dijous, 19 de desembre de 2013

Psicopatía Política

El último Pleno del Congreso del 2013 refleja  perfectamente los dos años de  Gobierno Rajoy.  Caracterizados por ajustes económicos y sociales muy duros, distribuidos de manera muy injusta socialmente, que aumentan las desigualdades y provocan sufrimiento a los más débiles, a los que se trata con una insensibilidad que roza el acoso social.

El PP ha ejercido su mayoría absolutista para impedir que se aprueben iniciativas de otros grupos con las que paliar los efectos más dramáticos de la crisis en los sectores más débiles de la población. Al tiempo que aprueba leyes que comportan retrocesos sociales y democráticos importantes

El PP ha  votado en contra de la mejora de cobertura del programa PREPARA, dirigido a dar formación y garantizar ingresos mínimos a personas paradas, sin prestación ni subsidio. Ratifica una línea de actuación de recorte de prestaciones, que ya inició en su primer Consejo de Ministros en diciembre del 2011. El resultado es que sólo el 57% de los parados perciben prestación.  De estos, el 53% sólo recibe el subsidio asistencial.. Eso significa 2 millones de personas sin prestación alguna.  650.000 hogares que agrupan a 1.350.000 personas sin ningún tipo de ingresos. Hace 15 meses, la Ministra Bañez compareció en el Congreso con uno de sus típicos engaños, el Decreto Ley 23/2012. Presentó como prórroga del programa prepara un Decreto Ley que escondía una drástica reducción de beneficiarios. El resultado, quince meses después, es que de 220.000 perceptores del programa Prepara en Julio 2012 se ha pasado a los 56.000 de octubre 2013. Todos los grupos hemos intentado recuperar estos derechos y el PP se ha opuesto.

El PP también ha votado en contra de la propuesta que Laia Ortiz en nombre de Izquierda Plural ha presentado para abordar el drama oculto de la pobreza energética. Se trata de poner en marcha políticas de choque que, como han hecho otros países, impidan el corte de suministros básicos, como el agua o la electricidad a quienes no pueden pagarlo. El portavoz del PP ha justificado su rechazo con elevadas dosis de fariseísmo. Primero, se solidarizó con las personas afectadas y luego anunció el rechazo a nuestras propuestas. Unas medidas, las propuestas por ICV-EUIA, con un coste asequible que ahora en algunos casos sufragan los ayuntamientos y en otros no existen, con la desigualdad que ello supone y que se suma a la injusticia de la situación.

Y si grave es esta falta de empatía con el sufrimiento de los más, que roza la psicopatía política, mucho más lo es que ello se haya producido en el mismo Pleno en que con los votos del PP se van aprobar 7 leyes, algunas tan importantes, como la del sector eléctrico, la de las pensiones, la contrareforma de la Administración Local y la Ley de Presupuestos 2014.

Leyes que en el caso de la del sector eléctrico suponen garantizar los beneficios del oligopolio energético, en el mismo momento que se anuncian nuevas subidas de las tarifas eléctricas que pueden llegar a ser del 11%. Es la cuarta subida en un sólo año, a pesar de que el Ministro Soria lo ha venido negando hasta hace una semana.

El Gobierno sube otra vez la luz, llevando a muchos hogares a una situación de pobreza energética. Se trata en muchos casos de pensionistas a los que EL PENSIONAZO del PP les va a dejar sin revalorización en sus pensiones. Todo ello, mientras el PP ha aprovechado las enmiendas al senado para imponer con oscurantismo total nuevos recortes. Así, se ha votado la desaparición del pago  por parte de FOGASA de una parte de las indemnizaciones por despido en las empresas de menos de 25 trabajadores. Y en otra enmienda el PP ha aprobado la desaparición del derecho a la asistencia sanitaria de aquellos ciudadanos que marchan en búsqueda de trabajo a otro país, una vez transcurridos 3 meses desde su marcha del país.

Esta y otras medidas, que por su intensidad y acumulación se hace incluso complejo explicar a la ciudadanía, forman parte según Rajoy de su agenda reformista. Más que agenda reformista parecen el guión de un manual de Psicopatía Política.

dilluns, 9 de desembre de 2013

RAJOY, IGNORANTE, MENTIROSO O LAS DOS COSAS

En una entrevista concedida para 6 medios de comunicación, integrados en el Proyecto Europa y que se publica hoy, el Presidente Rajoy vuelve a burlarse de la ciudadanía.
Ante la pregunta del entrevistador sobre el aumento de la desigualdad social en España, como consecuencia de la crisis y de las políticas de ajuste injusto y suicida acordadas, Rajoy se atreve a decir literalmente que: “No hay en estos momentos unos indicadores precisos ni en España, ni en Europa sobre los datos de desigualdad”.

