dilluns, 2 de desembre de 2013

GOBERNANDO AL DICTADO Y CHAPUCERAMENTE


Zapatero acaba de hacer pública la carta que le remitió en agosto del 2011 el Presidente del BCE Trichet, ordenándole cual debía ser la política económica de España y dándole las indicaciones exactas y minuciosas de las medidas que debía adoptar.

Los dos aspectos más significativos que nos muestra la carta es que España tiene su soberanía política secuestrada desde Mayo del 2010 y que la crisis esta siendo la excusa para una claro retroceso democrático y social en España y en el conjunto de la Unión Europea. Las decisiones no las adoptan quienes tienen la legitimidad democrática de sus ciudadanos, sino quienes representan el interés de los mercados financieros. Lo deja muy claro Trichet, cuando en su carta emplaza a Zapatero a " adoptar medidas urgentes encaminadas a devolver la credibilidad de la firma soberana en los mercados de capitales".

Todas las evidencias apuntan que aquella carta no fue una excepción y que desde entonces los Gobiernos de Zapatero y Rajoy están sometidos a los intereses de los mercados de capitales y a los dictados políticos de espacios no democráticos como la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea). Algunas de estas indicaciones son públicas, como el Memorándum con los compromisos de España a cambio de las ayudas para el rescate bancario. Otros mandatos son más opacos y menos conocidos por la ciudadanía, y en consecuencia, más nocivos desde una perspectiva democrática y social.

Este es el caso de la anunciada tercera Reforma Laboral de Rajoy. Si hemos de hacer caso a Guindos, que parece ser el verdadero Ministro de Empleo, se pretende modificar de nuevo el contrato a tiempo parcial, cambiar la regulación de las modalidades de contratación y también aspectos de la negociación colectiva. Parece que también de la regulación de los Expedientes de Regulación de Empleo, ante los varapalos que la nueva regulación de los despidos colectivos esta recibiendo en los Tribunales.

Más allá del error intencionado que supone pretender que sean las medidas laborales las que permitan generar empleo, cuando los problemas son la falta de crédito para las empresas, especialmente las PIMES, y la asfixia del consumo interno, del que dependen 3 de cada 4 puestos de trabajo, el anuncio de Guindos confirma dos cosas. Que a pesar del cacareado fin del rescate, España continúa intervenida y sometida al dictado de los mercados de capitales. Y que esa forma de gobernar además de antidemocrática, es especialmente chapucera.

La hiperactividad legislativa de este Gobierno esta deteriorando la seguridad jurídica que es exigible a las normas jurídicas. La semana pasada se aprobaba la llamada Ley de Transparencia, y antes de entrar en vigor ya era objeto de una propuesta de modificación en otro proyecto de Ley en tramitación simultánea.

En materia de empleo, el Congreso ha llegado a tramitar al mismo tiempo, dos leyes distintas, orientadas teoricamente a promover el emprendimiento. Y las relaciones laborales son objeto de cambios constantes que convierten la normativa, especialmente de contratación en una selva en la que hay que abrirse paso a machetazos.

Hace solo tres meses, la Ministra de Empleo presentaba en el Congreso un auto-balance de la Reforma Laboral aprobada con los votos del PP y CIU. Y ante las evidencias que la Reforma no había cumplido sus objetivos de reducir el desempleo y mejorar la calidad del empleo, la Ministra se justificaba diciendo que era pronto para ver los "milagrosos" efectos prometidos y que necesitamos esperar.

Que nos pidiera calma y tiempo para comprobar los benéficos efectos de su Reforma Laboral, no fue obstáculo, para que incluso antes de la presentación de su auto-balance, el Gobierno hubiera aprobado nuevos cambios legales en las relaciones laborales. Lo hizo con el Real Decreto Ley 11/2013. Y ahora, cuando esta norma aún se está tramitando como Proyecto de Ley, el Gobierno, a través de Guindos, nos informa que llega una tercera Reforma Laboral en menos de dos años.

Toda la literatura científica coincide en que una de las claves de la competitividad de un país está en su calidad institucional. Y que esta depende entre otras cosas de la estabilidad normativa y la seguridad jurídica.

La manera de actuar del Gobierno Rajoy, además de ser antisocial y profundamente corrosiva para la democracia, esta siendo muy chapucera. Hoy el Gobierno del PP es el principal riesgo para la seguridad jurídica de España, que es tanto como decir para la recuperación económica.

1 comentari:

Climent Sensada Marco ha dit...

A parte de todo esto como podemos creer en un Gobierno que pierde cada dia 1400 puestos de trabajo, crea un defecit de 11.000 millones de euros a la seguridad social, que las pensiones no contributivas no se compensen al 100% a la caja de la seguridad social, o que los bancos solo tributen a hacienda publica un 14 y poco por ciento de sus benificios, esto es una verguenza nacional.

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