dilluns, 9 d’abril de 2012

LOS OPORTUNISTAS DE LA CRISIS ATACAN DERECHOS BÀSICOS.

El anuncio del Presidente del Gobierno de un recorte de 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad es la mejor imagen de lo que esta sucediendo en España en los últimos años y que se ha agravado con el gobierno del PP.

Desde el inicio de la crisis es evidente que el problema de España se llama sistema financiero. Las dudas y sobre todo la negativa de los sucesivos gobiernos a abordar de frente el colapso del sistema financiero no han hecho nada más que agravar las consecuencias de la crisis. A pesar de los muchos recursos públicos españoles y europeos dedicados directa o indirectamente a ayudar a los bancos, estos no cumplen su función, han ahogado el funcionamiento de la economía real, especialmente de PYMES y autónomos y han generado todo tipo de dudas sobre la economía española.

En este contexto, los poderes económicos y sus representantes políticos han reaccionado en una doble dirección. De un lado, ignorando la verdadera causa de la crisis y de la falta de credibilidad de la economía española, que no es otra que la carcoma que roe el sistema financiero español. No lo hacen porque hacerlo significa tocar intereses muy poderosos, de los accionistas, de los acreedores de los bancos.

Pero en paralelo, se esta aprovechando esta crisis para imponer de manera oportunista reformas que, en condiciones normales no les seria posible adoptar por procedimientos democráticos. La Reforma laboral es un buen ejemplo, como lo es el uso abusivo y de manera contraria a la Constitución de la figura de los Decretos Leyes, más de diez aprobados por el gobierno del PP en solo tres meses.

Se pretende aprovechar la crisis para privatizar importantes esferas del Estado social. Aunque el objetivo último de las privatizaciones y desregulaciones, además del negocio, es transferir poder de la sociedad y la política hacia los mercados de capitales.

El anuncio del Gobierno Rajoy de recortar en 10.000 millones los presupuestos de Sanidad y Educación es el último – hasta ahora - capitulo de esta estrategia. Mientras eso que llaman los mercados están incrementando la presión sobre la economía española convencidos que la crisis del sistema financiero terminara siendo asumida por el Estado, con sus costes en términos de más déficit y deuda pública, el Gobierno español se niega a intervenir en el sistema financiero o lo hace a ritmo de tortuga y sin afrontar el problema de fondo. El caso más evidente, es el de la situación de Bankia, el más grande los bancos afectados por la podredumbre del sistema financiero.

Y mientras en el terreno de la reforma financiera la parálisis es total, el gobierno hiperactúa en el campo del gasto público, una de los más bajos de la Unión Europea y especialmente en el de los gastos sociales, uno de los más débiles de nuestro entorno.

El resultado de esta nueva decisión del Gobierno del PP es evidente, Como le sucedió al gobierno Zapatero, estas medidas no solo no van a reducir la presión de los mercados de capitales sobre las finanzas públicas españolas, sino que van a agravar aún más la situación. Con las consecuencias de más desigualdad social, más riesgo de exclusión social y también más parálisis económica.

Esta mezcla explosiva de grandes intereses privados y de la teología desreguladora y privatizadora nos conduce directamente al abismo económico y social.

La sociedad española reaccionó el pasado 29 de marzo con la huelga general. Ahora más que nunca se hace imprescindible una respuesta clara del conjunto de la sociedad. Y en Catalunya ha llegado el momento de preguntarle a CIU, durante cuanto tiempo más continuaran apoyando una política tan antisocial, supuestamente en nombre de Catalunya.