Por supuesto que existen indicadores sobre los niveles de desigualdad y pobreza y su evolución en los últimos años, tanto en España como en la Europa de los 27. Se trata de los datos que Eurostat publica periódicamente y que además forman parte de la Estrategia Europea 2020 que él, como Presidente del Gobierno español conoce o está obligado a conocer. 
Veamos los más significativos: La evolución de la desigualdad, medida por el coeficiente Gini, nos dice que mientras en Europa27 la desigualdad se ha reducido mínimamente del  30,9 del 2008  al 30,6 del 2012. En España la desigualdad se ha disparado, del 31,9 del 2008 al 35 del 2012. Un crecimiento de más de tres puntos, desconocido en la historia reciente del país.


Si atendemos a la relación entre lo que recibe el 20% de la población con más ingresos en relación al 80% restante, nos encontramos que en la UE27 la relación se ha mantenido estable. Si en el 2008 en la media de la UE27, el 20% más rico ingresaba 5 veces más que el 80% restante, en el 2012 esta proporción es de 5,1 veces más (prácticamente estable). Mientras en el mismo período esta desproporción se disparaba en España. Si en el 2008, el 20% de los españoles con más ingresos, ingresaban 5,7 veces más que el 80% restante de la población. En el 2012 este dato se ha disparado hasta 7,2 veces más.


Siguiendo con las tasas de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Mientras en la UE27 ha pasado del 24,4% de la población en 2008 al 25% en 2012. En España el riesgo de pobreza se ha disparado del 23% en 2008 al 28% en el 2012.


Otra de las barbaridades de la entrevista de Rajoy es desconocer o querer ocultar que sus políticas de depreciación salarial están condenando a la pobreza a personas que trabajan. En España, tener empleo ya no protege de la pobreza, debido entre otras cosas a las políticas de precariedad laboral y salarial de la Reforma Rajoy, aprobada por PP y CiU. Y eso, además de en la calle, también se detecta en las estadísticas. Si en la UE27 la tasa de trabajadores pobres (personas con empleo con ingresos inferiores al umbral de la pobreza) ha crecido poco entre 2007, con un 8,4%, y 2012 con un 9,2%. En cambio en España se ha disparado desde el 10,2% del 2007 al 12,3% del 2012.


Y por último, la apuesta del PP por un reparto insolidario del trabajo y por la peculiar modalidad de minijobs españoles, los contratos a tiempo parcial ha provocado en España un aumento espectacular de las personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo. Son los hogares, donde solo se trabaja un máximo del 20% del potencial de trabajo de todos sus miembros. Pues bien, si en 2008 España estaba en un 6,6%, mucho mejor que la media de la UE27 que era del 9%. La crisis y las políticas de los Gobiernos han trastocado los papeles. Mientras en UE27 las personas en hogares con baja intensidad de trabajo son en 2012 un 10,3% del total, en España esta tasa se ha disparado hasta el 14,2%.


Que Rajoy no conozca la desigualdad que se vive en la sociedad y la pobreza que se sufre en las calles puede estar motivado por su aislamiento de la gente. Pero que ni él, ni su Gobierno conozcan los datos de desigualdad y pobreza que para España y la Unión Europea pública Eurostat es muy grave.

Estas declaraciones solo pueden obedecer a que Rajoy es un ignorante voluntario que se niega a reconocer la realidad y las nefastas consecuencias de sus políticas, o que es un mentiroso compulsivo. O quizás ambas cosas a la vez. En cualquier caso la ciudadanía no merece un Presidente del Gobierno que muestra tal insensibilidad con el dolor de sus conciudadanos y que hace ostentación pública de tanta ignorancia voluntaria.
       

dilluns, 2 de desembre de 2013

GOBERNANDO AL DICTADO Y CHAPUCERAMENTE


Zapatero acaba de hacer pública la carta que le remitió en agosto del 2011 el Presidente del BCE Trichet, ordenándole cual debía ser la política económica de España y dándole las indicaciones exactas y minuciosas de las medidas que debía adoptar.

Los dos aspectos más significativos que nos muestra la carta es que España tiene su soberanía política secuestrada desde Mayo del 2010 y que la crisis esta siendo la excusa para una claro retroceso democrático y social en España y en el conjunto de la Unión Europea. Las decisiones no las adoptan quienes tienen la legitimidad democrática de sus ciudadanos, sino quienes representan el interés de los mercados financieros. Lo deja muy claro Trichet, cuando en su carta emplaza a Zapatero a " adoptar medidas urgentes encaminadas a devolver la credibilidad de la firma soberana en los mercados de capitales".

