El
martes 2 de abril se constituye en el Congreso la Ponencia que
debatirá la ILP impulsada por la PAH, organizaciones sociales y
sindicatos. A pesar de que durante la legislatura hemos presentado
iniciativas parlamentarias para dar solución al drama que viven las
familias desahuciadas, la mayoría absoluta del PP las ha bloqueado.
Y han tenido que ser las movilizaciones sociales y los Tribunales –
españoles y europeos- los que han situado este problema en la agenda
social y política.
El
debate ha adquirido centralidad social, pero de momento prima más el
ruido que la reflexión. Todo apunta a que no se quiere abordar el
problema de fondo, porque ello supondría desmontar un entramado de
intereses económicos que durante años se han impuesto sobre el
derecho social a la vivienda.
El
problema ha explotado con la crisis económica, pero sus raíces son
mucho más profundas. En España, la vivienda es un derecho social
que la Constitución reconoce pero que los poderes públicos no
protegen. Durante décadas se ha construido un modelo económico, en
que la vivienda como bien de uso social y derecho básico ha sido
sustituida por la vivienda como factor económico de múltiples usos,
utilidades y rentabilidades.
Desde
los poderes públicos se primó el acceso a la propiedad frente al
alquiler. Se incentivó que la vivienda fuera la preferente forma de
ahorro de las familias. El suelo y las promociones inmobiliarias se
convirtieron en productos de elevada rentabilidad, al que acudieron
capitales de todo tipo y de todo el globo que obtuvieron grandes
plusvalías. La fiscalidad sobre el suelo y la vivienda acabó siendo
una de las principales fuentes de ingresos de Administraciones
Locales y CCAA, por otro lado, maltratadas fiscalmente. Los créditos
hipotecarios han sido el mecanismo para que las familias sin ingresos
suficientes accedieran a una vivienda, pero también la materia prima
de un mercado financiero de elevada seguridad y rentabilidad, el de
las células hipotecarias.
En
este escenario, al llegar la crisis y los conflictos entre diferentes
intereses en juego, la vivienda como derecho social ha continuado
relegada en el orden de prioridades.
Especialmente
en relación al mercado hipotecario que, con una mano facilita el
acceso al crédito, vía endeudamiento de por vida, a los ciudadanos
a los que su trabajo no garantiza rentas suficientes. Y con la otra,
mantiene un claro desequilibrio legal entre los derechos del deudor
hipotecario y los del acreedor. En España tiene más protección
como consumidor el comprador a plazo de un bien de consumo como un
electrodoméstico o un coche, que el deudor hipotecario. Esto es lo
que ha llevado al Tribunal de la UE a calificar como abusivas algunas
de las cláusulas de los contratos hipotecarios avalados por nuestra
legislación, en lo que solo es la punta del iceberg de una profunda
injusticia.
Detrás
de esta sobreprotección del acreedor hipotecario frente a la familia
deudora no solo están los intereses de los bancos, sino los de los
inversores en cédulas hipotecarias. Inversiones que tienen en la
garantía hipotecaria – el patrimonio presente y futuro del deudor
– la mayor seguridad de rentabilidad del capital invertido. El
principal argumento utilizado por el PP para oponerse a la ILP es el
impacto negativo que tendría en un mercado hipotecario de 525.000
millones de euros, cuya garantía de rentabilidad son las hipotecas
suscritas por las familias.
Hoy,
nuestro principal objetivo es que el derecho social a la vivienda
pase a ser el principal bien jurídico a proteger. Y el reto del
Congreso es identificar las reformas imprescindibles para garantizar
la prioridad de la vivienda como derecho social, restituyendo los
muchos equilibrios rotos durante años para salvaguardar otros
intereses económicos en juego.
Pero
no basta con reformas de futuro. Además, debe darse una respuesta
excepcional a un problema también excepcional, la imposibilidad de
pago por parte de miles de familias del crédito hipotecario suscrito
para acceder a una vivienda. El debate social ha señalado como
solución la dación en pago – es decir la entrega de la vivienda a
cambio de la cancelación de todo el préstamo hipotecario-. Esta no
es ni puede ser la única solución, pero la dación en pago no puede
quedar al margen de las posibles opciones a las que pueda acceder el
deudor de buena fe.
Hasta
ahora, las medidas “placebo” del Gobierno lo dejan todo en manos
de las entidades financieras y no permiten a las familias hipotecadas
tener una “segunda oportunidad”. Para ello resulta clave que las
familias puedan optar a procesos de reestructuración de sus deudas,
a través de la mora, la quita o la dación en pago. Debe recordarse
que se trata de situaciones de insolvencia sobrevenida, de buena fe,
que afectan al domicilio habitual de familias que no tienen otra
vivienda ni patrimonio con el que responder. Y ello debe ir
acompañado de medidas orientadas a facilitar el alquiler social a
las familias que se han quedado sin vivienda.
Estas
propuestas tienen a su favor grandes argumentos. No es de recibo que
las entidades financieras hayan aceptado estas formulas de
reestructuración de la deuda, incluida la dación en pago, en el
caso de inmobiliarias, por importes que superan los 100.000 millones
de euros, y que no estén dispuestos a aceptarlos de las familias por
un importe difícil de cuantificar pero que no supera el 10% del
asumido para las sociedades mercantiles. Permitir la reestructuración
de las deudas hipotecarias, incluida la dación en pago, contribuiría
a reducir el sobreendeudamiento de las familias, que además de ser
una medida de justicia, es una de las condiciones económicas
imprescindibles para salir de la crisis.
Somos
conscientes que se trata de una media excepcional en el orden
jurídico, pero más lo ha sido aceptar que a las entidades
financieras no se les aplique las leyes del mercado y que los
recursos públicos sirvan para socializar pérdidas de los bancos,
mientras los beneficios de las entidades solventes continúan siendo
privados.
Otra
medida clave sería ofrecer en alquiler social el inmenso parque de
viviendas en propiedad del SAREB – Banco malo – o de las
entidades financieras nacionalizadas. Además de resolver muchas
situaciones límite, seria también una buena solución económica
para el callejón sin salida en que se encuentran estas entidades
financieras. Si venden rápido los activos inmobiliarios deberán
hacerlo muy por debajo del valor contable actual – incluso después
de su actualización a la baja fruto de la reestructuración
financiera- con lo cual se deteriora más su capitalización. Y si
esperan a que los precios suban, el plazo será muy largo, con lo que
se dificulta la reactivación económica y se asfixia a las empresas
del sector. Esta seria una buena manera de dar cumplimiento a la
función social que debe tener la propiedad privada, recogida en el
artículo 33 de la CE y además sería una decisión económicamente
inteligente.
Pero
todo ello parece estar lejos de las previsiones de los poderes
económicos y sus representantes políticos en el Gobierno. La razón
para no abordar estas medidas, que algunos hemos planteado
reiteradamente, es la misma que llevó a construir un sistema de
acceso a la vivienda tan injusto como desequilibrado. Son muchos los
intereses en juego y sobre todo no se quiere desmontar el andamiaje
sobre el que se construyó un modelo económico que ha aportado
grandes beneficios.
En el
fondo de todo subyace una evidencia, los poderes económicos, los
poderes públicos y su legislación se han olvidado de lo
fundamental. “Lo prioritario es el derecho a una vivienda digna,
estúpidos”.
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