que contienen el listado de Reformas que el Gobierno español se compromete a desarrollar. Algunas son conocidas, las referidas al Mercado de Trabajo o la Seguridad Social. Otras, como el Proyecto de Ley de Unidad de Mercado, están solo anunciadas, y me produce una gran curiosidad saber cómo CIU justificará que ayer diera su apoyo a una estrategia que contiene este compromiso para, en unas semanas o meses, poner el grito en el cielo cuando se aprueben.
Lo más significativo políticamente es que estas recomendaciones forman parte de un pack que incluye la flexibilización del déficit público de España. La filosofía con la que Rajoy ha abordado las negociaciones con la Troika parten de un supuesto intercambio: se nos afloja el dogal del déficit -por otra parte de imposible cumplimiento- a cambio de que nosotros nos pongamos los grilletes de las contrarreformas a perpetuidad. Curioso intercambio porque nuestra deuda pública es en gran parte consecuencia de la asunción por el Estado de la deuda privada financiera. Y porque la flexibilidad que nos “otorgan” es para pagar a los acreedores internacionales, a los que el pacto Zapatero Rajoy consideró preferentes en sus derechos, y que parece quieren salir de la crisis sin un rasguño.  

A pesar de ello, PP-PSOE-CIU-PNV-UPD parecen desconocerlo, porque en la PNL aprobada se refieren a las recomendaciones de la UE solo en relación al objetivo de déficit y no a la exigencia de nuevos recortes sociales y reformas, por otro lado muy explicitados en el texto de la recomendación que aprobará el Consejo Europeo.

2.- El segundo bloque de temas que discutirá el Consejo Europeo se refiere a la creación de una Unión Bancaria, comprometida ya en Junio 2012. Y de momento lo que se sabe es que esta Unión Bancaria, que iba avanzando a trompicones, acaba de ser bloqueada por el Eurogrupo en la reunión de este fin de semana pasado. Prácticamente no se va a producir ninguno de los avances marcados hace un año. Parece que sí va a crearse un organismo único de supervisión bancaria que ejercerá el BCE, pero continúan bloqueadas las Directivas europeas para armonizar la normativa sobre gestión de futuras crisis bancarias y también la de reforma y armonización de los Fondos de Garantía de Depósitos (los que supuestamente dan garantía a los ahorros de hasta 100.000 euros). Por supuesto, ningún avance en la creación de un Mecanismo único de Resolución (reestructuración o cierre de bancos en crisis).
Un año después de las falsas promesas de Rajoy en el sentido de que se acordaría un procedimiento de ayuda directa de la UE a los Bancos, sin pasar ni comprometer a los Estados, todo está igual. Y por supuesto la falsa promesa que los 42.000 millones de euros del MEDE, avalados por España, dejarían de contar como déficit público, no está claro que se concrete. Van a continuar siendo los Estados quienes respondan por sus sistemas financieros, por otra parte globalizados en el reparto de sus beneficios. Y lo que es peor, parece que los acuerdos del Eurogrupo profundizan en la disgregación del sistema financiero europeo. Y ello va a significar un mayor coste en la financiación de las pymes y familias para los países en problemas, como España. Exactamente lo contrario de lo que según el portavoz de CIU era la razón por la que votaban a favor de esta propuesta.
Insisto en que todo eso lo sabían quienes votaron la PNL dando apoyo al Gobierno español para que afronte, se dice, un cambio en las políticas europeas. Eso sí, sin abordar los temas de fondo.

