dimecres, 21 de novembre de 2018

dijous, 12 de juliol de 2018

EFECTES COLATERALS DE LA JUDICIALITZACIÓ

El Magistrat Llarena, en la seva interlocutòria, acorda la suspensió automàtica de les funcions de parlamentari de sis dirigents polítics independentistes processats per rebelió a la presó. 

No han passat ni 24 hores de la reunió de Pedro Sánchez i Quim Torra i els riscos d'interferència política de les resolucions dels Tribunals s'han fet evidents. Cal assumir que serà així durant molt de temps i generarà no poques distorsions en un clima de convivència tendre i poc consolidat. 

No existeix cap conflicte de legitimitats entre Parlament i Tribunal Suprem. Els poders públics - tots- han de cumplir la resolució dels Tribunals, encara que siguin criticables i amb dubtòs fonament jurídic. 

El conflicte al Parlament de Catalunya està servit i aquells que consideren que el canvi de clima i l'obertura de diàleg és un problema o una traició - tal com ells mateixos la qualifiquen- aprofitaran l'avintesa per cridar de nou a la desobediència. 

La sortida d'aquesta disparatada situació de judicialització del conflicte, que mai s'hauria d'haver produit passa per a que en els propers dies i en la fase de conclusions provisionals, la Fiscalia modifiqui la tipificació penal dels fets que s'imputen i abandoni la pretensió de considerar-los rebel.lio. 

us deixo l'article que avui em publica eldiario.es sobre la questió. 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Efectos-colaterales-judicializacion_6_791330891.html

dissabte, 30 de juny de 2018

UN BON ACORD DE NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA

Us deixo l'article publicat el dijous 28 a eldiario.es.

EL CLIMA DE DIALOGO SE EXTIENDE


Como sucede con otros aspectos de la vida el clima político es un factor contagioso. Lo estamos constatando en las últimas semanas. No se trata de creer en los poderes  taumatúrgicos de la moción de censura, pero sin duda se esta produciendo una discontinuidad positiva en el clima social y político del país.

En un espacio muy breve de tiempo se ha pasado de estar totalmente empantanados a un inicio de desenpantanamiento. Lento y sin garantías pero esperanzador. Se percibe una sensación parecida a la que produce abrir las ventanas de un espacio largamente cerrado y en el que el ambiente se había convertido en irrespirable.

El bloqueo parlamentario del último año parece evolucionar hacia la posibilidad de que se abra un debate efectivo sobre leyes de gran trascendencia, como la de la eutanasia o la de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) entre otras.

El lenguaje agresivo y en ocasiones con expresiones casi bélicas que primaba en el conflicto catalán ha evolucionado a manifestaciones de cierta empatía hacia el otro, donde antes solo había criminalización. Allí donde el debate lo marcaban las posiciones más maximalistas, ahora estas han quedado fuera de juego, muy descolocadas y con menos margen para mantener la estrategia de crispación.

Seria ingenuo pensar que existe un único hilo conductor que todo lo liga. Pero también seria torpe no darnos cuenta que la dinámica conflictual que durante años viene marcando este país puede estar abriendo la puerta a un mayor espacio para el dialogo, las negociaciones, los acuerdos o los pactos de desacuerdo.

El conflicto es una buena argamasa de la democracia y cohesiona las sociedades mucho más de lo que parece, pero su potencialidad es mayor si va acompañada de la capacidad de conducir los conflictos hacia acuerdos.

Por eso es una muy buena noticia que se haya alcanzado un preacuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales sobre negociación colectiva y relaciones laborales, que es de esperar se ratifique y suscriba en los próximos días.

Ante la gravedad de los problemas provocados por la Gran Recesión económica y las políticas que se impusieron para darle respuesta, puede parecer un acuerdo modesto, pero tiene mimbres y mucha potencialidad de desarrollo futuro. 

Nuestro país tiene problemas importantes y quizás el más grave sea que hemos salido de la recesión económica con mucha más desigualdad social de la que teníamos en el 2008. Una desigualdad que se percibe nítidamente en la distribución injusta de los beneficios de la recuperación, que no están alcanzando a las personas trabajadoras, especialmente a las que carecen de recursos formativos.

Se trata de una cuestión de justicia social y también democrática, porque la desigualdad estructural y enquistada suele actuar como el principal corrosivo de la democracia.

Nuestra desigualdad social tiene dos epicentros muy nítidos. La que se genera en el lugar de trabajo, fruto de una primera distribución primaria de la renta muy desequilibrada, especialmente a partir del impacto de la Reforma Laboral del 2012.  Y la que se localiza en un sistema fiscal cadavérico que, desde hace años, no cumple la función de redistribuir de manera progresiva la renta.

El Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva para los años 2018-2020 aporta novedades importantes. La que va a tener más repercusión mediática es la salarial y no es para menos, porque contiene compromisos de empresarios y sindicatos para que los convenios colectivos recojan incrementos salariales para los próximos años que permitan recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Siempre con el permiso de la inflación –un factor incierto de la economía en los próximos años. Y por eso es positivo que en el acuerdo se hable de las clausulas de revisión salarial de los convenios, aunque su formulación sea excesivamente genérica y su concreción deba producirse convenio a convenio.

Me parece muy significativo el compromiso de llegar a finales del 2020 con un salario mínimo de todos los convenios de 14.000 € anuales. No solo por lo que significa de mejora de los salarios más bajos sino por la incidencia que puede acabar teniendo en la fijación legal del SMI y en la mejora de las bases mínimas de cotización que tanta falta nos hace.

Y sobre todo porque significa que las organizaciones sindicales han puesto la fuerza de los trabajadores organizados al servicio de la mejora de las personas trabajadoras con menos capacidad de hacerse oír y de negociar.

El acuerdo trasluce una sensación de que por fin las organizaciones empresariales han comenzado a entender que las políticas de precariedad incentivan el dumping social y no interesan a nadie. Ojalá sea así y no se trate de un espejismo, pero el acuerdo de salario mínimo convenio, y los compromisos de mantener la aplicación de los convenios una vez acabada su vigencia, minimizando así los efectos nefastos de la Reforma Laboral del 2012, parecen ir en la buena dirección.

También es una buena noticia que se proponga una nueva regulación de la subcontratación (artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores) con el objetivo de acotar los procesos de externalización productiva y evitar que, como dice el acuerdo, se “incentive la competencia desleal entre empresas y el deterioro de las condiciones de empleo”.

Este aspecto viene recogido en un Anexo que las organizaciones sindicales y empresariales han firmado y remiten a las negociaciones tripartitas con el Gobierno. En él se incluyen propuestas muy interesantes como la creación de una nueva prestación social que incentive las reducciones temporales de jornada como alternativa al uso de los despidos en las crisis empresariales, que permita garantizar el empleo, impulsar medidas de flexibilidad, fomentar la formación y el reciclaje y no penalizar a los trabajadores en su derecho a la prestaciones de desempleo.

Estas y otras materias podrían formar parte de un futuro acuerdo tripartito de concertación laboral que aborde cambios en la Reforma Laboral del 2012, especialmente en lo que se refiere a devolver la fuerza vinculante a la negociación colectiva sectorial, que es el espacio en el que las personas trabajadores construyen solidaridad entre ellas.

Un acuerdo tripartito que el Gobierno deberá trabajar, pero en el que no se puede escudar para no hacer nada. Es evidente que la mayoría de 180 votos que apoyaron la moción de censura coincide en el modelo de relaciones laborales, pero el Gobierno tiene la obligación de conseguir mayorías para sacar adelante medidas tan urgentes como necesarias.

En resumen un acuerdo que puede contribuir a mejorar el clima social y sobre todo las condiciones de trabajo, que buena falta nos hace. Por razones de justicia social y también democráticas.        


dissabte, 9 de juny de 2018

dilluns, 28 de maig de 2018

SEGURIDAD SOCIAL: RETOS ASUMIBLES


Abordar el debate sobre el futuro de las pensiones requiere tener algo de perspectiva histórica y reconocer que, a pesar de sus insuficiencias, la evolución de la Seguridad Social en los últimos 40 años es una historia de éxito.

En este período ha habido de todo como en botica. Ha aumentado significativamente la cobertura, con más personas protegidas y mayor protección. Aunque también se han producido ajustes que en algunos casos dificultan el acceso a las prestaciones o reducen su cobertura.



Para comprender la intensidad del cambio basta recordar que el gasto en pensiones ha pasado del 4,5% del PIB en 1978 al 11,7% actual. Y las previsiones -que siempre hay que relativizar- lo sitúan entre el 14% y el 15% del PIB en el 2050. Un esfuerzo perfectamente asumible y comparable con el resto de países de la Unión Europea.

Se ha pasado de una financiación soportada únicamente por cotizaciones de trabajadores y empresarios, a una financiación mixta. Con una aportación fiscal, aún muy insuficiente, que supone el 9,03% del total de los ingresos. Sin contar los créditos con los que el Estado cubre el déficit de 18.800 millones de euros.
Se ha evolucionado de un sistema en el que solo percibían pensión quienes habían cotizado a otro en el que se reconocen pensiones no contributivas a personas en situación de necesidad.

El sistema mutualista de 1978, con grandes diferencias en el nivel de protección y de gestión, se ha transformado en un sistema público armonizado en su regulación, protección y gestión. Hasta finales del siglo XX las diferencias eran grandes entre los diferentes regímenes de seguridad social -escritores de libros, toreros, deportistas profesionales, entre otros-.

