divendres, 26 d’abril de 2013

DESCODIFICANCO LA EPA

Es tal la brutalidad que ofrece la imagen del bosque, 6.202.700 personas desempleadas, que dificulta ver el dramatismo que se vive en su interior.
La EPA del primer trimestre de 2013 ilustra la capacidad de destrucción de empleo que tienen la política económica del PP y las obsesiones austericidas de la Troika. Pero no sólo. Y cuando se analizan en detalle, nos dicen muchas más cosas. 


De entrada, conviene destacar que los datos de desempleo no son peores porque ha caído la población activa, a consecuencia del desencanto de muchos desempleados que han dejado de buscar empleo y ya ni constan estadísticamente como activos. Ello es especialmente significativo entre jóvenes.


En relación a la población ocupada, ha caído en 322.300 personas; pero lo más grave es que lo ha hecho en todos los sectores económicos.
A diferencia de los primeros años de crisis, en que la destrucción de empleo se produjo sobre todo en la construcción (50% del total) y en las CCAA con más concentración de ladrillo, en estos momentos la destrucción de empleo es ya generalizada en todos los sectores y CCAA. Eso significa que los ajustes y las reformas han actuado como una bacteria que ha extendido la infección inicial a todo el cuerpo económico. Los niveles de desempleo actuales ya no tienen que ver con el desencadenante de la crisis, sino con el agravamiento producido por las políticas de austeridad suicida. 


El Gobierno dice ahora que nunca prometió que la Reforma Laboral creara empleo, pero la realidad es que no se ha cumplido ni uno solo de los objetivos con los que PP y CiU vendieron su voto favorable a la Reforma Laboral.
La Reforma laboral no ha mejorado la estabilidad en el empleo, al contrario. La tasa de temporalidad ha bajado, pero más a consecuencia de la destrucción masiva de empleo temporal que del crecimiento del indefinido. En el primer año de Reforma Laboral, los asalariados con contrato indefinido se han reducido en 118.400. 


Continúa cayendo también el empleo a jornada completa, mientras crece el de jornada parcial, en su inmensa mayoría no voluntario, es decir: porque a las trabajadoras que lo tienen –son mayoría las mujeres– no les queda más remedio. 


Mientras también baja el número de autónomos, sólo crecen dentro de este colectivo los llamados trabajadores independientes o empresarios sin asalariados. En la neolengua del PP, son los “emprendedores”, abocados a esta nueva modalidad sofisticada de precariedad que es ser explotadores de sí mismos. Eso sí, con un nombre de lo más sugerente: emprendedores.
Y si relacionamos los datos de la EPA con los niveles de cobertura de las prestaciones de desempleo que publica el Servicio Público de Empleo (antiguo INEM), comprobaremos que el nivel de cobertura ha caído en picado. Sólo el 63% de los parados tiene prestación y de estos cerca de la mitad reciben sólo una prestación asistencial mínima. 


Al ver estos datos de prestaciones, retumban las palabras de Rajoy justificando la reducción de las prestaciones de desempleo, acordadas en el Real Decreto Ley 20/2012 y en otros posteriores. Según el Gobierno, la reducción de prestaciones tiene como objetivo promover la búsqueda activa de empleo. O sea, que al parecer nuestro problema es que existen miles de empleos sin cubrir porque los parados tienen un excesivo nivel de prestación social y eso les desincentiva para ser contratados. 


Como pueden comprobar, si la imagen del bosque del desempleo produce escalofríos, los detalles qua aparecen cuando uno se adentra en el bosque son aún más brutales. 


Y mientras, los ciudadanos sólo reciben descalificaciones y consignas.  

dijous, 25 d’abril de 2013

PARO, EPA Y ÉXITOS DEL PP


Puedo entender que el gobierno del PP defienda su política contra viento y marea, pero me resulta incomprensible su insistencia en negar la realidad y su falta de diálogo político y –lo que es más grave– social. 
 
En algunos momentos, parece que Rajoy y su gobierno están aplicando uno de los ejes del Manual de Propaganda de Goebbels: “No hay necesidad de dialogar con las masas, los eslóganes son mucho más efectivos”. 

Ello es especialmente evidente cuando insiste en afirmar los efectos positivos de su Reforma Laboral en el empleo, diga lo que diga la realidad, sea a través de la EPA o de lo que se ve en las calles. 