Todas las evidencias apuntan que aquella carta no fue una excepción y que desde entonces los Gobiernos de Zapatero y Rajoy están sometidos a los intereses de los mercados de capitales y a los dictados políticos de espacios no democráticos como la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea). Algunas de estas indicaciones son públicas, como el Memorándum con los compromisos de España a cambio de las ayudas para el rescate bancario. Otros mandatos son más opacos y menos conocidos por la ciudadanía, y en consecuencia, más nocivos desde una perspectiva democrática y social.

Este es el caso de la anunciada tercera Reforma Laboral de Rajoy. Si hemos de hacer caso a Guindos, que parece ser el verdadero Ministro de Empleo, se pretende modificar de nuevo el contrato a tiempo parcial, cambiar la regulación de las modalidades de contratación y también aspectos de la negociación colectiva. Parece que también de la regulación de los Expedientes de Regulación de Empleo, ante los varapalos que la nueva regulación de los despidos colectivos esta recibiendo en los Tribunales.

Más allá del error intencionado que supone pretender que sean las medidas laborales las que permitan generar empleo, cuando los problemas son la falta de crédito para las empresas, especialmente las PIMES, y la asfixia del consumo interno, del que dependen 3 de cada 4 puestos de trabajo, el anuncio de Guindos confirma dos cosas. Que a pesar del cacareado fin del rescate, España continúa intervenida y sometida al dictado de los mercados de capitales. Y que esa forma de gobernar además de antidemocrática, es especialmente chapucera.

La hiperactividad legislativa de este Gobierno esta deteriorando la seguridad jurídica que es exigible a las normas jurídicas. La semana pasada se aprobaba la llamada Ley de Transparencia, y antes de entrar en vigor ya era objeto de una propuesta de modificación en otro proyecto de Ley en tramitación simultánea.

En materia de empleo, el Congreso ha llegado a tramitar al mismo tiempo, dos leyes distintas, orientadas teoricamente a promover el emprendimiento. Y las relaciones laborales son objeto de cambios constantes que convierten la normativa, especialmente de contratación en una selva en la que hay que abrirse paso a machetazos.

Hace solo tres meses, la Ministra de Empleo presentaba en el Congreso un auto-balance de la Reforma Laboral aprobada con los votos del PP y CIU. Y ante las evidencias que la Reforma no había cumplido sus objetivos de reducir el desempleo y mejorar la calidad del empleo, la Ministra se justificaba diciendo que era pronto para ver los "milagrosos" efectos prometidos y que necesitamos esperar.

Que nos pidiera calma y tiempo para comprobar los benéficos efectos de su Reforma Laboral, no fue obstáculo, para que incluso antes de la presentación de su auto-balance, el Gobierno hubiera aprobado nuevos cambios legales en las relaciones laborales. Lo hizo con el Real Decreto Ley 11/2013. Y ahora, cuando esta norma aún se está tramitando como Proyecto de Ley, el Gobierno, a través de Guindos, nos informa que llega una tercera Reforma Laboral en menos de dos años.

Toda la literatura científica coincide en que una de las claves de la competitividad de un país está en su calidad institucional. Y que esta depende entre otras cosas de la estabilidad normativa y la seguridad jurídica.

La manera de actuar del Gobierno Rajoy, además de ser antisocial y profundamente corrosiva para la democracia, esta siendo muy chapucera. Hoy el Gobierno del PP es el principal riesgo para la seguridad jurídica de España, que es tanto como decir para la recuperación económica.

dijous, 28 de novembre de 2013

REGENERACIÓ DEMOCRÁTICA I REFORMA CONSTITUCIONAL

  Dissabte passat vaig intervenir juntament amb Ramón Jáuregui al debat que, sota el nom 'Regeneració democràtica i reforma constitucional', va organitzar Esquerra Federal a L'Hospitalet.

Aquí teniu la meva intervenció:
Vull que les meves primeres paraules siguin per agrair a Federalistes d’Esquerres la invitació que m’heu fet per compartir unes reflexions sobre la necessària regeneració democràtica i el paper que hauria de jugar la reforma constitucional. Una reflexió oportuna, especialment en uns moments tan poc donats a la reflexió serena. 
Mentre celebrem aquest acte, a tota Espanya s’estan produint importants mobilitzacions contra les polítiques antisocials del govern del PP i en defensa del sistema públic de pensions. 