En algunas grandes empresas se mantenían sistemas sustitutorios al de la Seguridad Social. Sin olvidar las diferentes Mutualidades de empleados públicos que, como los de la Administración Local no se integraron en el Régimen General hasta el 1 de abril de 1993, fruto de un acuerdo sindical. Aunque las diferencias en la protección no han desaparecido, el proceso de armonización ha sido importante.

Financiar este esfuerzo ha requerido de un constante aumento del gasto en pensiones, fruto de la exigencia y esfuerzo de la sociedad española. Con un papel importante de los sindicatos que han ejercido sus responsabilidades presentando propuestas, movilizándose, negociando y firmando acuerdos sociales.

En este período se ha conseguido mantener el sistema público de seguridad social, contributivo, solidario y de reparto, a pesar de los muchos intentos de transformarlo en un sistema de capitalización individual o de cuentas nocionales, con la consiguiente perdida de solidaridad. Se ha pasado de los 4 millones de pensionistas de 1978 a los cerca de 9 millones en la actualidad.

La intensidad y calidad de la cobertura ha aumentado considerablemente. En 1978 la pensión mínima significaba el 0,7% del salario mínimo interprofesional y en estos momentos supera el 1,2% del SMI. En relación al salario medio, la pensión mínima ha pasado de representar el 29% en 1981 hasta el 42% en la actualidad.

Las pensiones no contributivas nacen en 1990, fruto de un acuerdo sindical con el que CCOO y UGT capitalizaron el éxito de la huelga general del 14 de Junio de 1988.
La separación de fuentes de financiación, el aumento en la aportación fiscal y la creación del Fondo de Reserva tienen su origen en el acuerdo social de 1996, que la patronal rechazó porque pretendía utilizar el superávit puntual de aquellos momentos para reducir las cotizaciones empresariales.

La puesta en marcha definitiva del Fondo de Reserva y el reconocimiento de la jubilación anticipada a los 61 años  -que hasta entonces solo existía para los mutualistas que hubieran cotizado antes del 1 de enero del 1967- fueron fruto de otro acuerdo social, el del 2001, en este caso firmado en solitario por CCOO.

Algunos cambios benefician especialmente a las mujeres que son las más afectadas por la precarización del empleo. La mejora en el computo de las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial, forzado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luxemburgo. O la asimilación a períodos de cotización efectivos de algunos vacíos de cobertura, aunque se continúa discriminando a las empleadas del hogar. El aumento del 45% al 52% de la pensión de viudedad, establecido en el acuerdo social de 1996. Y después del 52% al 60% pactado en 2011 -aunque su aplicación haya sido congelada unilateralmente hasta el 2018-.

También ha mejorado la solidaridad interna, por la vía del aumento de los complementos de las pensiones mínimas y de haberse topado aún más las pensiones máximas, que hoy se sitúan un 20% por debajo de las bases máximas de cotización.

Cierto es que, en el marco de este ciclo largo de mejora de las prestaciones, también se han producido ciclos cortos, con reformas que han afectado al acceso a la protección social. Como el cambio en la edad ordinaria de jubilación, que se mantiene en los 65 años para quienes hayan cotizado 38,5 años, pero se eleva progresivamente hasta los 67 años -en el año 2027- para quienes hayan cotizado un período menor.

La mayor ruptura en este recorrido de mejora la ha provocado la reforma del 2013, aprobada en solitario por el Gobierno Rajoy. Se derogó la garantía de revalorización de las pensiones en función del IPC que estaba vigente desde 1996 y se estableció el factor de “sostenibilidad”, por el que los pensionistas pasan a soportar el mayor coste que supone el aumento de la esperanza de vida. Aunque las movilizaciones sindicales y de pensionistas han propiciado que los PGE 2018 acuerden una revalorización del 1,6% y la suspensión de la aplicación del índice de sostenibilidad, la reforma unilateral del 2013 continua vigente.
Esta perspectiva histórica sirve para demostrar que, aún siendo importantes, los retos de futuro son asumibles y existen alternativas y márgenes económicos. Así lo ha reconocido, en su reciente comparecencia en el Congreso, José Luís Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Para afrontar los retos necesitamos primero un diagnóstico honesto y no oportunista. Tan irresponsable es negar los riesgos de futuro de la Seguridad Social como afirmar que los problemas derivan de un exceso de gasto en pensiones.

El principal reto es el aumento de los ingresos, los contributivos que son su principal fuente de financiación, y especialmente la aportación fiscal del Estado. Existe margen para ello porque los ingresos fiscales de España están entre un 7% y el 8% del PIB por debajo de la media de la Unión Europea.

El segundo reto son los cambios en el empleo. De un lado los producidos por la gran recesión y las políticas de precarización laboral y depreciación salarial. De otro, los generados por las diferentes formas de innovación y que de manera simplificada se llama robotización.

