diumenge, 28 d’octubre de 2012

INICIATIVA ESTA DONDE SIEMPRE

En un reciente artículo publicado en el País, su autor impugna el proyecto de ICV, imputándole una supuesta renuncia a sus señas de identidad. Lo hace con una caracterización de ICV que no soy capaz de identificar en las propuestas y muchos menos en la actuación diaria en la sociedad y en las instituciones. Si algo ha hecho ICV en estos últimos años ha sido situar en el centro de sus prioridades el conflicto social frente a los recortes de derechos de CIU y PP y el compromiso con las movilizaciones sociales, ejerciendo una clara oposición política, en ocasiones en solitario. Como sea que el autor acepta la duda de que su visión sobre ICV no sea real, sino que esté condicionada por la construcción mediática que hacen La Vanguardia y TV3 – las cita literalmente- aprovecho la oportunidad de su duda para ofrecer mi opinión. ICV está donde siempre, donde estuvo el PSUC desde su fundación. Trabajando por un proyecto que sitúa el conflicto social en el eje de sus políticas, como se pone de manifiesto en las movilizaciones sociales contra los recortes de derechos adoptados por CIU y PP. También en las instituciones. Oponiéndose en el Baix Llobregat al especulativo proyecto Eurovegas y trabajando para que los Ayuntamientos actúen como última red de protección social. En el Parlament, presentando alternativas a la desigualdad y la pobreza extema y batallando para evitar que CIU utilice la crisis para desmantelar el Estado social. En el Congreso y Senado resistiendo las políticas de retroceso social y cívico y de centralización política del PP, la mayoría pactadas con CIU. Y presentando propuestas, como la reciente sobre fiscalidad ambiental para un futuro sostenible. No tiene base real que se diga que ICV ha relegado su ideario social a una supuesta sumisión independentista. Salvo que se quiera hacer el juego a quienes desde la “opinión publicada” han construido un escenario político de supuestos bloques, con el objetivo de hacer incompatible la lucha social con el derecho a decidir y así poder expulsar el debate social de la agenda política. Eso sí, el proyecto social de ICV, se formula en clave nacional considerando a Catalunya una nación con identidad propia por voluntad de su ciudadanía. Y con el derecho democrático a decidir su forma de organización política, como hizo el PSUC desde su fundación en la defensa del derecho a autodeterminación. Esa naturalidad con la que ICV hace compatible la lucha social con el derecho a decidir, nace de una concepción de radicalidad democrática, que también estaba en el genoma del PSUC. Posiblemente haya sido este factor el que ha permitido que sometido a debate en el Congreso, la posibilidad de convocatoria de un referéndum el conjunto del Grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-EUIA- CHA) haya sido el único grupo de ámbito estatal que ha votado a favor. La tarea de construir una izquierda nacional no es fácil, en plena hegemonía de la derecha a nivel europeo, que con sus políticas genera desafección democrática. Especialmente en las generaciones jóvenes, que no están dispuestas a que se les niegue su Derecho a decidir en el terreno nacional y social, con la excusa que la Constitución Española es intocable. Y ese es nuestro principal reto hoy, incorporar a quienes protagonizan importantes movilizaciones, pero no se sienten representados porque se consideran expulsados del debate político de las elites. Ello en un contexto de globalización en que los mercados han usurpado la soberanía a la ciudadanía. Por eso apostamos por profundizar la construcción política de la UE, la manera de recuperar para la ciudadanía la verdadera soberanía económica y política. En ICV convivimos, como sucede en la sociedad catalana que es más plural de lo algunos pretenden, federalistas e independentistas. Unidos en la defensa democrática del derecho a decidir y convencidos que las actuales generaciones tienen derecho a decidir la forma de Estado, el modelo socioeconómico y como catalanes nuestra relación con España. Trabajamos para que el 25N no se convierta en un plebiscito que CIU utilice como un c heque en blanco con el que agravar sus políticas de recortes y sus pactos con el PP. Y lo hacemos ofreciendo un proyecto de radicalidad democrática que pretende recuperar para la ciudadanía la plena soberanía económica y política. También como siempre estamos con quienes desde el sindicalismo han puesto en marcha para el 14 de noviembre una jornada de movilización europea, que en España tendrá el carácter de Huelga General. Lo dicho, Iniciativa está donde siempre.

divendres, 19 d’octubre de 2012

RAZONES PARA LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD AL PGE 2013 Y AL GOBIERNO DE RAJOY


Nuestra enmienda a la totalidad recoge las principales razones por las que nos oponemos a los PGE.

SON PRESUPUESTOS INJUSTOS, porque siguen la senda de un reparto desequilibrado de los esfuerzos para salir de la crisis.