He defendido siempre que la clave de nuestro elevado desempleo estructural no está en el modelo de relaciones laborales, como así lo han sostenido PSOE primero y PP después, siempre con la complicidad de CiU, para justificar sus Reformas Laborales. 

Cada vez es más evidente que la debilidad del empleo en España tiene una relación directa con las características de nuestro  tejido productivo: la especialización en sectores surfistas de la economía, que tiene un comportamiento muy ciclotímico; la pequeña dimensión de nuestras empresas –el 96% son de menos de 10 trabajadores–,  que las hace especialmente vulnerables a las crisis; la ubicación periférica en términos de organización del trabajo de buena parte de ellas, que las convierte en las primeras víctimas de los ajustes, cuando llega la crisis, frente a la protección de que disponen las empresas centrales que controlan el mercado y los productos o bienes producidos y que externalizan los riesgos a las PIMES.

A esta debilidad estructural se le suma la asfixia de la demanda interna privada y la contracción de la demanda pública, provocada por las políticas de austericidio suicida y salvaje, que han incrementado el impacto inicial de la crisis y lo han extendido como una epidemia a todo el tejido productivo. No debe olvidarse que en España el 75% de los empleos dependen del mercado interno. Por eso, es imposible que se recupere significativamente el empleo si antes no se reduce el sobrendeudamiento de las familias, se facilita crédito a las empresas y se reactiva el consumo público. 

Pero que la Reforma Laboral no sea la principal responsable del incremento del desempleo no significa que no esté incidiendo negativamente en el aumento del paro, por mucho que Rajoy y su gobierno se empeñen en lanzar consignas en sentido contrario. 

La aplicación de la Reforma Laboral, tal como algunos anunciamos, está incentivando el aumento del desempleo al menos por dos vías complementarias. 

Por una parte, al facilitar, y mucho, el despido de los trabajadores y reducir las indemnizaciones, ha producido una incitación del mismo como factor de ajuste. Dice la Ministra Báñez que la Reforma facilita la adaptación de condiciones de trabajo por parte de las empresas y es cierto, hasta extremos inauditos, como por ejemplo la reducción salarial impuesta unilateralmente por su parte. Pero como quiera que, además de la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, la Reforma también ha abierto un gran portalón en las posibilidades de despido, las empresas lo están aprovechando para dar respuesta a la caída de actividad provocada por las políticas de austeridad salvaje. Incluso, en algunos casos, han anticipado los despidos como elemento preventivo ante un agravamiento de la crisis.

Por otra, todas las medidas orientadas a producir una caída de los salarios como mecanismo de devaluación interna están teniendo un impacto real en la capacidad adquisitiva de muchos trabajadores y psicológica en el resto, con lo que no hacen más que aumentar la recesión y el aumento del desempleo. El deterioro de la negociación colectiva, vía caída de la vigencia de los convenios, vía descuelgues unilaterales de las empresas, vía modificación de condiciones de trabajo y salario, incluso contra lo establecido en convenios, está provocando estragos en los salarios y, de rebote, en el empleo. 

Así, se da la circunstancia de que los éxitos de la Reforma Laboral del PP, cuyos objetivos evidentes eran provocar una caída de salarios a corto plazo y a medio debilitar la negociación colectiva como factor disciplinador de la mano de obra, se han convertido en las principales causas de su fracaso en relación al objetivo declarado, pero falso, de la creación de empleo. 
El PP está siendo víctima política de sus propias políticas, porque ha olvidado que, en una economía con un empleo tan dependiente de la demanda interna, una reducción del salario en el sector privado y en el público, de las prestaciones de desempleo y un aumento simultáneo de impuestos, tasas y precios regulados de servicios básicos, no hace más que deteriorar la capacidad adquisitiva de la mayoría y en consecuencia agrava la recesión y el desempleo. Si, además, la reducción del gasto público ha hecho desparecer las políticas activas de empleo, la tormenta perfecta para el aumento del desempleo estaba servida. 

Lo que resulta más grave es que, ante estas evidencias, el PP continúe negándose a ver la realidad y se haya parapetado en la barricada de la teología del austericidio, defendiéndose de las críticas con simples consignas. 