Per veure llegir el text complet fes clic aquí 

divendres, 22 de novembre de 2013

EL AUTOGOLPE DE ESTADO DEL PP


Hace años tuve la oportunidad de poder apoyar la lucha de los trabajadores peruanos y sus sindicatos en defensa de su Seguridad Social pública. Las circunstancias quisieron que mi estancia en Lima se produjera pocos días antes del autogolpe de Estado de Fujimori para perpetuarse en el poder.

Desde entonces, siempre que recuerdo la lucha por la Seguridad Social pública, me viene a la mente su relación con la defensa de las libertades democráticas.
Y eso mismo me ha pasado esta semana, en lo que posiblemente sea uno de los Plenos del Congreso más duros, por la intensidad del ataque a los derechos sociales y democráticos.

En una misma semana, el Congreso aprueba la Ley de recorte de las pensiones, se perpetra un pucherazo en Castilla-La Mancha, que representa la evidencia de que para el PP no hay límites, y se anuncia por parte del Gobierno una nueva Ley de Seguridad Ciudadana y una Ley antihuelga.

Sorprende la poca repercusión que ha tenido la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Quizás porque la intensidad y diversidad de los obuses lanzados contra las libertades es tal, que la ciudadanía no tiene capacidad suficiente de reacción.

La reforma del Estatuto castellano-manchego  tiene un único contenido: reducir el número de diputados de las Cortes Autonómicas. Y un único objetivo: la perpetuación de Cospedal y el PP en el poder autonómico.

A pesar de los muchos esfuerzos que hicieron los portavoces del PP para presentar su reforma del Estatuto como una medida de austeridad, lo que confirma que el nivel de cinismo y manipulación mediática del PP no tiene límites, en el debate quedó claro que su único objetivo es el control político de su comunidad autónoma por la vía de impedir la presencia de otras fuerzas políticas que no sean PP y PSOE. Cada vez es más evidente que contra el PSOE, el PP vive mejor.

El resultado de esta reforma estatutaria es que todas las fuerzas políticas que no superen el 14% de los votos no tendrán representación en las Cortes Regionales. Conviene recordar que, no hace mucho en una anterior reforma, se aumentó el número de parlamentarios a elegir para facilitar el control de la Cámara. Y que Cospedal, en una decisión de corte mussolianiano, decidió que los parlamentarios autonómicos no cobraran por su trabajo, en una vuelta al sistema del siglo XIX, por el que solo podían ejercer cargos de representación política los caciques, los señoritos o quienes estuvieran a su servicio y en su nómina.

Más allá del contenido concreto de las leyes aprobadas, en la actitud del PP hay  todos los elementos de los regímenes autoritarios con formas democráticas. En otros momentos de la historia española a estas situaciones se les ha llamado Dictablandas. A quienes piensen que abuso del término primoriverista, porque en estos momentos no existe intervención del Ejército, solo quiero recordarles lo que dicen los sociólogos sobre las modernas formas de dominación social. Antaño, el control de las sociedades por los poderosos se realizaba a través del uso de la fuerza, la policía y los ejércitos. Hoy, el control social no requiere de estos mecanismos tan burdos, porque el control social se lleva a cabo a través de la dominación ideológica de las mentes. El papel del ejército en el control social lo desempeñan hoy los  poderes mediáticos. Lo explica de maravilla el profesor Manuel Castells.

Es ese control social el que le permite a Rajoy la reforma de  leyes básicas para el Estado social, como la de pensiones, con el único voto a favor del PP y en contra de todo el resto de partidos, así como de sindicatos, empresarios y organismos consultivos.

Y para poder imponer sin oposición de ningún tipo estas contrarreformas sociales, se pretende registringir el uso de las libertades y los derechos fundamentales. Se trata de impedir la existencia de contrapesos sociales, ignorando que la democracia es sobre todo la existencia de contrapoderes. Por supuesto, presentándolas como medidas necesarias para garantizar la seguridad, la convivencia.

Una sociedad en la que se concentra en una sola mano el control de todos los poderes –legislativo, ejecutivo, judicial, organismos supervisores– y se impide el ejercicio de los derechos fundamentales, se aleja de las condiciones básicas de la democracia. Una sociedad en la que quienes ostentan el poder van cambiando las reglas de juego, las reglas institucionales, para adaptarlas a sus intereses partidarios con el objetivo de mantenerse en el poder, carece de los atributos propios de los sistema democráticos. Por eso me parece que en la semana del 20N se ha cruzado una línea peligrosa para la democracia.

El PP afronta esta segunda parte de la legislatura con un doble objetivo, aparentar una dulcificación de sus políticas económicas en un contexto de aparente y ficticia recuperación y cohesionar a su electorado más derechista con políticas de régimen duro en el terreno de las libertades civiles. En esta línea van las anunciadas reformas de la Ley de aborto, el proyecto de Código Penal  y las anunciadas leyes de Seguridad Ciudadana y antihuelga.