  • En el apartado de los ingresos, consolidan una política de aumento de los impuestos que gravan el trabajo y el consumo de la mayoría de la población, mientras se mantienen los PRIVILEGIOS DE LAS CASTAS INTOCABLES. (Sicavs, titulares de grandes patrimonios, especuladores).
  • En el apartado de los gastos. Con la política de recortes directos o indirectos en las prestaciones y servicios sociales.
  • Vuelve a penalizar una vez más a colectivos como Empleados Públicos a los que se somete a otra caída de los salarios reales, fruto de la congelación y el IPC. Y también a los parados de larga duración, a los que se restringe el acceso al desempleo.
  • Mantiene la incertidumbre en relación a los Pensionistas, a los que en un contexto de elevada inflación, superior al 3,5% no se les garantiza la revalorización sobre el 1 % del 2012, ni el incremento en el 2013.
SON INEFICIENTES E INUTILES PARA SUPERAR LA RECESIÓN, porque insisten en las políticas de ajuste drástico y rápido que no hacen sino deprimir más la actividad económica y el empleo.
  • Estos PGE si se aprueban y ejecutan van a ser una fábrica de paro y de personas desempleadas.
  • La Reforma laboral preparó el terreno para despidos masivos, supuestamente en nombre de la creación de empleo.
  • La desaparición de las políticas activas de empleo, impide a los poderes públicos desarrollar políticas de incentivo del empleo, en unos momentos en que la iniciativa privada tiene graves problemas de financiación.
  • Las políticas del Gobierno en materia energética ignoran reiteradamente la crisis ecológica creada por un modelo de desarrollo sin límites que degrada nuestro entorno y consume recursos muy por encima de nuestras posibilidades. Este modelo de desarrollo sumado a un modelo energético como el actual sitúa a nuestro país en una posición de vulnerabilidad ante la crisis energética y el cambio climático. El cambio de modelo de producción está condicionado a un cambio en nuestro modelo energético por la oportunidad en la creación de puestos de trabajo y la mejora de nuestra eficiencia.

SON PRESUPUESTOS INCREIBLES E IMPOSIBLES en su ejecución como se ha demostrado con los PGE del 2012. Lo único que siempre se ejecuta son los recortes.

SON UNOS PRESUPUESTOS QUE EXPRESAN DESCONCIERTO. El desconcierto en que esta el Gobierno español. Especialmente en relación a las políticas económicas y de empleo
  • Desaparecen las bonificaciones a la contratación que hace unos meses fueron calificadas por la Ministra Bañez como imprescindibles para creación de empleo.
  • No se concreta la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que Rajoy presentó como compensación a la subida del IVA.
Quiero recordar que cuando nuestro grupo ha expresado su rechazo a las bonificaciones a la contratación y la reducción de cotizaciones por inútiles en la creación de empleo y perniciosas para cuentas de Seguridad Social, el Gobierno se empecino en defender ambas medidas, para después terminar haciendo todo los contrario.

SON UNOS PRESUPUESTOS OPORTUNISTAS. En la medida que aprovechan la crisis y los ajustes para imponer CONTRAREFORMAS que afectan al MODELO DE SOCIEDAD.

CENTRALIZACIÓN DEL ESTADO. Los PGE 2013 suponen una clara centralización del Estado. Por el peso del ajuste que hacen recaer en las CCAA y AALL.

Por la desaparición de partidas estatales que eran transferidas a CCAA o AALL para desarrollar programas sociales de alta necesidad o rentabilidad social.

  • Las políticas de fomento del empleo sufren un descenso del 34,58% centrado especialmente en los recursos transferidos a las comunidades autónomas. Este recorte, sumado a la falta de sensibilidad del gobierno catalán, puede suponer el despido de 300 personas del Servicio de Ocupación de Catalunya entre promotores y orientadores, que se sumaría al despido de 324 personas en los últimos meses. En el conjunto de CCAA serían 1.500 las personas en riesgo inmediato e ser despedidas, cosa que tendrá una grave afectación en los servicios públicos de empleo dejando desprotegidas a las personas desempleadas.

  • El Plan Educa 3 que tenía una partida de 96 millones de euros, prevista para acuerdos con Ayuntamientos ha desparecido en dos años 2012-2013. Esta reducción de una partida estatal a la que se suman los recortes propios del Gobierno Catalán comporta que de los 1.800 euros por plaza escolar 0-3 puesta en el curso 2010-2011 se ha pasado a 875 euros en el 2012-2013. O sea 925 euros menos por plaza, cerca del 48% de reducción.

  • El Plan concertado de Servicios sociales se ha reducido en dos años en 56,6 millones de euros, o sea un 65%. Lo que sumado a los recortes del Gobierno catalán comporta un impacto negativo en la Entidades del Tercer Sector.