Cuanto más tarde el Gobierno en asumir esta realidad, más se va a retrasar la recuperación y más sufrimiento va a provocar en la ciudadanía. Claro que, aprovechar la crisis para imponer una contrareforma laboral tan dura, era una tentación muy poderosa, a la que el PP no se ha resistido, confirmándose una vez más que “cuando entender una cosa comporta dejar de tener importantes beneficios, los incentivos para no entenderla son muy poderosos”.  
       


dissabte, 13 d’abril de 2013

HONORABILIDAD BANCARIA Y BIPARTIDISMO

Cuando un Gobierno actúa al servicio de un banco o un banquero, el estado de derecho se debilita. Cuando la historia se repite con otro Gobierno de distinto partido, pero con el mismo banquero y dos años después, se hace difícil hablar de estado de derecho.

Eso es lo que ha pasado en España con Alfredo Sáenz, vicepresidente del Banco de Santander, condenado por el Tribunal Supremo en febrero de 2011 por un delito de denuncia falsa contra un cliente, cuando estaba al frente de Banesto. No está de más recordar que se trata de una condena por una acusación falsa que llevó a la cárcel a tres personas inocentes. Encarcelación acordada por el juez Estivill que, durante años, fue miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta de CIU, y que terminó él mismo condenado y en la cárcel por prevaricación.

Después de esta condena, la normativa bancaria vigente impedía a Sáenz continuar como vicepresidente del Santander. A pesar de ello, el Banco de España dirigido por Fernández Ordóñez nunca le aplicó la normativa y le permitió continuar ejerciendo como banquero.

Para dar respaldo a esta irregularidad, el Gobierno Zapatero, después de perder las elecciones y mientras estaba en funciones, le concedió el indulto a Sáenz. Más allá de la valoración política de esta decisión del Gobierno del PSOE, que explica su sometimiento a la gran banca y muchas otras cosas más, el indulto concedido por Zapatero se extralimitó en su contenido.

El Gobierno del PSOE era consciente que el indulto solo cancela las consecuencias penales de la condena, pero no cancela los antecedentes penales. Y sabedor el Gobierno que, con antecedentes penales vigentes por delito doloso Sáenz no podía continuar como vicepresidente del Santander, incluyó una cláusula ilegal en el Decreto de indulto que permitía la continuidad del banquero.

En ese momento Zapatero no solo usó la discrecionalidad que le otorga la ley para conceder indultos,  que es una herencia de las prerrogativas del monarca absoluto, sino que de manera arbitraria se extralimitó en sus funciones. Y lo hizo mientras estaba a punto de dejar el Gobierno y dirigirse al Consejo de Estado como miembro nato.

Durante todo el año 2012, la diputada Laia Ortiz y yo mismo, con el asesoramiento del letrado Rafael Mendoza y actuando en nombre de ICV, hemos ejercido todo tipo de acciones legales. Requerimos al Banco de España para que aplicara la ley y exigiera el cese de Sáenz, con respuesta negativa por parte de su gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Impugnamos el indulto ante el Tribunal Supremo, al igual que lo hicieron otros particulares. Y por último, hemos presentado querella contra el gobernador del Banco de España. Además de requerir al nuevo gobernador, el señor Linde, que cumpliera la ley y exigiera al Santander el cese de Sáenz.

El resultado de momento es que el Tribunal Supremo nos da la razón y dicta sentencia que declara que el indulto otorgado por Zapatero se extralimitó y nunca podía cancelar los antecedentes penales. También se ha admitido a trámite nuestra querella contra MAFO que ha alegado en su descargo que su decisión de salvar a Sáenz la adoptó con el acuerdo unánime de la Comisión Ejecutiva del Banco de España.

Y en esas estábamos, cuando el Gobierno Rajoy, conocedor que el cerco sobre Sáenz se iba estrechando, decide a propuesta de su Ministro de Economía, el banquero Luis de Guindos, modificar la normativa bancaria y especialmente el artículo que impedía a Sáenz continuar como banquero. Este perverso itinerario lo puede cerrar el Banco de España que ahora con una nueva normativa hecha a la medida del banquero, podría rechazar la petición de cese de Sáenz. Aunque puedo asegurar que ICV haremos todo lo posible para que no triunfe tremenda impunidad.

Llegados a este punto, creo que es legítimo que la ciudadanía se formule algunas preguntas:

¿Puede considerarse honorable para dirigir un Banco, un banquero con antecedentes penales vigentes por haber presentado una denuncia falsa contra un cliente y haber provocado con ello la entrada en la cárcel de tres personas inocentes?

¿Tiene legitimidad el Banco de Santander para despedir o sancionar trabajadores por faltas laborales de mucha menos entidad que la del señor Sáenz?