Para afrontarlos la historia nos ofrece muchas enseñanzas. A principios del siglo XX se trabajaban una media de 3.000 horas anuales, frente a las aproximadamente 1.700 actuales. En aquel entorno no se disponía de recursos públicos suficientes para garantizar pensiones, ni sanidad universal, ni escolarización obligatoria. Desde entonces el estado social no ha hecho más que crecer a pesar de la desaparición de muchos trabajos que llevaban varios siglos entre nosotros.

Ello ha sido posible con la combinación de tres factores: reducción del tiempo de trabajo a lo largo de la vida de las personas trabajadoras, aumentos muy importantes de productividad -vía innovación- y una política fiscal con capacidad de redistribuir la riqueza creada.

Lo que hoy se presenta como el principal problema, el “envejecimiento”, ha sido aprovechado durante estos años como una oportunidad. Muchos de los empleos creados en las últimas décadas -turismo, economía de los cuidados- han sido posibles por la combinación del aumento en la expectativa de vida y la mejora del estado social - menos tiempo de trabajo, más vacaciones, jubilaciones anticipadas-. Sin los grandes logros del Estado Social Europeo hoy la población ocupada en toda Europa y especialmente en España, serian mucho menor.

Este es el camino que debemos seguir recorriendo. Y para ello deberemos combatir la perversa consigna del poder económico: “Repartiros el empleo, el salario y las pensiones entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de fiscalidad ni se habla”.
El único reto insalvable es el de la creciente desigualdad social. Genera pobreza, provoca desconcierto y miedo y corroe las bases del Estado social y de la democracia.


Link a l'article original

dimarts, 15 de maig de 2018

CONTINUA LA FICCIÓ. DEL PROCESISME AL LEGITIMISME


El debat d’investidura i l’elecció de Joaquim Torra com a president m’han deixat un gust més agre que dolç.

L’alegria inicial per la normalització que suposa una investidura efectiva, després de cinc mesos de focs d’artifici i degradació política, ha quedat ràpidament arraconada pel pànic provocat per la personalitat del candidat, les seves intervencions i el debat d’investidura.

Joaquim Torra ha acceptat ser un president provisional –per a la “gestió interior”– només durant el temps necessari per tornar a elegir Puigdemont, l’únic president “legítim”. Ha acceptat fer de “masover” que li cuida les terres a l’amo. No crec que sigui la millor manera de començar, ni és el que necessita avui la societat catalana, mancada d’estabilitat institucional i serenor social. Erosiona la seva credibilitat, tot i que no seria la primera vegada que algú li agafa gust a portar un hàbit que li han prestat per una estona.

El més preocupant, però, és comprovar que en el si de l’independentisme han guanyat una vegada més els partidaris de negar la realitat, jugar a la ficció i continuar enganyant a la societat catalana. S’ha imposat l’estratègia de cronificació del conflicte, sense atendre els molts i preocupants efectes que comporta mantenir la ferida oberta i continuar tirant-li sal. Per si no n'hi hagués prou, Ciutadans confirma que es troba molt còmode en aquest escenari de confrontació, que utilitza com la millor de les seves armes electorals.

Malgrat les declaracions dels seus dirigents, suggerint una reconsideració de l’estratègia independentista, ERC i el PDeCAT s’han plegat a Puigdemont que, fent de ventríloc, ha parlat a través del candidat i ha marcat el camí a seguir.

El que Puigdemont ha proposat per mitjà de Joaquim Torra comporta instal·lar-se en l’autoengany col·lectiu i la ficció. Insistir en el suposat i inexistent mandat de l’1 d’octubre és oblidar que aquest es fonamenta en unes lleis, aprovades el 6 i 7 de setembre passat, que no estan vigents. És obviar que l’1 d’octubre va ser tot, menys un referèndum amb capacitat de vincular a la societat catalana. Entre altres coses, perquè més de la meitat de la ciutadania no el reconeix com a tal i no s’hi sent vinculada. No hi ha cap projecte col·lectiu que es pugui construir amb una societat partida en dues meitats i confrontades entre si, des del mateix moment constituent –per utilitzar les paraules del candidat Torra.

El processisme, ara reconvertit en legitimisme, està reescrivint la història d’aquests darrers mesos amb la inestimable col·laboració dels mitjans de comunicació adeptes. Fent-nos creure que tot va començar l’1 d’octubre com a moment “constituent”, que abans no va passar res i que el conflicte és exclusivament entre Catalunya, representada pels independentistes, i l’Estat espanyol. Obvien deliberadament que el conflicte més important i el més greu es dona en el si de la societat catalana, en la que més de la meitat de la població no reconeix cap legitimitat ni a la declaració d’independència ni a la república catalana.