  • Las transferencias a CCAA del Plan de autonomía Personal y Atención a la dependencia sufre otro recorte de 200 millones de euros

  • El Fondo de Integración de Inmigrantes pasa en dos años de 70 millones de euros a la cifra simbólica de 3,5 millones de Euros.

Todas estas medidas de recortes de partidas a las CCAA y Administraciones Locales no solo suponen un retroceso en el proceso de descentralización de la gestión, sino que comportan graves impactos en el Estado del Bienestar y en especial en los colectivos de personas y familias más necesitados


  • Per tercer año consecutivo, Cataluña no recibirá la partida de inversiones prevista en la disposición adicional tercera de Estatuto. A esta partida de 719 millones hay que sumar los impagos de ejercicios anteriores 759 correspondientes al 2008 y 211 correspondientes al 2009. Estamos pues hablando de una deuda arrastrada de 1.689 millones de euros.
Los 1.262,30 M.€ millones de euros que se consignan en materia de infraestructuras para Catalunya suponen un 10,7% menos que en 2012 y un 33% menos de los destinados en el año 2010. Se trata de una inversión del 11,9% regionalizada a mucha distancia del 18,7% que representa el PIB de Catalunya respecto al de España
En ferrocarril de Cercanías la partida asciende a 19,6 M. €, que representa el 0,43% de los 4.500 M€ previstos en el Pla de Rodalies 2008-2015. A finales del año 2012, se habrá ejecutado con mucha suerte el 6% del total del Plan.

DUALIZACIÓN SOCIAL. El incremento de algunas tasas, entre ellas las Judiciales comporta obstáculos en algunos casos insalvables para el ejercicio de Derechos fundamentales, como el de la Justicia y pueden convertir la tutela Judicial efectiva en un papel mojado. En este sentido se produce un retroceso hace situaciones propias de la época medieval, en que el acceso a la justicia solo era posible para determinados sectores sociales.

  • El establecimiento de una tasa de 800 euros para la presentación de un Recurso de Suplicación en materia social, comporta en la práctica que muchos trabajadores no podrán interponer recurso y que el acceso a los Tribunales en estos casos, quedará limitado a las empresas.

  • La caída de las partidas de formación, condena a las personas con menos formación a permanecer en el pozo del desempleo y del empleo precario. Y las condena a ser carne de cañón de un modelo productivo precario.

  • El desmantelamiento de una buena parte de los Servicios Públicos de empleo como paso previo a su privatización por la vía de concierto de funciones públicas a empresas de intermediación y Empresas de Trabajo Temporal.

NUESTRAS ALTERNATIVAS SE CENTRAN EN TRES EJES PROPIOS Y EXIGENCIAS A LA UNIÓN EUROPEA.

1. GARANTIZAR CRÉDITO A LAS EMPRESAS.
Este debería ser el primer objetivo de la reforma del sistema financiero. Y para ello la configuración de una Banca Pública es clave. En un contexto de crisis generalizada, los bancos, los intervenidos y los que no, tiene dos objetivos prioritarios :aumentar sus ratios de capital para garantizar su solvencia y retribuir a sus accionistas. Incluso este último va a ser uno de los objetivos del Banco Malo que dispondrá de un 55% de capital privado y que buscará rentabilidad a largo plazo.

Para garantizar que el crédito fluya a las empresas, no basta con la reforma financiera. Es necesaria la creación de una Banca Pública que además de garantizar su solvencia y no generar más déficit público, tenga como objetivo prioritario garantizar el crédito a las familias, sin someter este objetivo al de garantizar al retribución al accionista.

2. AUMENTAR LA DOTACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A PROYECTOS QUE PERMITAN CREAR EMPLEO.
Ante la debilidad del sector privado que, con la excepción de algunos sectores exportadores, esta siendo impotente para soportar la crisis, el papel del sector público deviene clave. Y ello no es posible si no se produce una mejora de los recursos disponibles para inversiones o proyectos con capacidad de generar empleo.
En nuestras enmiendas incorporamos partidas para incentivar desde el sector público, la creación de empleo. Al tiempo que los Recursos para desarrollar Políticas Activas a partir del Sistema de Servicios Públicos de Empleo.

3. AUMENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA.
Sin duda, la clave para mejorar los ingresos fiscales es la mejora del empleo.
Pero en paralelo hay medidas fiscales que se pueden adoptar ya:


  • Lucha contra el fraude, la elusión fiscal y la economía sumergida que podría proporcionar ingresos de 38.000 millones de euros anuales.. Que requiere abandonar las políticas de amnistía fiscal. Y urge de más Recursos para la Agencia Tributaria y el conjunto de la Inspección Fiscal.

  • Medidas de Reforma Fiscal que permitan la recuperación de Impuestos desaparecidos o mermados en su capacidad recaudatoria como el de Patrimonio que debería ser sustituido por un nuevo Impuesto sobre la Riqueza, o la recuperación por las CCAA del impuesto de sucesiones y donaciones.