3.- Un tercer bloque tiene que ver con lo que se conoce como estrategia de crecimiento y de empleo. En este sentido la PNL bipartidista pretende hacer creer que del Consejo Europeo puede salir una estrategia en favor del empleo, sin que ello comporte un cambio radical en las políticas derivadas del Pacto de estabilidad. Eso es materialmente imposible. Si se insiste en querer reducir drásticamente el  déficit público, la consecuencia segura es agravar la recesión. Y de nada sirven los 6.000 millones de euros que parece se van a comprometer. Sobre todo porque estos recursos para el empleo juvenil son los mismos que ya han salido en 12 fotos anteriores y que de momento nadie ha visto. Es tal el escándalo provocado por estos “trileros” que hasta el Presidente de la Comisión Durao Barroso les ha llamado la atención por sus comportamientos poco edificables, al vender varias veces los mismos recursos, sin que hasta ahora nadie haya visto ni un euro. 

4.- El cuarto bloque que se tratará en el Consejo Europeo es el referido al Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y EEUU. Una vez más aparece el debate sobre las dos concepciones de la UE. Frente a la necesidad de avanzar en la construcción política de la Unión Europea, la derecha y los poderes financieros se niegan a ello. Y su respuesta es ampliar la zona de libre comercio con EEUU sin avanzar en la Unión Política. Curiosamente, éste que es uno de los temas más trascendentes no ha aparecido en el debate del Congreso, ni tan siquiera en la propuesta de PNL aprobada.

Quien haya seguido el debate habrá comprobado que a pesar de que PP-PSOE-CIU-PNV-UPD han votado el mismo texto, su explicación parecía referirse a contenidos distintos. El caso extremo ha sido la explicación de CIU, lo más parecido al cuento de la lechera del Consejo Europeo. Si alguna Pyme o autónomo estaba siguiendo el debate pueden haber pensado que el tema de la financiación de las empresas se va a resolver en una semana.

Pues bien, en este escenario, el grupo de la Izquierda Plural presentó su propia propuesta. Y de ella quisiera destacar algunos de sus aspectos centrales. Proponemos, la derogación de la reforma del artículo 135 de la CE acordada por Zapatero y Rajoy. Sin quitarnos estos grilletes, que obligan a dar prioridad a los acreedores y que establecen un rígido y fundamentalista control del déficit, todas las declaraciones de cambiar la orientación de las políticas son música celestial. Proponemos derogar el Pacto de Estabilidad que es la concreción practica de estos grilletes y sustituirlo por otro más creíble y sostenible, en el que la estabilidad no esté vinculada solo a la reducción de gastos, sino a la mejora de los ingresos, para lo que resulta vital una reforma fiscal en profundidad, que acabe con las muchas zonas oscuras de nuestro sistema fiscal y contribuya a acabar con los búnkeres (paraísos fiscales). Proponemos también la renegociación del Memorando de entendimiento, de manera que los compromisos  adoptados no lleguen al extremo de tener a nuestras instituciones democráticas intervenidas y sin soberanía alguna. Y por último planteamos la necesidad de proceder a un proceso ordenado de reestructuración (quita y mora) de la deuda pública y privada de los países acreedores.
Ayer, se nos llamó ingenuos por hacer estas propuestas, que por cierto defienden economistas como Roubini y otros. Sinceramente, más ingenuo me resulta que alguien crea que es posible pagar íntegramente la deuda en los términos que está establecida, sin condenar a estos países a una recesión crónica de décadas y someterlos a niveles de pobreza insostenibles. O que es posible reorientar las políticas europeas, manteniendo vigente del artículo 135 de la CE. Sin duda, todo es discutible, pero prefiero la ingenuidad de los que intentamos cambiar las cosas a la ingenuidad de creer que haciendo lo mismo que durante 6 años de crisis se van a conseguir resultados distintos.
Somos conscientes que nuestras propuestas no son fáciles de articular políticamente y menos en un solo país. Por eso hace tiempo que venimos trabajando en la construcción de un polo político alternativo del Sur de Europa. Puede ser también ingenuo, pero creo que mucho menos ingenuo que pensar que haciendo piña con la derecha del Partido Popular se van a cambiar las cosas o revertir los procesos.
Cada uno escoge la manera en que quiere ser ingenuo y ayer cada grupo político tomo legítimamente un camino.
   

dijous, 20 de juny de 2013

LAS FALACIAS DEL GOBERNADOR

En su comparecencia en el Congreso para explicar la crisis y sus soluciones, el nuevo Gobernador del Banco de España ha repetido los mismos mantras de siempre, cargados de teología desreguladora, disfrazada de ciencia.