¿Qué razones han tenido Zapatero y Rajoy, el PSOE y el PP, para ponerse al servicio del Banco de Santander?

¿Puede una sociedad soportar que los dos grandes partidos que han protagonizado una alternancia bipartidista en el Gobierno durante cuatro décadas, gobiernen al servicio de un banquero y su banco?

¿Que garantías tenemos que Zapatero en el Consejo de Estado no continúe comportándose de la misma manera? ¿Y Rajoy cuando llegue, después de dejar de ser Presidente del Gobierno?

¿Existe el Estado de Derecho,  cuando se hacen normas pro singulis, es decir al servicio de una persona?

¿Puede un Estado tener legitimidad cuando actúa al servicio de un grupo financiero?

¿Tienen credibilidad algunos políticos cuando se quejan de las movilizaciones sociales, hechas a la luz del día frente a ellos y toleran y se someten a las presiones clandestinas de lobbies y grupos de poder?

¿Hay alguna explicación del comportamiento de la mayoría de los medios de comunicación, silenciando durante dos años este asunto?

¿Se puede hablar de democracia, cuando aparecen cada vez más indicios que entre poder financiero, poder mediático y poder político no existe distinción alguna?

¿Entienden porque algunos estamos hablando de régimen acabado y democracia bloqueada y exigimos un proceso constituyente, que comience por ser "destituyente" de este statuo quo antidemocrático?

dimarts, 9 d’abril de 2013

HISTORIA DE UNA ABERRACIÓN


Si, lo han adivinado. Me refiero al drama social y humano de las hipotecas. Y el título me lo sugirió Fernández Seijo, el Juez de lo Mercantil que  planteó la cuestión prejudicial y provocó con ello la sentencia del Tribunal europeo de Luxemburgo.

Decía el Juez que la aberración consiste en que una institución jurídica que nace hace un siglo para regular cierto tráfico jurídico entre propietarios y bancos, se haya convertido en el principal mecanismo de acceso al derecho a la vivienda.

La aberración, añado yo, es de "trato continuo" y además "in crescendo" . La creciente financiarización de la economía y la vida han convertido la vivienda en un producto financiero refugio de altísima rentabilidad. Y los contratos hipotecarios en la materia prima de las cédulas hipotecarias, uno de los productos financieros de más rentabilidad y seguridad. Obvio,  están garantizados por el patrimonio presente y futuro de las familias.  

Nuestros legisladores además han construido un marco legal profundamente desequilibrado en beneficio del acreedor y en detrimento del deudor. Obvio, también, la prioridad del legislador era y es garantizar la estabilidad del mercado  de cédulas hipotecarias.

La discriminación no solo se da entre deudor y acreedor hipotecario, se produce también en función de la tipología del deudor. Si se trata de un sociedad mercantil, el deudor tiene una segunda oportunidad, la que le ofrece la Ley concursal que le permite reestructurar la deuda, con quita, mora o incluso cancelación de la deuda,  a través de la dación en pago.  En cambio, si el deudor es una particular, no dispone de esa segunda oportunidad. Al contrario, el proceso hipotecario lo sitúa en absoluta indefensión. Esa es la razón por la que las cédulas hipotecarias tienen como garantía  y materia prima las hipotecas de los particulares y no las de sociedades mercantiles. Como ven, continua la aberración.

Por si fuera poco el comportamiento de las entidades financieras multiplica por cien la aberración.  El vencimiento anticipado de toda la deuda aún cuando el impago sea de poca entidad, el cálculo de intereses moratorios sobre el total de la hipoteca, no sólo sobre lo que se debe. Las tasaciones elevadas cuando se trata de conceder hipotecas y bajísimas cuando se trata de subastar el bien hipotecado.

Son tantas las aberraciones cometidas en cuatro décadas que solo se explica que hasta ahora no se haya producido una rebelión social, por el hecho de que la economía permitía a las familias soportar tanta aberración.

Lo dramático es que el PP parece no quererse enterar. Las propuestas planteadas para dar respuesta, mejor sería decir dar un capotazo a la ILP, lo confirman. No abordan el problema de fondo y además van a producir profundas desigualdades, en función de quienes puedan y quienes no acogerse a sus propuestas de mínimos.

Llegados aquí, la pregunta a hacerse es por las razones de este contumaz comportamiento. ¿Es el Gobierno y el PP especialmente insensible o patológicamente ciego? No lo descarto, pero creo que el factor determinante es otro. El PP continúa más preocupado por el impacto que los cambios legislativos puedan producir en el mercado de cédulas hipotecarias que por las familias hipotecadas.