  • Reformas en el impuesto de sociedades, con unos tipos legales de entre el 25 y el 30% que en el año 2011 se han convertido en tipos efectivos del 11,6% de media. También el la figura de las SICAVs verdadero refugio de patrimonios de pocas familias que constituyen una especia de CASTA ECONOMICA DE INTOCABLES.

  • Reforma del IRPF para integrar los rendimientos del capital en una tarifa única que evite el tratamiento favorable de los rendimientos del capital y desfavorables de los rendimientos del trabajo.

  • Es necesario implementar una verdadera reforma fiscal verde que aproveche todas sus potencialidades para fomentar un desarrollo sostenible, además de apostar por la suficiencia, la progresividad y la equidad.

  • Creación de la tasa sobre Transacciones financieras que debería acometerse en España y de manera simultanea en la Unión Europea, a partir del procedimiento de cooperación reforzada de la UE, en los términos que hemos propuesto en la Proposición no de Ley presentada en el Congreso.

4. MEDIDAS URGENTES EN EL AMBITO EUROPEO.
Estos tres ejes requieren que en paralelo se produzcan en el ámbito europeo cambios importantes en la orientación de las políticas. De Europa necesitamos:

  • Tiempo para acometer la reducción del déficit, atendiendo a que buena parte del déficit público ha sido fruto de la conversión de deuda privada en pública y en los impactos de la crisis en los ingresos.

  • Apoyo del BCE a la reducción del tipo de interés.

  • Cese de las exigencias y contrapartidas que pretenden nuevos ajustes en pensiones, prestaciones sociales como una especie de botín de guerra que los mercados de capitales exigen a cambio de una intervención de la UE para conseguir una reducción de los tipos de interés. Contrapartidas que en muchos casos la sociedad española ha pagado por adelantado y que en cambio no han comportado una relajación de las exigencias de financiación.

  • Aceleración de los procesos de Armonización Bancaria y de armonización Fiscal, no en la dirección obsesiva del ajuste fiscal, sino en la via de evitar el dumping fiscal de los países de la Unión Europea.

dilluns, 15 d’octubre de 2012

EL SR LARA, SOBIRANIA POLÍTICA I SOBIRANIA ECONÒMICA.


Vagi per davant que no considero a Jose Manuel  Lara del grup Planeta una persona amb massa autoritat per donar gaires consells de prudència i diàleg. 

Que el propietari i editor de la Razón, un dels mitjans que més fa per alimentar el clima de crispació social i de conflicte entre Catalunya i España, li demani al Govern espanyol i català que practiquin el diàleg és com si un piròman fes declaracions demanant més política preventiva davant dels incendis. 

Lara no és només l’editor de la Razón, ho és també d’Antena 3 i durant uns anys  ho va estar del diari Avui, en el penúltim intent de mantenir amb respiració assistida a un mitja que ha estat tot un símbol de premsa catalana i en català i també tot un símbol de projecte empresarial  ruïnós. Tant ruïnós que va ser l’Estat Espanyol el que va possibilitar la seva salvació, quan Lara va exigir fer-se càrrec de les accions de l’Avui sense cap motxilla. I això va comportar negociacions polítiques perquè la Seguretat Social i la Hisenda Pública renunciessin a exigir el deute als nous empresaris – Lara i Godo entre ells – cosa que mai han acceptat si la Seguretat Social ni Hisenda, quan es tracta d’un cas de subrogació empresarial.  Que quedi clar que aquests comentaris de passada no pretenen diluir la seva responsabilitat en el clima de crispació creat a la societat. Només pretenc posar de manifest la complexitat del món en que vivim i els riscos de simplificar realitats que son molt complexes. 

Doncs, una vegada ha quedat clar quina es l’autoritat querem mereix el Sr Lara, deixeu-me afegir que les darreres declaracions que ha fet ens haurien de fer pensar. Porten per títol : “Planeta no tendrá que ir a Cuenca por la independència de Catalunya, sinó a Luxemburgo por el IVA digital”

Més enllà de les intencions del Sr Lara, les seves declaracions ens haurien de fer pensar una mica. Sobre tot als que fan una identificació automàtica i simple entre un determinat model  d’Estat i la sobirania política. 

En aquests nivells de Globalització económica el debat no és entre dos, els Estats nacionals del segle XX i les nacions sense estat que pretenen ser-ho al segle XXI. Tenim un tercer actor més potent que tots dos, que són els mercats financers globals. I davant d’això potser que reflexionem sense gaires simplismes. 

Sens dubte, disposar d’estructura d’Estat ofereix més instruments polítics per fer front als reptes de la globalització de manera autònoma, però ni de lluny garanteix la única sobirania real, que és la sobirania econòmica front els mercats financers i una economia globalitzada. 