En mi intervención he tenido oportunidad de rebatirlos, aunque no de replicar a la respuesta del Gobernador que, como era de esperar, ha repetido las falacias que comparte con FMI, OCDE, G-20, Troika. Por eso dedico estas líneas a contestar a las falacias vertidas, argumentos aparentemente lógicos que solo son engaños, por el Gobernador.

Para comenzar, ha reivindicado el derecho del Banco de España a emitir opinión sobre todos los ámbitos económicos. No faltaría más. Nadie le niega su derecho a dar consejos a poderes públicos y agentes privados sobre sus "obsesiones" - Reforma Laboral, Salario Mínimo- . Pero no estaría de más que centrara sus esfuerzos en sus competencias - Supervisión del sistema financiero- y sus incumbencias - que fluya de una vez el crédito a empresas, autónomos y familias.

Aunque pueda resultar increíble, la comparecencia del Gobernador ha terminado sin explicar que va a hacer el Banco de España para garantizar el crédito a los particulares. Y no debería olvidarse que esta es su principal incumbencia.

El Gobernador, como el Gobierno Rajoy, no aceptan que el saneamiento del sector financiero no ha terminado. Continúan sin entender que a un enfermo anémico no basta con recetarle hierro -rescate bancario- , sino se tapona la hemorragia - desempleo y grave endeudamiento de familias y empresas-. ¿Están Ciegos? No creo. Simplemente, están cegados por sus mantras y maniatados por el MOU y sus verdades teológicas. Sin olvidar que detrás de cada conflicto siempre hay intereses.

Por supuesto, ha rechazado nuestras sugerencias de plantearse una reestructuración ordenada de la deuda pública y un proceso de reducción del endeudamiento privado de familias y pymes. Se ha limitado a descalificarlo, sin responder a la pregunta de si conoce al largo de la historia alguna crisis de esta naturaleza que no se haya resuelto con un acuerdo entre deudores y acreedores para la condonación parcial y mora de las deuda pública. La pregunta sigue en el aire.

Con un cierto maniqueísmo ha contestado a nuestras observaciones sobre los graves riesgos de oligopolización bancaria fruto de la crisis y de las respuestas que se están dando. Oligopolio bancario que comportará la exclusión financiera de determinados sectores sociales y falta de competencia, con todas las consecuencias que ello comporta. Nos ha imputado una visión conspirativa del proceso, en una actitud muy típica. Su ideología son verdades científicas, la nuestra deformaciones conspirativas. El oligopolio bancario no será fruto de una conspiración, pero si hijo de algunas decisiones. Por ejemplo, no aprovechar las entidades nacionalizadas para crear banca pública y apostar por su venta y por tanto la concentración bancaria en pocas manos.

En relación al desempleo ha repetido las mismas recetas de siempre, reducción de salarios, más desregulación -la llaman flexibilidad- y menos negociación colectiva - la llaman menos rígida y con menos fuerza de obligar-. También ha quedado sin respuesta nuestro alegato en contra de deprimir salarios. En un país en el que 3 de cada 4 empleos dependen del consumo interno, la bajada de salarios es el camino directo para que la recesión económica se cronifique.

No ha sido capaz de explicar porque los sectores más competitivos, los que exportan bienes o servicios son al mismo tiempo los que tienen mejores condiciones y salarios. La respuesta es obvia, han decidido competir con otras recetas distintas a las de precariedad y bajos salarios. Tampoco ha dado respuesta a la incongruencia que supone explicar el elevado desempleo como consecuencia de las "rigideces" del mercado laboral, cuando el país de la UE en que más ha crecido proporcionalmente el desempleo y no se recupera, Irlanda, es el país con el marco laboral más desregulado de la Unión Europea.