El programa –per dir-li d’alguna manera– de Torra insisteix en l’estafa política quan apel·la al suposat mandat de construir la república. Caldria recordar-li al nou president, i al seu mentor, algunes coses: el mateix 27 d’octubre els membres independentistes de la Mesa del Parlament van deixar constància en l’acta de la reunió que la resolució votada pel Ple i que suposadament legitima la república catalana no tenia cap efecte jurídic. Aquest argument de la manca d’efectes jurídics de la resolució ha estat utilitzat com a legítima via de defensa jurídica per les persones processades. Les eleccions del 21D legitimen les forces independentistes per fer majoria parlamentària, elegir president i governar, però no per “construir república”, que, per cert, tampoc s’ha explicat en què consisteix.

Aquesta nova estafa política es pretén vestir ara com l’estratègia de la “bifurcació”, que segons els seus creadors consisteix a dir una cosa i fer-ne la contrària. Cap projecte es pot construir sobre el manteniment de l’autoengany col·lectiu i la ficció d’un mandat democràtic que no existeix.

Sembla increïble, però assistim a l’enèsima repetició de la mateixa jugada que marca la vida de Catalunya des del 2012, amb la mutació dels processisme en legitimisme.

Amb algunes diferències importants que fan la situació molt més insostenible. Des de fa mesos tenim a la presó de manera injusta persones que viuen el risc de ser condemnades a molts anys de presó. I en la mesura que el conflicte continua empantanegat, els efectes socials col·laterals s’agreugen.

A més, el president elegit expressa una actitud sectària, gens integradora, i ha fet gala d’una ideologia supremacista, que no semblen les eines més adequades per recosir la societat catalana. El més greu és que les expressions supremacistes no són un “error” del candidat pel qual es demanen disculpes i “santes pasqües”. Malauradament, el supremacisme està més estès del que sembla en una part de l’independentisme –insisteixo, en una part.

Només cal recordar l’horrorosa proposta per expulsar del nomenclàtor de Sabadell els noms de personatges espanyols identificats amb el que els seus redactors consideren “imperialisme” cultural castellà.

El supremacisme ha calat en una part de la societat catalana, que s’ha acostumat a parlar dels espanyols com a una societat degradada i un poble “irreformable”. Aquesta desqualificació s’ha utilitzat reiteradament per a descartar la viabilitat de diàleg o pacte amb l’Estat espanyol. I és alimentada pels creadors d’opinió de la Divisió Mediàtica Ítaca, que la utilitzen per cohesionar l’independentisme i sumar forces. El supremacisme va acompanyat del risc de creure’s “poble elegit”, com es va fer evident amb les declaracions de Puigdemont en les que va qualificar Europa com un conjunt de pobles “decadents”.

A més, aquestes actituds són retroalimentades diàriament a Espanya per la caverna mediàtica Brunete, que treballa incansablement per presentar Catalunya com una societat “abduïda” i presa de la violència i del terrorisme. 

Aquest és el tobogan pel qual estem lliscant perillosament i que la cronificació del conflicte no fa més que agreujar. Per això considero que l’elecció de Joaquim Torra com a president és una sortida en fals que, lluny de resoldre el conflicte, l’agreuja, perquè comporta reiterar en tot allò que ens ha portat a aquest empantanegament.

El mandat per construir república, el procés constituent i molts dels imaginaris sobre els quals està construït el seu programa pateixen de la mateixa patologia, la deformació ideologitzada de la realitat. La mateixa que porta a Torra a afirmar que Catalunya viu una crisi humanitària.

És urgent sortir de la ficció en què ens ha situat el processisme i començar a recosir la societat catalana. Res de positiu es pot construir des de la negació de la realitat. La primera condició per transformar-la és conèixer i interpretar bé la realitat que es vol transformar. Res de bo es pot fer des d’una societat fracturada.

Cal urgentment fer emergir i potenciar les moltes veus i actituds que a Catalunya i Espanya creuen que el camí per sortir de l’empantanegament demana apostar per la moderació i per la construcció de ponts. Serà un trajecte llarg, però cal començar com abans millor. Ens hi posem?

dijous, 19 d’abril de 2018

DE AQUELLOS BARROS, ESTOS LODOS


Estos días asistimos entre consternados, indignados y perplejos a una nueva actuación de la Policía a instancias de la Fiscalía, la detención de una joven a la que se acusa de coordinar la acción de los Comités de Defensa de la República (CDR). Y en base a ello se le pretendía imputar el delito de terrorismo.

Se trata de un capítulo más en el intento de los poderes del Estado y sus voceros mediáticos de construir el imaginario de una Catalunya instalada en la violencia.


La actuación de la División mediática Brunete y su homónima en Catalunya, la División mediática Ítaca, son hoy el principal obstáculo para la búsqueda de una solución. En su obsesión por construir relatos hegemónicos en España y en Catalunya, se han olvidado de la responsabilidad social de los medios de comunicación y se han lanzado a una competición en la que la degradación del uso del lenguaje, la construcción una imagen perversa del otro y en definitiva la manipulación informativa de las sociedades respectivas se han convertido en una poderosa arma de colonización de las mentes de la ciudadanía.