I aquest és el principal repte avui de les societats i de la democràcia. Com fer de la construcció política d’Europa al instrument de gobernança de la globalització econòmica. I això passa entre d’altres coses per l’harmonització fiscal que dificulti el dumping social entre Estats. No perdent de vista que a més Estats i més sobirania política teòrica per regular la fiscalitat, més riscos de dumping fiscal i més possibilitats que la única sobirania real, sigui la dels mercats.

Les societats tenen dret a il·lusionar-se, en el sentit de creure i tenir il·lusió en alguna cosa, especialment en moments de gran desconcert com els que vivim. Però fora bo que la il·lusió no tingués forma d’il·lusionisme, que és una de les maneres en que s’anomenen els jocs de màgia.

Només amb reflexions serenes que fugin del simplisme i la simplificació, que no situïn els debats en terreny quasi religiosos podrem evitar caure en una gran frustració. 

Perquè hi ha dues coses amb les que hauríem de coincidir la immensa majoria de la societat catalana.

Que tenim el Dret a decidir quin tipus de societat volem i com la volem organitzar políticament . I que aquest exercici democràtic a decidir és un mitja per aconseguir un fí, una veritable sobirania de la ciutadania catalana davant de qualsevol altre poder, sigui econòmic i polític. Sabent, per no fer-nos trampes al solitari que vivim en el món de sobiranies compartides.


Ja sé que les declaracions del Sr Lara tenen morbo per altres coses, però en la seva condició de gran empresari, propietari de SICAVs, propietari de mitjans de comunicació ens ha posat sobre la taula un debat que, al meu entendre és el debat.  








diumenge, 14 d’octubre de 2012

DE MAIMÓNIDES A MILAN KUNDERA

DE MAIMÓNIDES A MILAN KUNDERA


Aquest matí m’he posat a rellegir un treball sobre Maimónides, el gran pensador del judaisme de l’edat mitjana i al que devem en part la transmissió del pensament Aristotèlic a la modernitat. De cop, m’he topat amb uns paràgrafs subratllats durant la primera lectura, que posen en boca Maimònides unes idees tan simples com actuals: “Abans d’aparèixer en públic, ha de pensar un el que vol dir, una vegada, dos,tres, quatre vegades i només aleshores ha de parlar. Tot allò que es propagui per escrit ha de comprovars-se mil cops.

He pensat que havia subratllat aquest pensament perquè em sembla un consell savi i absolutament actual, amb el que em sento plenament identificat i que de fet practico sense ser-ne conscient. Poc després, mentre entrenava per la muntanya i tenia la ment lliure, m’ha assaltat un gran dubte sobre l’actualitat d’aquest consell. I m’he dit a mi mateix que això és exactament el contrari del que es sol fer avui, en tots els àmbits, tot i que és especialment visible en els àmbits públics, siguin polítics o no, i en la cultura dels mitjans de comunicació.

Muntanyes de paraules orals o escrites són propagades per ser consumides en un breu espai de temps i desaparèixer immediatament de l’espai col·lectiu. I això passa, just en una època en que tecnològicament tot queda arxivat i guardat. I on fins i tot el gran repte es garantir el dret a l’oblit en les xarxes socials. Com la “tirada” d’avui era de les llargues i anava bé de ritme, m’ha donat temps per reflexionar sobre el poc valor de la paraula, la seva escassa permanència en el debat públic.

Sense poder evitar-ho m’ha vingut al cap, com han desaparegut del debat social i polític a Catalunya totes les paraules i posicionaments relacionats amb la desparició del impost de successions, amb reforma laboral, amb l’augment de les taxes universitàries, amb l’establiment del repagament de productes farmacèutics i amb tantes i tantes coses, com l’augment de la pobresa extrema, fins i tot la infantil. I arribat a aquest punt de la reflexió m’ha vingut al cap que just això passa en uns moments en que la velocitat dels temps “digitals”, la immediatesa, propicia i fins i tot premia actituds construïdes sobre la manca de memòria i l’oblit com a estratègia de comunicació.

Avui és possible que un fet marqui l’agenda pel matí d’un dia qualsevol i sigui desplaçat de l’actualitat per un altre que apareix per la tarda o la nit del mateix dia. I amb ell, desapareix també totes les paraules orals o escrites vertides en el debat social.

Just en arribar a aquest punt dels meus pensaments m’ha vingut al cap una de les més conegudes cites de Milan Kundera : “La lluita de la humanitat contra el poder, és la lluita de la memòria contra l’oblit”. I en aquest punt de la reflexió he arribat a la conclusió que la única manera que el poder sigui esclau de les seves paraules es que la societat lluiti contra l’oblit. Contra l’oblit de la història remota, contra l’oblit de la quotidianitat.