Como no, en este debate ha salido el sector de la automoción. El Gobernador, como Rajoy, Guindos, Soria, Bañez, Montoro o cualquier vocero del PP, cuando sale el tema, sacan a pasear los acuerdos en las empresas del automóvil. Desgraciadamente no conocen otros- a pesar de que existen- pero los mantras tienen estas cosas. Su éxito depende de repetirlo muchas veces. Tantas que no se dan cuenta que en su ejemplo esta su desautorización. Es cierto que los acuerdos de flexibilidad en el sector de la automoción han sido importantes. Pero deberían recordar que la mayoría han sido adoptados mucho antes de la Reforma Laboral del 2012, incluso de la 2011. La flexibilidad, que es distinto a la desregulación, no necesitaba ninguna de las Reformas Laborales impuestas. Sus objetivos no eran flexibilizar, sino imponer bajadas de salarios, debilitar la negociación colectiva, fortalecer el poder empresarial e incentivar la unilateralidad patronal, incluidos los despidos.

Por supuesto no ha querido entrar en el debate del que a nuestro entender es el hilo conductor de algunos de la agravación de nuestros problemas. La responsabilidad es del Gobierno español, pero detrás hay claras imposiciones de instancias ademocráticas. La dificultad para dar una salida justa a preferentes y otros productos híbridos, las presiones para una nueva Reforma Laboral y de Seguridad Social, el proceso de resolución de algunas entidades financieras como Catalunya Banc o NCG tienen en común una cosa. Con la firma del Memorandum de entendimiento, España y su ciudadanía hemos perdido una buena parte de nuestra soberanía.

La lucha es pues de derechos laborales y sociales, pero es también una lucha democrática. Por eso molestan aún más las falacias con las que responsables de instituciones públicas imponen su ideología y los intereses a los que sirven.

dissabte, 8 de juny de 2013

DESCODIFICANDO A LOS EXPERTOS

Sinceramente he dudado mucho en meterme en este berenjenal, pero como la cabra tira al monte, vamos a intentarlo. No es tarea fácil intentar descodificar políticamente el informe de los expertos. Por su complejidad, pero sobre todo porque en este debate se han consolidado al mismo tiempo dos imágenes tan estereotipadas como falsas que es difícil combatir con explicaciones. Una, que es inevitable y urgente la definición del factor de sostenibilidad, sin esperar al período 2027/2032 previsto en la ley 27/2011. Otra, que el informe de los expertos sólo tiene una lectura, la de la reducción de las pensiones y que además el informe es el marco en que debe hacerse la reforma legal. Durante el día de ayer comprobé hasta qué punto estas dos imágenes construidas mediáticamente están consolidadas y dificultan una reflexión serena.

INFORME TAN POLÍTICO COMO TÉCNICO. El informe se presenta como técnico y en buena parte lo es, pero contiene una gran cantidad de valoraciones políticas y juicios de valor estrictamente políticos. Hasta el punto que en muchos de sus apartados las reflexiones políticas solapan claramente las sugerencias técnicas. Ello confirma que el Gobierno nunca debió iniciar el debate de la pensiones intentando marcar las cartas con un informe de “expertos”. Entre otras razones porque los análisis técnicos bien podían haber sido aportados por los propios “expertos” de la Seguridad Social, que a lo largo de décadas han demostrado ser quienes más han acertado en sus proyecciones y los menos contaminados.

Pero me temo que al Gobierno le puede haber salido el tiro por la culata. El informe está lleno de matices, de dobles interpretaciones y de llamadas a la toma de decisiones políticas. Lo que permite intuir que el debate en la Comisión ha sido intenso y que en los temas más conflictivos se ha optado por abrir diferentes interpretaciones y derivar la decisión al Gobierno, al Pacto de Toledo y al Parlamento, como no podría ser de otra manera. Las políticas de pensiones requieren solvencia económica, pero son sobre todo decisiones políticas que no se pueden delegar en el “despotismo ilustrado” de los expertos.

