ES EL DERECHO A LA VIVIENDA, ESTÚPIDOS

El martes 2 de abril se constituye en el Congreso la Ponencia que debatirá la ILP impulsada por la PAH, organizaciones sociales y sindicatos. A pesar de que durante la legislatura hemos presentado iniciativas parlamentarias para dar solución al drama que viven las familias desahuciadas, la mayoría absoluta del PP las ha bloqueado. Y han tenido que ser las movilizaciones sociales y los Tribunales – españoles y europeos- los que han situado este problema en la agenda social y política.

El debate ha adquirido centralidad social, pero de momento prima más el ruido que la reflexión. Todo apunta a que no se quiere abordar el problema de fondo, porque ello supondría desmontar un entramado de intereses económicos que durante años se han impuesto sobre el derecho social a la vivienda.

El problema ha explotado con la crisis económica, pero sus raíces son mucho más profundas. En España, la vivienda es un derecho social que la Constitución reconoce pero que los poderes públicos no protegen. Durante décadas se ha construido un modelo económico, en que la vivienda como bien de uso social y derecho básico ha sido sustituida por la vivienda como factor económico de múltiples usos, utilidades y rentabilidades.

Desde los poderes públicos se primó el acceso a la propiedad frente al alquiler. Se incentivó que la vivienda fuera la preferente forma de ahorro de las familias. El suelo y las promociones inmobiliarias se convirtieron en productos de elevada rentabilidad, al que acudieron capitales de todo tipo y de todo el globo que obtuvieron grandes plusvalías. La fiscalidad sobre el suelo y la vivienda acabó siendo una de las principales fuentes de ingresos de Administraciones Locales y CCAA, por otro lado, maltratadas fiscalmente. Los créditos hipotecarios han sido el mecanismo para que las familias sin ingresos suficientes accedieran a una vivienda, pero también la materia prima de un mercado financiero de elevada seguridad y rentabilidad, el de las células hipotecarias.

En este escenario, al llegar la crisis y los conflictos entre diferentes intereses en juego, la vivienda como derecho social ha continuado relegada en el orden de prioridades.

Especialmente en relación al mercado hipotecario que, con una mano facilita el acceso al crédito, vía endeudamiento de por vida, a los ciudadanos a los que su trabajo no garantiza rentas suficientes. Y con la otra, mantiene un claro desequilibrio legal entre los derechos del deudor hipotecario y los del acreedor. En España tiene más protección como consumidor el comprador a plazo de un bien de consumo como un electrodoméstico o un coche, que el deudor hipotecario. Esto es lo que ha llevado al Tribunal de la UE a calificar como abusivas algunas de las cláusulas de los contratos hipotecarios avalados por nuestra legislación, en lo que solo es la punta del iceberg de una profunda injusticia.

Detrás de esta sobreprotección del acreedor hipotecario frente a la familia deudora no solo están los intereses de los bancos, sino los de los inversores en cédulas hipotecarias. Inversiones que tienen en la garantía hipotecaria – el patrimonio presente y futuro del deudor – la mayor seguridad de rentabilidad del capital invertido. El principal argumento utilizado por el PP para oponerse a la ILP es el impacto negativo que tendría en un mercado hipotecario de 525.000 millones de euros, cuya garantía de rentabilidad son las hipotecas suscritas por las familias.

Hoy, nuestro principal objetivo es que el derecho social a la vivienda pase a ser el principal bien jurídico a proteger. Y el reto del Congreso es identificar las reformas imprescindibles para garantizar la prioridad de la vivienda como derecho social, restituyendo los muchos equilibrios rotos durante años para salvaguardar otros intereses económicos en juego.

Pero no basta con reformas de futuro. Además, debe darse una respuesta excepcional a un problema también excepcional, la imposibilidad de pago por parte de miles de familias del crédito hipotecario suscrito para acceder a una vivienda. El debate social ha señalado como solución la dación en pago – es decir la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación de todo el préstamo hipotecario-. Esta no es ni puede ser la única solución, pero la dación en pago no puede quedar al margen de las posibles opciones a las que pueda acceder el deudor de buena fe.

Hasta ahora, las medidas “placebo” del Gobierno lo dejan todo en manos de las entidades financieras y no permiten a las familias hipotecadas tener una “segunda oportunidad”. Para ello resulta clave que las familias puedan optar a procesos de reestructuración de sus deudas, a través de la mora, la quita o la dación en pago. Debe recordarse que se trata de situaciones de insolvencia sobrevenida, de buena fe, que afectan al domicilio habitual de familias que no tienen otra vivienda ni patrimonio con el que responder. Y ello debe ir acompañado de medidas orientadas a facilitar el alquiler social a las familias que se han quedado sin vivienda.

Estas propuestas tienen a su favor grandes argumentos. No es de recibo que las entidades financieras hayan aceptado estas formulas de reestructuración de la deuda, incluida la dación en pago, en el caso de inmobiliarias, por importes que superan los 100.000 millones de euros, y que no estén dispuestos a aceptarlos de las familias por un importe difícil de cuantificar pero que no supera el 10% del asumido para las sociedades mercantiles. Permitir la reestructuración de las deudas hipotecarias, incluida la dación en pago, contribuiría a reducir el sobreendeudamiento de las familias, que además de ser una medida de justicia, es una de las condiciones económicas imprescindibles para salir de la crisis.

Somos conscientes que se trata de una media excepcional en el orden jurídico, pero más lo ha sido aceptar que a las entidades financieras no se les aplique las leyes del mercado y que los recursos públicos sirvan para socializar pérdidas de los bancos, mientras los beneficios de las entidades solventes continúan siendo privados.

Otra medida clave sería ofrecer en alquiler social el inmenso parque de viviendas en propiedad del SAREB – Banco malo – o de las entidades financieras nacionalizadas. Además de resolver muchas situaciones límite, seria también una buena solución económica para el callejón sin salida en que se encuentran estas entidades financieras. Si venden rápido los activos inmobiliarios deberán hacerlo muy por debajo del valor contable actual – incluso después de su actualización a la baja fruto de la reestructuración financiera- con lo cual se deteriora más su capitalización. Y si esperan a que los precios suban, el plazo será muy largo, con lo que se dificulta la reactivación económica y se asfixia a las empresas del sector. Esta seria una buena manera de dar cumplimiento a la función social que debe tener la propiedad privada, recogida en el artículo 33 de la CE y además sería una decisión económicamente inteligente.

Pero todo ello parece estar lejos de las previsiones de los poderes económicos y sus representantes políticos en el Gobierno. La razón para no abordar estas medidas, que algunos hemos planteado reiteradamente, es la misma que llevó a construir un sistema de acceso a la vivienda tan injusto como desequilibrado. Son muchos los intereses en juego y sobre todo no se quiere desmontar el andamiaje sobre el que se construyó un modelo económico que ha aportado grandes beneficios.

En el fondo de todo subyace una evidencia, los poderes económicos, los poderes públicos y su legislación se han olvidado de lo fundamental. “Lo prioritario es el derecho a una vivienda digna, estúpidos”.