Personalmente discrepo de la estrategia de los CDR. Aun cuando sus actos se limitaran a moverse en el terreno estricto de la desobediencia civil –derecho por cierto que se reconoce a la ciudadanía, pero nunca a los poderes públicos, que siempre están obligados a cumplir la Ley– me parece una estrategia errónea. No ayudan en nada a los objetivos que dicen defender y debilitan al movimiento del que forman parte. La vida demuestra que este tipo de acciones reducen la participación ciudadana, tienden a la radicalización –aún sin violencia- y acaban situándose en un circulo vicioso de acción y reacción.

Pero con independencia de la opinión que se tenga sobre la idoneidad y oportunidad de las acciones de los CDR, resulta evidente que acusarles de terrorismo es una barbaridad democrática.

Afortunadamente, la Audiencia Nacional ha rechazado las imputaciones de terrorismo y ha dejado en libertad a la joven detenida. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que esta deriva criminalizadora afecta solo al conflicto “catalán” y que con la libertad de la joven detenida el tema pierde gravedad.

No olvidemos que si el Ministerio Fiscal ha formulado la acusación de terrorismo es porque desde el 2015 el Código Penal español ha ampliado hasta el infinito los actos susceptibles de ser considerados terrorismo. Hasta el extremo de incluir en el capítulo de acciones terroristas los delitos graves que “pretendan obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.”

El nuevo artículo 573 del Código Penal permitiría hoy que determinadas actuaciones producidas en el marco de conflictos laborales y sociales que todos recordamos –por ejemplo las luchas obreras contra la reconversión industrial o las huelgas generales- pudieran ser calificadas penalmente como terrorismo.

Esta reforma penal fruto del Pacto de Estado entre el PP y el PSOE se aprobó con la excusa de combatir más eficazmente el terrorismo yihadista. Y digo excusa porque una buena parte de su contenido tiene poco que ver con las recomendaciones de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2178 de 24 de setiembre del 201, y con la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 28 de noviembre del 2008 en las que dice ampararse.

Se equivocan los que piensen que esta reforma se hizo con el objetivo de dar respuesta al conflicto catalán. Se equivocan aún más los que consideren que esta Ley es un hecho aislado. Y el error es aún mayor si se considera que este es un problema estrictamente español.

La Ley Orgánica 2/2015 forma parte de una triada de reformas legislativas acordadas durante el directorio absolutista de Rajoy compuesto por la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza),  la Reforma del Código Penal que entre otras cosas instaura la cadena perpetua (bondadosamente llamada prisión permanente revisable).

Se trata de un conjunto de reformas legislativas que aprovechan el clima de miedo e inseguridad creado en la sociedad, y alimentado artificialmente por determinados medios de comunicación, por el brutal atentado yihadista contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y por el impacto social que generan los asesinatos de personas jóvenes – mayoritariamente mujeres-. Se aprovecha este clima social para, entre otras cosas, criminalizar movilizaciones sociales y castigar penalmente a organizaciones y movimientos sociales.

Que esta reforma no tuviera como objetivo exclusivo el conflicto “catalán” no significa que sus impulsores no tuvieran esta pantalla en su horizonte. Quiero recordar que su aprobación se produce a los pocos meses de la consulta por la independencia del 9 de noviembre del 2014.

Por eso sorprende y hoy aún más que el grupo parlamentario de CiU tuviera una posición tan poco beligerante -por ser bondadoso- frente a esta ley. A pesar de mis reiteradas advertencias sobre el riesgo de que se terminaría aplicando en Catalunya. 

Aunque la memoria es débil sobre todo cuando no interesa, quiero recordar que esa reforma fue aprobada con la abstención de Convergència y el voto a favor de Unió Democrática. Y que algunas de las enmiendas que dieron redacción definitiva a la Ley, entre ellas las que se refieren al artículo de marras, el 537, fueron votadas por todo el grupo parlamentario de CiU, con la excepción de tres diputados ausentes de la sesión.
Estos días mucha gente se pregunta como es posible que el grupo de CiU no fuera consciente del riesgo que suponía no pronunciarse nítidamente y votar en contra de esta ley. Yo siempre tuve la sensación de que nunca vieron esta reforma como un riesgo propio. 
Quizás porque pensaron que su aplicación y posible abuso solo iba a afectar a otro tipo de movilizaciones. No se olvide que en aquel momento en Catalunya aún era muy presente el impacto por el “asedio” al Parlament del 2011 y que estaban en un punto álgido las movilizaciones contra recortes de derechos sociales.

Desgraciadamente este recrudecimiento de la legislación penal no es una hecho aislado de España, ni tan siquiera de Europa. Es un fantasma que recorre el mundo desde los atentados del 11 de setiembre del 2001.