PREJUICIOS Y ADANISMOS. El informe sólo comenzar incurre en dos flagrantes prejuicios. Dar por hecho, sin argumentarlo técnicamente, que es inevitable y urgente adelantar el cálculo del factor de sostenibilidad previsto para entrar el vigor el 2032. Y el habitual adanismo de afirmar que hasta llegar los “expertos” no se han abordado las reformas necesarias.


EL INFORME SE EXTRALIMITA EN EL MANDATO RECIBIDO. El Gobierno del PP intenta justificar su decisión de abordar ahora la reforma en el artículo 8 de la Ley 27/2011 que mandata al establecimiento de un factor de sostenibilidad para el calculo de las pensiones futuras, pero no dice nada de tocar la revalorización de las pensiones actuales. Al proponer una nueva fórmula de revalorización de las pensiones actuales, los expertos lo hacen con criterios políticos para los que no están legitimados democráticamente. Se da la circunstancia que en algunos de los países que han abordado el factor de sostenibilidad, este no afecta a las pensiones presentes.

CARTAS MARCADAS EN EL CÁLCULO DE LA SOSTENIBILIDAD. Todo el informe gira alrededor de una variable importante, como es el aumento de la esperanza de vida a partir de los 65 años, pero ignora otros factores. En el terreno demográfico las entradas de nuevas cohortes al sistema, vía inmigración o aumento de la natalidad – clave en algunos países gracias a las políticas de familia-. O la ampliación de la base de sistema contributivo, con más y mejores cotizaciones. Sin olvidar el impacto de las mejoras de la productividad – con mucho recorrido en España – y de su reparto social de manera equitativa. Con los restrictivos criterios de “sostenibilidad” del informe, el sistema de pensiones construido en Europa durante el siglo XX no hubiera sido posible.

EL INFORME ABRE LA VÍA A CONSEGUIR MÁS INGRESOS. Y puede que esa sea la razón de que el informe incorpore, como un añadido en su página 22, una reflexión sobre las diferentes posibilidades políticas de mejorar la sostenibilidad, no sólo moderando el crecimiento del gasto, sino aumentando los ingresos. Y no sólo los provinientes de cotizaciones sociales, sino vía fiscalidad general. Y ello a pesar que desde los teóricos de la sostenibilidad siempre se ha querido limitar el debate a un ajuste de gastos en función de los recursos disponibles.

UNAS MEDIDAS PROCICLICAS. Al reflexionar y proponer medidas para una nueva forma de revaloración de las pensiones, se insiste en que la nueva propuesta pretende ser anticíclica en relación al impacto de la revalorización en los gastos del sistema. O sea que en períodos de menos crecimiento de la economía, menos revalorización de las pensiones. Pero al hacerlo se ignora que lo que puede ser anticíclico para el sistema de seguridad social, resulta procíclico para el conjunto de la economía. Porque revalorizar menos las pensiones, cuando la economía crece menos, sin duda puede agravar la crisis en una economía con fuerte dependencia del consumo interior.



FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL. Es la formula propuesta para acomodar el crecimiento futuro de las nuevas pensiones. Hasta ahora en el cálculo de las pensiones intervienen tres factores, años cotizados, bases de cotización y edad de jubilación. Y los expertos proponen una cuarta, el de la esperanza de vida prevista en el momento de la jubilación. Una nueva proporcionalidad que significa que a más esperanza de vida, menos % sobre 100 se cobraría. De manera que siempre se cobrara menos del 100% actual si la esperanza mejora y solo se cobrara más de 100% actual si cae la actual esperanza de vida. La formula propuesta por los expertos comporta que cada uno se hace cargo del reparto de su pensión a lo largo de su vida por vivir más años. Aunque de nuevo aparece el matiz en el informe, cuando se dice que nada impide que la solución sea aumentar los ingresos del sistema de seguridad social, siempre que se explique de donde salen estos nuevos ingresos. Como ven, de nuevo, las formulas técnicas ceden el paso a la política, que es de lo que se trata.

