dissabte, 9 de juny de 2018

dilluns, 28 de maig de 2018

SEGURIDAD SOCIAL: RETOS ASUMIBLES


Abordar el debate sobre el futuro de las pensiones requiere tener algo de perspectiva histórica y reconocer que, a pesar de sus insuficiencias, la evolución de la Seguridad Social en los últimos 40 años es una historia de éxito.

En este período ha habido de todo como en botica. Ha aumentado significativamente la cobertura, con más personas protegidas y mayor protección. Aunque también se han producido ajustes que en algunos casos dificultan el acceso a las prestaciones o reducen su cobertura.



Para comprender la intensidad del cambio basta recordar que el gasto en pensiones ha pasado del 4,5% del PIB en 1978 al 11,7% actual. Y las previsiones -que siempre hay que relativizar- lo sitúan entre el 14% y el 15% del PIB en el 2050. Un esfuerzo perfectamente asumible y comparable con el resto de países de la Unión Europea.

Se ha pasado de una financiación soportada únicamente por cotizaciones de trabajadores y empresarios, a una financiación mixta. Con una aportación fiscal, aún muy insuficiente, que supone el 9,03% del total de los ingresos. Sin contar los créditos con los que el Estado cubre el déficit de 18.800 millones de euros.
Se ha evolucionado de un sistema en el que solo percibían pensión quienes habían cotizado a otro en el que se reconocen pensiones no contributivas a personas en situación de necesidad.

El sistema mutualista de 1978, con grandes diferencias en el nivel de protección y de gestión, se ha transformado en un sistema público armonizado en su regulación, protección y gestión. Hasta finales del siglo XX las diferencias eran grandes entre los diferentes regímenes de seguridad social -escritores de libros, toreros, deportistas profesionales, entre otros-.

En algunas grandes empresas se mantenían sistemas sustitutorios al de la Seguridad Social. Sin olvidar las diferentes Mutualidades de empleados públicos que, como los de la Administración Local no se integraron en el Régimen General hasta el 1 de abril de 1993, fruto de un acuerdo sindical. Aunque las diferencias en la protección no han desaparecido, el proceso de armonización ha sido importante.

Financiar este esfuerzo ha requerido de un constante aumento del gasto en pensiones, fruto de la exigencia y esfuerzo de la sociedad española. Con un papel importante de los sindicatos que han ejercido sus responsabilidades presentando propuestas, movilizándose, negociando y firmando acuerdos sociales.

En este período se ha conseguido mantener el sistema público de seguridad social, contributivo, solidario y de reparto, a pesar de los muchos intentos de transformarlo en un sistema de capitalización individual o de cuentas nocionales, con la consiguiente perdida de solidaridad. Se ha pasado de los 4 millones de pensionistas de 1978 a los cerca de 9 millones en la actualidad.

La intensidad y calidad de la cobertura ha aumentado considerablemente. En 1978 la pensión mínima significaba el 0,7% del salario mínimo interprofesional y en estos momentos supera el 1,2% del SMI. En relación al salario medio, la pensión mínima ha pasado de representar el 29% en 1981 hasta el 42% en la actualidad.

Las pensiones no contributivas nacen en 1990, fruto de un acuerdo sindical con el que CCOO y UGT capitalizaron el éxito de la huelga general del 14 de Junio de 1988.
La separación de fuentes de financiación, el aumento en la aportación fiscal y la creación del Fondo de Reserva tienen su origen en el acuerdo social de 1996, que la patronal rechazó porque pretendía utilizar el superávit puntual de aquellos momentos para reducir las cotizaciones empresariales.

La puesta en marcha definitiva del Fondo de Reserva y el reconocimiento de la jubilación anticipada a los 61 años  -que hasta entonces solo existía para los mutualistas que hubieran cotizado antes del 1 de enero del 1967- fueron fruto de otro acuerdo social, el del 2001, en este caso firmado en solitario por CCOO.

Algunos cambios benefician especialmente a las mujeres que son las más afectadas por la precarización del empleo. La mejora en el computo de las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial, forzado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luxemburgo. O la asimilación a períodos de cotización efectivos de algunos vacíos de cobertura, aunque se continúa discriminando a las empleadas del hogar. El aumento del 45% al 52% de la pensión de viudedad, establecido en el acuerdo social de 1996. Y después del 52% al 60% pactado en 2011 -aunque su aplicación haya sido congelada unilateralmente hasta el 2018-.

También ha mejorado la solidaridad interna, por la vía del aumento de los complementos de las pensiones mínimas y de haberse topado aún más las pensiones máximas, que hoy se sitúan un 20% por debajo de las bases máximas de cotización.