Se esta utilizando el clima de inseguridad social para restringir hasta limites democráticamente intolerables las libertades. Y cada vez que se da un paso en este sentido, con el supuesto objetivo de garantizar la seguridad a las personas, se debilita la calidad de la democracia. Y con ello la inseguridad crece, porque con las libertades restringidas es más fácil imponer políticas que reducen los derechos sociales, hacen crecer las desigualdades y aumentan el miedo y la inseguridad social de la ciudadanía. Este es desgraciadamente el circulo vicioso en el que estamos instalados.

Después de la indignación sería deseable que hiciéramos algo más. Urge una reforma legal que devuelva la regulación del delito de terrorismo a términos que sean democráticamente aceptables.

* Article publicat originalment a Eldiario.eshttps://www.eldiario.es/zonacritica/barros-lodos_6_760533944.html

dimecres, 14 de març de 2018

UN HIVERN FASCINANT de Joan Margarit


Potser, només potser, si de ben matí
llegíssim els poemes de Joan Margarit
a “Un hivern fascinant”
podríem sortir d’aquest pou
al que humiliacions i rancúnia ens han abocat
i del que no sabem sortir
adictes com som a buscar consol en el desastre. 


A través del dolor


Mai no he oblidat el clatellot d’un guàrdia
Dient-me fort i sec: Habla en cristiano, niño.
Fins els meus quaranta any, la policia
Va fer interrogatoris amb tortures.
Només en castellà.
Però a través de tantes humiliacions
he pogut estimar el Ramón, el Luís,
i les pitjors paraules, les que m’han fet més mal,
les he sentides en la meva llengua.

Abans que les paraules va arribar una altra cosa.
Suau i indestructible.
Tan lúcida com res ja no ho seria mai.
Va arribar des d’un lloc que penso que és la infància.
A  vegades la sento barrejada amb la música,
com deu o quinze notes que de sobte em commouen,
però no sé per què ni des de quan.
Com si fos una tomba sense nom
a la qual per amor semore he dut roses.

És la força i la llum d’un costat que ignoro.
M’avisa, em protegeix d’algun lloc que no estimo.
D’una inútil rancúnia. De mi mateix. Dels altres.
D’alguna perillosa indiferència.
És en els meus poemes.
Que per això, també, els he escrit en castellà.


divendres, 9 de març de 2018

LLUITES DE GÈNERE, CONQUESTES DE CIVILITZACIÓ.

Encara sota l’impacte emocional d’una jornada, la del 8 de Març del 2018, que s’ha guanyat el dret a passar a la història, intento posar ordre a les moltes reflexions i sentiments que s’amunteguen i barregen dins meu, entre les quals predomina l’alegria viscuda per l’èxit de la vaga feminista.

El primer que ahir em va venir al cap en veure i viure la oceànica manifestació de Barcelona, va ser el record de totes aquelles dones que, en condicions molt dures, varen ser durant anys la punta de llança de la lluita social i feminista. Les dones del 36, la Tomasa Cuevas o més recentment la generació de l’Aurora Gómez, feminista a CCOO i sindicalista en el moviment feminista. Ho comentàvem amb la companya Gemma Lienas amb qui vaig compartir aquest moment d’immensa joia. 

Tampoc no he pogut deixar de recordar aquells 8 de Març en què poquets milers de dones – i molts menys homes- fèiem una manifestació que en alguns moments va córrer el risc d’acabar sent la litúrgia anual del 8 de març. Fins i tot les polèmiques suscitades sobre el dret dels homes a participar en les manifestacions del dia de la dona treballadora.

Ara toca intentar entendre totes les dimensions d’aquesta jornada. D’entrada, em sembla veure la potencialitat d’un moviment que  podria articular la lluita social en el segle XXI. En un món global, on costa agrupar interessos i més aviat es tendeix a l’individualisme, a la segregació, i al greuge comparatiu; el moviment feminista ha sabut aixecar una reivindicació i una bandera que aplega a moltes dones arreu del món i té capacitat d’implicar-hi als homes. Veure la manifestació d’Estambul, en un país com Turquia en plena regressió democràtica i vulneració dels drets civils, em va emocionar quasi tant com veure les dones treballadores paquistaneses en la mani de Barcelona. 

La lluita contra la desigualtat que pateixen les dones en totes les esferes de la vida té un gran potencial emancipador. Especialment en uns moments en què globalització sense regles, drets ni contrapesos socials o polítics està provocant un augment brutal de les desigualtats, que castiga especialment les dones, però té un fort component de classe. La batalla per la igualtat, encapçalada per les dones, pot ser l’eix que vertebri una potent internacional en les primeres dècades del segle XXI, on, ara per ara, costa veure quin serà el motor de la lluita social.