I en això estem. La millor estratègia de l’esquerra nacional és impedir que la desmemòria sigui l’estratègia amb que el poder es consolida i amplia la seva hegemonia. Per això, caldrà recordar cada dia el que ha dit o escrit cadascú.

Els consells de Maimónides tenen plena actualitat, a condició que no oblidem a Milan Kundera.

     

dijous, 4 d’octubre de 2012

RECURSO INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE REFORMA LABORAL LEY 372012.


A los casi 8 meses de la entrada en vigor de la Reforma Laboral con el Real Decreto Ley 3/2012 al que sucedió después la Ley 3/2012, todos los datos apuntan a que se han confirmado los peores presagios. La Reforma Laboral, como ya denunciamos en su momento, no solo no ha servido para crear empleo, sino que ha incentivado el despido como mecanismo de ajuste de las plantillas y ha presionado a la baja condiciones de trabajo, especialmente el salario. Bajadas de salarios que sin duda era y es el gran objetivo oculto de la reforma. Conseguir que el ajuste económico de España se haga a través de una devaluación interna por la vía de una importante reducción de los salarios.

Pero la Reforma Laboral no tiene solo objetivos coyunturales frente a la crisis. Los poderes económicos y sus portavoces parlamentarios, PP y CIU, han querido aprovechar la crisis para imponer reformas estructurales del modelo de Relaciones Laborales nacido de la Constitución Española. Así, la Reforma ataca y debilita la negociación colectiva y con ello el papel del sindicato en la empresa y las relaciones laborales, impone un modelo de decisión unilateral de las condiciones de trabajo y devalúa el Derecho al Trabajo, reconocido por la Constitución Española y avalado por los Convenios Internacionales de la OIT.
Como ya denunciamos en el trámite de debate parlamentario, la Reforma Laboral comporta vulneraciones importantes de la Constitución Española. Los elementos centrales de la Reforma Laboral vulneran los derechos constitucionales de negociación colectiva (Art 37 CE) y libertad sindical (Art28 CE), el derecho al Trabajo del Art 35 y comporta discriminaciones prohibidas por el Art 14 de la CE, al tiempo de limita la Tutela Judicial efectiva del Art 24 de la CE.

Por eso tiene gran trascendencia Social, política y jurídica que hoy, 5 de octubre 2012, Diputados del Grupo Socialista y del Grupo de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA,CHA) hayamos presentado un Recurso de Inconstitucionalidad frente a la Ley 3/2012.

El recurso contiene 8 causas de inconstitucionalidad, 4 por vulneración de la negociación colectiva y la libertad sindical, 2 por vulneración del Derecho al Trabajo y 2 más por discriminación.
Estos son a juicio de los Diputados recurrentes los supuestos y causas de inconstitucionalidad.
  1. El establecimiento de un arbitraje obligatorio para proceder al descuelgue unilateral de las empresas en el cumplimiento del Convenio Colectivo, que posibilita la nueva redacción del artículo 82.3 del ET, atenta al Derecho de negociación colectiva y por tanto de la Libertad sindical en la medida que hace desparecer el carácter de fuerza vinculante de los Convenios que establece la CE. Cabe recordar que los arbitrajes obligatorios fueron declarados inconstitucionales ya por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981.


  1. La modificación unilateral por parte del empresario de las condiciones de trabajo, incluida el salario, establecidas en Pactos y Acuerdos colectivos, que permite el nuevo artículo 41 del ET, comporta también una vulneración de la negociación colectiva y del contenido esencial de la libertad sindical.

  1. La prevalencia legal del Convenio de Empresa frente al Convenio Sectorial, negando incluso que la negociación colectiva sectorial pueda establecer lo contrario, comporta una clara limitación a la libertad de las partes, consustancial al derecho de negociación colectiva.

  1. La prohibición que los Convenios Colectivos puedan establecer en determinados supuestos la Jubilación forzosa de los trabajadores al llegar la edad ordinaria de jubilación, además de ser una medida incomprensible en momentos de elevado desempleo, especialmente juvenil, supone también una injerencia en la libertad de las partes para negociar el contenido de los convenios que es contraria al derecho de negociación colectiva.

  1. El contrato para emprendedores – la joya según el PP de la Reforma Laboral - al establecer un período de prueba de 1 año atenta contra el principio de causalidad en la contratación que, como ya ha afirmado el Tribunal Constitucional forma parte del Derecho al Trabajo reconocido por el artículo 35 de la CE. Además de ser contrario al Convenio 158 de la OIT, ratificado por España en 1985 y al artículo 30 de la Carta de Derechos fundamentales de la UE, que ostenta el mismo valor jurídico que los Tratados de la UE.