El resultado puede ser que, una vez más, el conflicto se cierre en falso. Y que sean la movilización social y los Tribunales quien se lo recuerde cada día. Por nuestra parte vamos a intentar que así sea. Y si el PP no escucha hoy, deberá hacerlo en los próximos meses.

Por eso ha llegado el momento que el Gobierno se plantee en serio un cambio radical de su política, basado en dos ejes.

De una parte, cambios en nuestra legislación que permitan la reestructuración de la deuda hipotecaria, con quita, mora o dación en pago, a través de un proceso de segunda oportunidad, parecido al que ya tienen las sociedades mercantiles.

De otra, que la garantía del mercado de cédulas hipotecarias no se construya sobre las cenizas de la vida de las familias. Debería utilizarse los recursos no movilizados del rescate bancario - Autorizaron hasta 100.000 millones de euros y se han utilizado menos de 40.000- para la compra de los créditos hipotecarios y su posterior negociación en condiciones de equilibrio. Así podría garantizase una solución justa, el desendeudamiento de las familias y con ello su "normalización" como agentes económicos, al tiempo que no se afectaría a las entidades financieras, ni al mercado de hipotecas. Ya que el rescate a los bancos se va a pagar con recursos públicos, al menos que tenga una finalidad social.

Otra cosa es que de cara al futuro se legisle para evitar que el derecho a la vivienda de los ciudadanos pueda ser la materia prima de un mercado financiero. Esta es la mayor de las aberraciones y el origen de todas las demás. SÍ hay alternativas, SÍ se puede.

dilluns, 1 d’abril de 2013

ES EL DERECHO A LA VIVIENDA, ESTÚPIDOS


El martes 2 de abril se constituye en el Congreso la Ponencia que debatirá la ILP impulsada por la PAH, organizaciones sociales y sindicatos. A pesar de que durante la legislatura hemos presentado iniciativas parlamentarias para dar solución al drama que viven las familias desahuciadas, la mayoría absoluta del PP las ha bloqueado. Y han tenido que ser las movilizaciones sociales y los Tribunales – españoles y europeos- los que han situado este problema en la agenda social y política.

El debate ha adquirido centralidad social, pero de momento prima más el ruido que la reflexión. Todo apunta a que no se quiere abordar el problema de fondo, porque ello supondría desmontar un entramado de intereses económicos que durante años se han impuesto sobre el derecho social a la vivienda.

El problema ha explotado con la crisis económica, pero sus raíces son mucho más profundas. En España, la vivienda es un derecho social que la Constitución reconoce pero que los poderes públicos no protegen. Durante décadas se ha construido un modelo económico, en que la vivienda como bien de uso social y derecho básico ha sido sustituida por la vivienda como factor económico de múltiples usos, utilidades y rentabilidades.

Desde los poderes públicos se primó el acceso a la propiedad frente al alquiler. Se incentivó que la vivienda fuera la preferente forma de ahorro de las familias. El suelo y las promociones inmobiliarias se convirtieron en productos de elevada rentabilidad, al que acudieron capitales de todo tipo y de todo el globo que obtuvieron grandes plusvalías. La fiscalidad sobre el suelo y la vivienda acabó siendo una de las principales fuentes de ingresos de Administraciones Locales y CCAA, por otro lado, maltratadas fiscalmente. Los créditos hipotecarios han sido el mecanismo para que las familias sin ingresos suficientes accedieran a una vivienda, pero también la materia prima de un mercado financiero de elevada seguridad y rentabilidad, el de las células hipotecarias.

En este escenario, al llegar la crisis y los conflictos entre diferentes intereses en juego, la vivienda como derecho social ha continuado relegada en el orden de prioridades.

Especialmente en relación al mercado hipotecario que, con una mano facilita el acceso al crédito, vía endeudamiento de por vida, a los ciudadanos a los que su trabajo no garantiza rentas suficientes. Y con la otra, mantiene un claro desequilibrio legal entre los derechos del deudor hipotecario y los del acreedor. En España tiene más protección como consumidor el comprador a plazo de un bien de consumo como un electrodoméstico o un coche, que el deudor hipotecario. Esto es lo que ha llevado al Tribunal de la UE a calificar como abusivas algunas de las cláusulas de los contratos hipotecarios avalados por nuestra legislación, en lo que solo es la punta del iceberg de una profunda injusticia.