A Catalunya i Espanya es va produir un fet encara més transcendent. Hem estat l’únic país europeu on la mobilització feminista, amb múltiples dimensions, va incorporar una vaga laboral organitzada pel sindicalisme confederal de CCOO i UGT. Per aconseguir l’èxit de la vaga, fins i tot en algunes grans empreses industrials on les dones representen tot just el 20% de les plantilles, el sindicalisme de classe i confederal ha treballat molt i bé en l’organització de la vaga. Veure les dones sindicalistes de sectors com la neteja, que estan en plena negociació del seu conveni, encapçalant la vaga i la mobilització va servir per posar de manifest que la discriminació i l’opressió que pateixen les dones en totes les esferes de la societat, té en les empreses i en la relació de treball una de les expressions més salvatge.

Ahir el feminisme va ser el protagonista i l’eix articulador d’aquesta potent mobilització. I fent-li costat el sindicalisme confederal va assumir la responsabilitat d’organitzar la vaga laboral en els centres de treball, legitimant-se com a subjecte de transformació social. Així ho destaquen les capçaleres dels principals mitjans de comunicació de tot el món, que posen de manifest el fet diferencial de la vaga feminista a España, que ha estat la implicació sindical i la vaga a les empreses. Durant tot el dia em van venir al cap records de les moltes sindicalistes de CCOO que al llarg de cinc dècades han lluitat perquè el sindicat assumís la lluita de gènere com a element propi i consubstancial. Sense aquestes dones que han dut a terme una doble lluita, front el capital i entre els seus companys, la vaga laboral del 8 de Març no hauria estat possible, com encara no ho ha estat en altres països amb molta més força sindical que la nostra.

Per això em resulta sorprenent i molt preocupant l’actitud refractaria per part dels comuns a aquesta important implicació sindical. Si algú fora del nostre país llegeix els seus comunicats, declaracions i posicionaments, pot arribar a creure que el sindicalisme confederal no ha existit en aquesta espectacular vaga feminista. No vull creure que s’hagi decidit aplicar la vella formula d’imposar silenci sobre el que no agrada o no es controla.

Dijous, durant la concentració del matí a la Plaça de Sant Jaume, vaig estar esperant el moment en què l’alcaldessa de Barcelona es trobava amb els dirigents de CCOO i UGT. Però aquesta trobada no es va produir. I no deixa de sorprendre’m, perquè en una plaça tan petita el més difícil no era trobar-se, sinó eludir-se. Una trobada que, en canvi, sí que van propiciar regidores i regidors de pràcticament tots els grups municipals. Per a mi aquesta és encara una de les grans incògnites del dia d’ahir. Què pot portar a l’espai polític dels comuns a negar i rebutjar constantment el paper del sindicalisme confederal? Especialment quan és un dels seus jaciments de militància i de vots. Sectarisme? Instint suïcida? No ho sé, sincerament, però em resulta força incomprensible.

Un altre factor determinant ha estat que la vaga feminista del 8 de març ha tornat a situar el conflicte social, en aquest cas el conflicte de gènere, en l’epicentre del debat polític del país. I aquest és un dels grans èxits de la jornada i dels dies previs de preparació i difusió i organització de la vaga.

Al mateix temps s’ha recuperat per la política l’eix esquerra-dreta que alguns s’encaparren en declarar mort. Només cal recordar les explicacions i declaracions contra la vaga dels dirigents del Partit Popular i de Ciutadans, els dies previs. Rajoy va intentar en un últim moviment aturar aquest profund error d’oposar-se a la mobilització feminista. Però gracies a la bel·ligerància dels seus i les seves dirigents hem vist una vegada més en que consisteix ser d’esquerres o de dretes, quins son els valors que hi ha darrera de cada manera de veure el món. La batalla per la igualtat i la lluita contra les desigualtats i l’opressió de gènere és un de molt definitori.

A Catalunya, a més, hem assistit a una mobilització transversal que per primera vegada en molt de temps no fractura la societat, sinó que la cohesiona en objectius compartits per una immensa majoria de la societat.

Ara queda el més difícil, convertir aquesta espectacular energia, mobilitzada durant aquestes setmanes i que ahir va agafar forma de vaga feminista, en transformacions socials concretes. Totes i tots sabem que no serà fàcil, perquè les arrels de la injustícia contra les dones són molt profundes, ancestrals i estan ficades dins del moll de l’os de la societat i la seva cultura. Cal fer front a un sistema social, el capitalista, construït sobre els pilars de la desigualtat social, i un sistema patriarcal, edificat sobre els pilars de la dominació d’una part de la societat sobre l’altra, les dones.

Sens dubte, els canvis no seran ni ràpids ni fàcils i és probable que en pocs dies veiem com algunes adhesions estaven carregades de fariseisme. Crec, vull, necessito creure que en la llavor d’aquests anys, en la jornada d’ahir, estan els gens d’una societat més justa.

I del que estic convençut, perquè ho ensenya la història, és que les reivindicacions i lluites de gènere acabaran convertint-se en grans conquestes de civilització. Potser és el gran canvi que esperem i necessitem per fer del segle XXI una època que no estigui marcada irremeiablement per la injustícia i la desigualtat.