  1. La desaparición práctica de los requisitos de causalidad, razonabilidad y proporcionalidad en los despidos económicos (ERES) del artículo 51.1 y los despidos objetivos del artículo 52,c comportan también una vulneración del Derecho al Trabajo del artículo 35, en el que, como ha dicho el Tribunal Constitucional, se incluye los criterios de causalidad en las causas del despido.

  1. La desaparición de los salarios de tramitación en los supuestos de despidos declarados improcedentes, cuando la empresa no readmita al trabajador y opte por la indemnización, comporta una discriminación contraria al artículo 14 de la CE. Discriminación que además es contraria a la lógica de la defensa del empleo, en la medida que premia a las empresas que después de una sentencia de improcedencia no readmiten al trabajo sino que lo indemnizan, al tiempo que penaliza en términos comparativos a las empresas que si readmiten al trabajador.

  1. La exclusión de la suspensión de contratos o reducciones de Jornada como mecanismo de ajuste del empleo en los contratos laborales en el ámbito de las administraciones públicas, en las que solo será posible la aplicación de los despidos como mecanismo de ajuste del empleo atenta contra la prohibición de no discriminación, al tiempo que rompe también la lógica de protección del empleo que dice tener la Reforma Laboral.
Como puede comprobarse se trata de 8 causas de inconstitucionalidad que afectan a la columna vertebral de la Reforma Laboral, lo que hace aún más trascendente este Recurso de Inconstitucionalidad.
Ahora cabe esperar que dada esta trascendencia y su impacto en millones de personas, además de su especial significación, el Tribunal Constitucional haga uso de sus prerrogativas para que la Sentencia se dicte en el menor tiempo posible, como ha sucedido en otras ocasiones y no comporte una espera de 4 o 5 años como ha sucedido en otros Recurso de Inconstitucionalidad.
Una sentencia rápida sería un reforzamiento al valor de la CE en unos momentos en que desde diferentes espacios de la sociedad se esta poniendo en duda su capacidad para jugar el papel para la que se acordó y aprobó en 1978.

dilluns, 1 d’octubre de 2012

EL DOBLE LLENGUATGE DE CIU


Una de les característiques genètiques de la política de CiU és l’habilitat amb què practiquen un doble llenguatge. No sols perquè diuen unes coses i en fan d’altres, sinó perquè a Catalunya solen queixar-se de decisions adoptades a Madrid, que ells han votat, quan no impulsat.

No és una qüestió nova. Sense anar més lluny en l’anterior legislatura, CiU va votar a favor, millor dit va impulsar una partida dels PGE 2011 per compensar la caiguda dels ingressos motivada per la baixada de trànsit en les autopistes radials de Madrid. Potser cal afegir que les concessionàries d’aquestes autopistes són empreses amb les que CiU sol tenir una relació molt fluïda. Això sí, aquest comportament a Madrid no els impedeix després a Catalunya alimentar la cultura del greuge situant com a exemple el tema de les autopistes, que ells mateixos han votat, quan no impulsat.

Aquest comportament de doble llenguatge s’ha mantingut durant aquesta legislatura, al mateix temps que CiU i el govern català posaven en marxa una ofensiva per aconseguir la majoria absoluta amb la que continuar fent les seves polítiques.

Les votacions fetes al Congrés de Diputats en 9 mesos són molt il·lustratives del que explico:

Dels 27 Decrets Llei convalidats pel Congrés de Diputats, CiU ha votat SÍ en 17 ocasions i només NO en 6 i abstenció en 4.

I pel que fa a les lleis aprovades en aquests mesos, CiU ha votat SÍ en 4 ocasions i NO en 2.

Entre els Decrets Llei en què CiU ha votat SÍ hi ha els que fan referència a les retallades pressupostàries i de drets. Així, va votar a favor del primer ajust duríssim del govern del PP, el del Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre. Es tracta d’una norma que conté totes les retallades en el sector públic, inclosa la congelació de salaris i plantilles, també les de sanitat o educació. També la pujada de només un 1% de les pensions que hores d’ara el govern del PP no s’ha compromès encara a revaloritzar en funció d’una inflació de l’any 2012, que pot estar entre el 3 i el 3,5%. També va votar a favor del Decret Llei 12/2012 de mesures tributàries per reduir dèficit públic, que, com ja sabem ara, no s’ha reduït i sí ho han fet els drets.



En aquest terreny CiU va votar en contra del Decret Llei 14/2012 sobre despeses educatives i el Decret Llei 16/2012 de sanitat. Val la pena destacar que si es llegeixen les intervencions del debat es podrà comprovar que l’oposició a aquestes mesures anava més adreçada a problemes competencials i no a l’oposició a les polítiques de retallades de drets socials bàsics. En moltes ocasions, s’ha vist també en els debats al Parlament català i en la negativa a presentar recursos d’inconstitucionalitat contra lleis espanyoles, CiU deixa ben clar que no està en contra de les retallades sinó que està en contra que les retallades no siguin competència del govern català. Una manera molt curiosa d’entendre l’autogovern.