Detrás de esta sobreprotección del acreedor hipotecario frente a la familia deudora no solo están los intereses de los bancos, sino los de los inversores en cédulas hipotecarias. Inversiones que tienen en la garantía hipotecaria – el patrimonio presente y futuro del deudor – la mayor seguridad de rentabilidad del capital invertido. El principal argumento utilizado por el PP para oponerse a la ILP es el impacto negativo que tendría en un mercado hipotecario de 525.000 millones de euros, cuya garantía de rentabilidad son las hipotecas suscritas por las familias.

Hoy, nuestro principal objetivo es que el derecho social a la vivienda pase a ser el principal bien jurídico a proteger. Y el reto del Congreso es identificar las reformas imprescindibles para garantizar la prioridad de la vivienda como derecho social, restituyendo los muchos equilibrios rotos durante años para salvaguardar otros intereses económicos en juego.

Pero no basta con reformas de futuro. Además, debe darse una respuesta excepcional a un problema también excepcional, la imposibilidad de pago por parte de miles de familias del crédito hipotecario suscrito para acceder a una vivienda. El debate social ha señalado como solución la dación en pago – es decir la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación de todo el préstamo hipotecario-. Esta no es ni puede ser la única solución, pero la dación en pago no puede quedar al margen de las posibles opciones a las que pueda acceder el deudor de buena fe.

Hasta ahora, las medidas “placebo” del Gobierno lo dejan todo en manos de las entidades financieras y no permiten a las familias hipotecadas tener una “segunda oportunidad”. Para ello resulta clave que las familias puedan optar a procesos de reestructuración de sus deudas, a través de la mora, la quita o la dación en pago. Debe recordarse que se trata de situaciones de insolvencia sobrevenida, de buena fe, que afectan al domicilio habitual de familias que no tienen otra vivienda ni patrimonio con el que responder. Y ello debe ir acompañado de medidas orientadas a facilitar el alquiler social a las familias que se han quedado sin vivienda.

Estas propuestas tienen a su favor grandes argumentos. No es de recibo que las entidades financieras hayan aceptado estas formulas de reestructuración de la deuda, incluida la dación en pago, en el caso de inmobiliarias, por importes que superan los 100.000 millones de euros, y que no estén dispuestos a aceptarlos de las familias por un importe difícil de cuantificar pero que no supera el 10% del asumido para las sociedades mercantiles. Permitir la reestructuración de las deudas hipotecarias, incluida la dación en pago, contribuiría a reducir el sobreendeudamiento de las familias, que además de ser una medida de justicia, es una de las condiciones económicas imprescindibles para salir de la crisis.

Somos conscientes que se trata de una media excepcional en el orden jurídico, pero más lo ha sido aceptar que a las entidades financieras no se les aplique las leyes del mercado y que los recursos públicos sirvan para socializar pérdidas de los bancos, mientras los beneficios de las entidades solventes continúan siendo privados.

Otra medida clave sería ofrecer en alquiler social el inmenso parque de viviendas en propiedad del SAREB – Banco malo – o de las entidades financieras nacionalizadas. Además de resolver muchas situaciones límite, seria también una buena solución económica para el callejón sin salida en que se encuentran estas entidades financieras. Si venden rápido los activos inmobiliarios deberán hacerlo muy por debajo del valor contable actual – incluso después de su actualización a la baja fruto de la reestructuración financiera- con lo cual se deteriora más su capitalización. Y si esperan a que los precios suban, el plazo será muy largo, con lo que se dificulta la reactivación económica y se asfixia a las empresas del sector. Esta seria una buena manera de dar cumplimiento a la función social que debe tener la propiedad privada, recogida en el artículo 33 de la CE y además sería una decisión económicamente inteligente.

Pero todo ello parece estar lejos de las previsiones de los poderes económicos y sus representantes políticos en el Gobierno. La razón para no abordar estas medidas, que algunos hemos planteado reiteradamente, es la misma que llevó a construir un sistema de acceso a la vivienda tan injusto como desequilibrado. Son muchos los intereses en juego y sobre todo no se quiere desmontar el andamiaje sobre el que se construyó un modelo económico que ha aportado grandes beneficios.

En el fondo de todo subyace una evidencia, los poderes económicos, los poderes públicos y su legislación se han olvidado de lo fundamental. “Lo prioritario es el derecho a una vivienda digna, estúpidos”.