En este contexto, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, impulsado por la que es la secretaria general del PP, no es una medida más. Es la evidencia de que en España se está materializando un autogolpe de Estado para la perpetuación del PP en las instituciones. Esta semana no he podido dejar de pensar en el Perú de Fujimori.

dilluns, 18 de novembre de 2013

ACABA EL RESCAT, CONTINUA EL SEGREST.


Quan estem arribant a la meitat d’una legislatura marcada per la crisi i una política d’austeritat salvatge i suïcida, sustentada en la majoria absolutista del PP, Rajoy ens comunica que la Troika dóna per acabat el rescat del sistema financer espanyol.

El que no ens diuen és que el segrest de la nostra sobirania continua en peu.  Bé, no ens ho diuen directament, però sí implícitament, quan la Comissió Europea exigeix  una nova retallada del dèficit públic de 37.000 milions d'euros d'aquí al 2016. Una quantitat sorprenentment molt  semblant a l'estalvi que pretén el govern del PP amb la retallada de pensions.

La sobirania "nacional" continua segrestada pels  mercats financers i per institucions ademocràtiques com la Troika (FMI, BCE i Comissió Europea). Un segrest iniciat amb  la reforma de l'article 135 de la CE, pactat amb urgència i sense  cap participació ciutadana pel PSOE i el PP, i que s'ha consumat durant aquesta legislatura amb la Llei d'estabilitat pressupostària votada també per CiU, i els successius pressupostos aprovats a Espanya o prorrogats a Catalunya.

La reforma de l'article 135 va suposar la constitucionalització de la renúncia a exercir la sobirania política, en benefici d'uns mercats financers que, malgrat ser corresponsables del brutal endeutament privat d'Espanya, no estan disposats a participar en el repartiment del costos del necessari desendeutament. Perquè el seu objectiu és  sortir indemnes de la crisi.

No deixa de sorprendre que aquest segrest de la sobirania ciutadana s'estigui produint al mateix temps que a Catalunya i a Espanya estem  debatent amb intensitat on recau la sobirania i com es distribueix. Que Rajoy digui que no acceptarà que ningú jugui amb la “sobirania nacional”, referint-se al dret a decidir reclamat a Catalunya, mentre accepta que la sobirania continuï segrestada pels mercats financers i la Troika és pur fariseisme.

Mentre nosaltres fem un debat a dos, entre Catalunya  i Espanya, hi  ha altres dos subjectes polítics, la Unió Europea i els mercats financers, que són els que adopten les decisions i imposen la veritable sobirania.

La realitat avui és que el sistema financer espanyol està complint amb els seus creditors internacionals i està tornant els préstecs demanats per alimentar la bèstia de l'especulació.  Mentre, empreses i famílies a Catalunya i a Espanya continuen sense tenir accés al crèdit. I la Troika ens dicta fins al mínim detall les polítiques econòmiques, pressupostàries i socials a portar a terme.

Aquesta mateixa setmana el Congrés de Diputats debat el projecte de llei, mal anomenat de sostenibilitat, pel que s’introdueixen dràstics canvis en el sistema de pensions. Es tracta d’una reforma que el govern espanyol s’ha compromès a

fer, a canvi del suport rebut pel rescat del sistema financer. La pràctica congelació de les pensions en els propers anys és el camí fàcil i injust per aconseguir una reducció del dèficit públic que, en termes de comptabilitat nacional, ens exigeix la Troika davant la incapacitat de quadrar els pressupostos d’una altra manera. Una reforma de pensions que el govern espanyol no podria negociar, ni encara que ho volgués -que no ho vol, perquè comparteix els seus objectius-. La raó última és que  tenim la nostra sobirania política segrestada.

Guindos declara acabat el procés de rescat bancari, tot i que els riscos per al sistema financer continuaran mentre es mantinguin 6 milions de persones aturades. El que malauradament continua és el segrest de la nostra sobirania política com a societat.

I el que és pitjor, també continua un grau de desconcert social important que ens impedeix veure que el debat sobre la sobirania no és només a dos, entre Catalunya i Espanya, sinó a quatre, amb la UE i els mercats globals com a protagonistes de primer nivell.

Per anar a l’arrel del conflicte de la sobirania política hauríem de ser capaços de construir un projecte europeu compartit, amb el que lliurar la  batalla democràtica, nacional i social per recuperar la sobirania com a pobles. Aquest hauria de ser el debat que centrés la campanya de les properes eleccions al Parlament Europeu. De fet, és EL DEBAT, amb majúscules.