CiU també ha votat a favor del Decret Llei 372012 i de la Llei 3/2012 de reforma laboral. I ho ha fet, en paraules del seu portaveu, sense complexos. No cal insistir gaire en les conseqüències avui ja evidents de la reforma laboral. Ha incentivat els acomiadaments, els canvis unilaterals de les condicions de treball, inclosos salaris i un afebliment de la negociació col·lectiva. El resultat últim ha estat més persones aturades i menys salari per als que treballen. En el terreny laboral es va abstenir en el Decret Llei 23/2012 de 24 d’agost que renovava i retallava el programa “PREPARA”, el dels 400 euros.

També ha votat a favor de les reestructuracions bancàries que han suposat transferir recursos públics per tapar els forats dels bancs, socialitzant les pèrdues. Un cas clar “d’espoli” dels ciutadans pels bancs que, en aquest cas, CiU no sols no denúncia sinó que hi vota a favor. Ho ha fet en el Decret Llei 2/2012 de 3 de febrer de sanejament del sector financer. I també en el més recent Decret Llei 24/2012 de 31 d’agost de reestructuració y resolució (liquidació) d’entitats financeres, que entre d’altres coses autoritza a crear el “banc dolent” que es quedarà amb els actius immobiliaris danyats o tòxics en poder de les entitats financeres. I que si no ho impedim pot acabar sent una monumental estafa per la via de socialitzar pèrdues i privatitzar després beneficis per la via de vendre actius immobiliaris a preus més baixos dels que pagarà el “banc dolent” a les entitats financeres amb diners públics, de la UE. Recursos europeus que carreguen el deute públic espanyol i que entre d’altres coses són la justificació de les “contrapartides” que en forma de retallades de dret i privatització exigeix la Troika a canvi de facilitar recursos per salvar bancs espanyols i els seus creditors europeus.

Curiosament, els mateixos diners que sí que es disposen per salvar bancs no existeixen per salvar famílies hipotecades. En aquest sentir, CiU també va votar a favor del Decret Llei 6/2012 referit als deutors hipotecaris, que va tancar la porta a les propostes de dació en pagament, que entre d’altres fem ICV-EUiA, i va donar suport al placebo, a la trampa del “Codi de bones pràctiques bancàries” del ministre de Guindos.

En el terreny de l’economia i la hisenda, CiU ha votat gairebé sempre a favor de les lleis que permeten la intervenció de l’economia espanyola i la catalana. Entre elles la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera o la Llei orgànica per la que s’autoritza la ratificació de l’anomenat Fiscal Compact de la UE o tractat d’estabilitat, la base de totes les mesures de “rescat” i de desenvolupament de la vergonyosa reforma de l’article 135 de la CE, impulsada per PSOE i PP en l’anterior legislatura. Fins i tot en aquest terreny es va abstenir en la votació del Decret Llei 21/2012, el que regula els mecanismes de rescat de les CCAA a canvi de cedir sobirania i autogovern. Val la pena destacar que l’abstenció va venir després de l’anunci de vot a favor dels portaveus de CiU ( en concret Duran i Lleida), però la intervenció dels portaveus del PP van ser tan dures -amb una crida a deixar clar que tothom que s’aculli al rescat autonòmic ha d’assumir que a Espanya només hi ha una sobirania i no 17- que el grup de CiU va haver de canviar el vot a favor per l’abstenció.

Altres votacions il·lustratives dels interessos que defensa CiU al Congrés, que ni de lluny son els de la ciutadania de Catalunya, les trobem en l’abstenció en el Decret Llei 1/2012 que va acabar amb els incentius a les energies renovables. El vot a favor del Decret Llei 1972012 de liberalització del comerç i altres serveis (atenció petits comerciants, sobre el seu contingut). O el vot a favor Decret Llei 22/2012 d’infraestructures i serveis ferroviaris que sota el paraigües de la liberalització obre la porta a la privatització de serveis ferroviaris.

Sens dubte, CiU té tot el dret del món a votar el que cregui oportú, com tothom. Però el que no pot fer i no hauria de fer és continuar mantenint un doble llenguatge, dir una cosa i fer-ne una altra. Dir una cosa a Catalunya i fer la contrària a Espanya. Dir que actua en nom dels catalans i les catalanes, quan utilitza Catalunya com a pantalla per defensar els interessos de determinats sectors econòmics i lobbys catalans i espanyols, perquè aquests sí que no tenen pàtria. O millor, la seva són els seus interessos.

I si ho fa, els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a saber-ho.