FACTOR DE REVALORIACIÓN ANUAL (FRA). Es el que determina como hacer la revalorización de las actuales pensiones, acabando con la revalorización automática para mantener el valor real de las pensiones, que ha funcionado hasta hoy, con la excepción de los años 2011 y 2012. Ya hemos dicho que en este apartado el informe de los expertos se extralimita en sus consejos. Pero lo más interesante es como el informe abre la vía a tantas posibilidades como quiera la política. Después de proponer una formula nueva, que no garantiza el valor real de las pensiones, se introducen algunos matices. Para evitar que la aplicación de su formula de revalorización pueda suponer una reducción del valor nominal de la pensiones, se plantea una cláusula suelo y se dice que para financiarla se usará el Fondo de Reserva, nutrido de los excedentes de las cotizaciones en épocas de bonanza. Y lo que es más curioso, se abre también la posibilidad de que si así se decide políticamente se pueda garantizar el mantenimiento integro del poder adquisitivo, siempre que se habiliten los recursos necesarios y se explique de donde salen.

APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. A pesar de que los expertos no justifican el porqué de su propuesta, se plantea que las reformas deberían aplicarse cuanto antes, dentro el período 2014/2019. El porque de este período transitorio y no otro, no se explica. Aunque no es exagerado pensar que es el margen político, no técnico, que se le da al Gobierno para que el impacto de las medidas no sea visible – ni en pequeñas dosis- hasta pasados dos ciclos electorales, el del 2015 y el del 2019 – en la hipótesis de no adelanto electoral-. Pero hay más, nada impide en el informe que se pueda acordar políticamente que los criterios adoptados entran en vigor después del 2019. Y más aún, se sugiere que sea cual fuere la fecha escogida para la entrada en vigor de los cambios, los nuevos pensionistas reciban a partir del 2014, además de la información de la pensión reconocida, otra en paralelo sobre cual seria su pensión en el caso de haberse aplicado los nuevos criterios. Total que lo que se podría hacer, si así se decide políticamente, que los criterios propuestos no entren en vigor hasta transcurridos unos años de comprobación de cuales serian sus efectos en los pensionistas y en el gasto agregado del sistema.

Bien, hay muchas más cosas y muy interesantes, como una referencia explícita al artículo 135 de la Constitución Española y a los límites que impone a la política democrática.

Espero haber sabido explicar tres cosas: que el informe es todo menos un informe exclusivamente técnico – los eunucos ideológicos no existen- . Que el informe intenta marcar el terreno de juego de la reforma, pero que permite tantas interpretaciones como quiera la política. Y que el Gobierno no debe escudarse en el informe de los expertos y si quiere plantear una reforma, por otra parte no necesariamente urgente, deberá mojarse.

Y será entonces, cuando el Gobierno presente su propuesta política a los agentes sociales y a la Comisión del Pacto de Toledo, cuando de verdad comenzará el debate de fondo y en el terreno del que nunca debió salir, el de las decisiones de las instituciones democráticas.

Si el Gobierno pretendía con el informe marcar la agenda política de los debates, escondiéndose detrás de los expertos, no deberíamos permitírselo. Y además, son tantas y tan variopintas las hipótesis que abre el informe, que al Gobierno no le va a quedar más remedio que responsabilizarse de las propuestas que haga. Y decidir si quiere tirarse a la piscina, y si lo quiere hacer antes o después de las próximas elecciones.


Al final, será la política la que decida, como no puede ser de otra manera y la ciudadanía tiene mucho que decir. Lo contrario significaría sustituir la democracia por el despotismo ilustrado.