LOS “ÉXITOS” DE LA REFORMA LABORAL PP-CIU

Hoy en pleno “ferragosto” el Gobierno español presenta el balance de 18 meses de aplicación de la Reforma Laboral aprobada por PP y CIU.

Como es lógico, los mentores de la reforma laboral defienden sus “logros” con el argumento de que sin ella hubiera sido todo mucho peor. Un argumento que por ucrónico es imposible debatir.

El balance de la reforma laboral se puede hacer con distintos parámetros. En función de los objetivos que decía perseguir. O en base a sus verdaderos objetivos, los de la agenda oculta del Gobierno, hoy ya muy evidentes. También analizando los impactos estructurales que están provocando en las relaciones laborales y el modelo económico y productivo de nuestro país.

Si atendemos a los objetivos que el Gobierno, PP y CIU y la propia norma en su exposición de motivos decían perseguir: reducir el desempleo, mejorar la calidad del empleo y apostar porque el ajuste se hiciera vía “flexibilidad interna” y no destrucción de empleo, el balance es un monumental fracaso. Todos los datos, se miren como se miren, confirman que no solo no se ha recuperado el empleo, sino que la destrucción ha continuado a unos ritmos brutales. Este año 2013, también se va a cerrar con una importante destrucción de empleo en términos interanuales. Sea, cual sea el parámetro de calidad del empleo, estabilidad, salarios o condiciones de trabajo, el balance es catastrófico. Más temporalidad, caída generalizada de los salarios y deterioro de condiciones de trabajo. Y si atendemos al objetivo de modificar los mecanismos de ajuste frente a la crisis, el fracaso es también rotundo. Han aumentando los procesos de desregulación de condiciones de trabajo, pero eso no ha supuesto menos destrucción de empleo, al contrario. Las empresas han utilizado indistinta y complementariamente los muchos mecanismos de ajuste unilateral que la reforma laboral ha puesto a su alcance.

Este fracaso de la reforma laboral es solo aparente porque si se atiende a sus verdaderos objetivos ha sido todo un éxito. La agenda oculta, hoy muy evidente, de la reforma buscaba unos objetivos muy distintos a los declarados. Provocar una devaluación de salarios – no de rentas, porque los beneficios empresariales no quedan afectados – como principal mecanismo de desendeudamiento de la economía. Aprovechar la crisis para imponer una contrarreforma en el modelo de relaciones laborales que diera todo el poder a las empresas y deteriorara la capacidad de la negociación colectiva.

Para justificar la Reforma, sus defensores argumentaron una supuesta rigidez salarial que impedía un ajuste no traumático y provocaba destrucción de empleo. Hoy ya es evidente que eso es absolutamente falso. En su momento y aprovechando la debilidad y atraso de nuestras fuentes estadísticas, se utilizaron datos de salario medio del Registro de Convenios Colectivos y del INE para justificar que en 2009 los salarios no bajaban. Se ocultó lo que se conoce como efecto composición. En la medida que la destrucción de empleo afectó inicialmente a temporales con salario más bajo, la media prácticamente no se movía, pero en términos reales los salarios comenzaron a caer en picado ya en 2009.

Hoy se disponen de más datos que desmienten la falacia de la rigidez salarial. Si se atiende a la evolución del salario medio por hora se pasó de un incremento del 4,8% en 2008 al 0,7% del 2010. Si atendemos a la Muestra Continúa de Vidas Laborales (muestra entre trabajadores más estables y mejores salarios) la caída es más espectacular en el sector privado donde se pasa del 5,8% de incremento del 2008 al 0,3% en el 2009. Todos estos datos son corroborados por las memorias de la Agencia Tributaria hasta el 2011.

¿Y si no había rigidez salarial, cual era el objetivo salarial de la reforma? Provocar una devaluación interna vía salarios que sirviera como mecanismo de devaluación interna de la economía y de desendeudamiento de las empresas. Y lo ha conseguido. Durante la crisis, los salarios han perdido peso en la distribución de la renta, han pasado de significar el 54% del PIB en 2008 al 49% a comienzos del 2013. Esta pérdida salarial no ha ido ni a mantener empleo, ni a reinversión productiva, sino a beneficios con los que se ha reducido el endeudamiento de las empresas, por un importe que supera los 60.000 millones de euros. Los trabajadores han contribuido pues de manera forzada al saneamiento económico por partida doble. Haciendo de banco para las empresas privadas con una parte de su salario y pagando el rescate bancario con sus impuestos.

El segundo gran objetivo de la reforma era y es devaluar estructuralmente el papel de la negociación colectiva y reducir la capacidad de intervención sindical en las relaciones laborales. Todos los datos, que tendremos oportunidad de ir comentando más adelante, apuntan a otro éxito de la reforma laboral. Los mecanismos de ajuste interno se han convertido en unilaterales. Hoy la modificación substancial de condiciones de trabajo (art 41 ET), la desaparición de la autorización administrativa previa en los ERES, el descuelgue empresarial de los acuerdos colectivos, la prioridad del convenio de empresa “in peius” o sea peor que el sectorial y la caída de la vigencia de los convenios ha provocado un tsunami desregulador.

Nótese que son reformas que se hacen por razones coyunturales, la crisis, pero tienen impactos estructurales.

Aquí conviene destacar que los Tribunales han puesto ciertos límites a los objetivos desreguladores de la reforma utilizando para ello la doctrina del Constitucional sobre el artículo 35 de la CE, los Convenios de la OIT y la Directiva de despidos colectivos de la UE.  Es por eso que, las grandes empresas, insaciables, han puesto en marcha una campaña para exigir una nueva reforma. Que parece ser que la Ministra Bañez pretende abordar con el zafío argumento de mejoras técnicas. Al parecer se trata de nuevo de impedir o dificultar al máximo la tutela judicial de los trabajadores. Alerta con los intentos de aprobar el contrato único, el rey de las falacias desreguladoras.

Solo 18 meses de aplicación de la reforma laboral ya han sido suficientes para comprobar algunos de sus perversos efectos colaterales. Tres muy evidentes: la caída de la calidad del empleo y los salarios además de su impacto social está dificultando la salida de la crisis en un país en el cual 3 de cada 4 trabajadores dependen del consumo interno. Las políticas de precariedad están incentivando aún más una apuesta por un tejido productivo escasamente competitivo y dificultarán el deseado cambio de patrón productivo. El mercado laboral español es un incentivo de primer orden para alimentar nuevas burbujas especulativas. Y están apareciendo evidencias de “dumping social” interno. La posibilidad de que convenios de empresa puedan establecer condiciones peores que el sectorial esta provocando su proliferación artificial, especialmente en el sector de servicios a empresas y administraciones públicas. Las empresas serias están perdiendo la batalla frente a las empresas buitres gracias a la reforma.

Mi último comentario se refiere a Catalunya. Sorprende, o quizás no, que mientras se habla desde CIU de crear estructuras de Estado, se contribuya con su voto a la destrucción de las existentes. Antes de la reforma laboral, el Gobierno catalán podía intervenir en los ERES, ejerciendo su capacidad política y administrativa. Hoy gracias a la reforma aprobada por PP y CIU esta capacidad ha desaparecido. Se confirma una vez más el modelo que algunos quieren para Catalunya consiste en disputar el poder político a España, para cedérselo a los mercados. No es això companys, no és això.