Cierto es que, en el marco de este ciclo largo de mejora de las prestaciones, también se han producido ciclos cortos, con reformas que han afectado al acceso a la protección social. Como el cambio en la edad ordinaria de jubilación, que se mantiene en los 65 años para quienes hayan cotizado 38,5 años, pero se eleva progresivamente hasta los 67 años -en el año 2027- para quienes hayan cotizado un período menor.

La mayor ruptura en este recorrido de mejora la ha provocado la reforma del 2013, aprobada en solitario por el Gobierno Rajoy. Se derogó la garantía de revalorización de las pensiones en función del IPC que estaba vigente desde 1996 y se estableció el factor de “sostenibilidad”, por el que los pensionistas pasan a soportar el mayor coste que supone el aumento de la esperanza de vida. Aunque las movilizaciones sindicales y de pensionistas han propiciado que los PGE 2018 acuerden una revalorización del 1,6% y la suspensión de la aplicación del índice de sostenibilidad, la reforma unilateral del 2013 continua vigente.
Esta perspectiva histórica sirve para demostrar que, aún siendo importantes, los retos de futuro son asumibles y existen alternativas y márgenes económicos. Así lo ha reconocido, en su reciente comparecencia en el Congreso, José Luís Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Para afrontar los retos necesitamos primero un diagnóstico honesto y no oportunista. Tan irresponsable es negar los riesgos de futuro de la Seguridad Social como afirmar que los problemas derivan de un exceso de gasto en pensiones.

El principal reto es el aumento de los ingresos, los contributivos que son su principal fuente de financiación, y especialmente la aportación fiscal del Estado. Existe margen para ello porque los ingresos fiscales de España están entre un 7% y el 8% del PIB por debajo de la media de la Unión Europea.

El segundo reto son los cambios en el empleo. De un lado los producidos por la gran recesión y las políticas de precarización laboral y depreciación salarial. De otro, los generados por las diferentes formas de innovación y que de manera simplificada se llama robotización.

Para afrontarlos la historia nos ofrece muchas enseñanzas. A principios del siglo XX se trabajaban una media de 3.000 horas anuales, frente a las aproximadamente 1.700 actuales. En aquel entorno no se disponía de recursos públicos suficientes para garantizar pensiones, ni sanidad universal, ni escolarización obligatoria. Desde entonces el estado social no ha hecho más que crecer a pesar de la desaparición de muchos trabajos que llevaban varios siglos entre nosotros.

Ello ha sido posible con la combinación de tres factores: reducción del tiempo de trabajo a lo largo de la vida de las personas trabajadoras, aumentos muy importantes de productividad -vía innovación- y una política fiscal con capacidad de redistribuir la riqueza creada.

Lo que hoy se presenta como el principal problema, el “envejecimiento”, ha sido aprovechado durante estos años como una oportunidad. Muchos de los empleos creados en las últimas décadas -turismo, economía de los cuidados- han sido posibles por la combinación del aumento en la expectativa de vida y la mejora del estado social - menos tiempo de trabajo, más vacaciones, jubilaciones anticipadas-. Sin los grandes logros del Estado Social Europeo hoy la población ocupada en toda Europa y especialmente en España, serian mucho menor.

Este es el camino que debemos seguir recorriendo. Y para ello deberemos combatir la perversa consigna del poder económico: “Repartiros el empleo, el salario y las pensiones entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de fiscalidad ni se habla”.
El único reto insalvable es el de la creciente desigualdad social. Genera pobreza, provoca desconcierto y miedo y corroe las bases del Estado social y de la democracia.


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dimarts, 15 de maig de 2018

CONTINUA LA FICCIÓ. DEL PROCESISME AL LEGITIMISME


El debat d’investidura i l’elecció de Joaquim Torra com a president m’han deixat un gust més agre que dolç.

L’alegria inicial per la normalització que suposa una investidura efectiva, després de cinc mesos de focs d’artifici i degradació política, ha quedat ràpidament arraconada pel pànic provocat per la personalitat del candidat, les seves intervencions i el debat d’investidura.

Joaquim Torra ha acceptat ser un president provisional –per a la “gestió interior”– només durant el temps necessari per tornar a elegir Puigdemont, l’únic president “legítim”. Ha acceptat fer de “masover” que li cuida les terres a l’amo. No crec que sigui la millor manera de començar, ni és el que necessita avui la societat catalana, mancada d’estabilitat institucional i serenor social. Erosiona la seva credibilitat, tot i que no seria la primera vegada que algú li agafa gust a portar un hàbit que li han prestat per una estona.

El més preocupant, però, és comprovar que en el si de l’independentisme han guanyat una vegada més els partidaris de negar la realitat, jugar a la ficció i continuar enganyant a la societat catalana. S’ha imposat l’estratègia de cronificació del conflicte, sense atendre els molts i preocupants efectes que comporta mantenir la ferida oberta i continuar tirant-li sal. Per si no n'hi hagués prou, Ciutadans confirma que es troba molt còmode en aquest escenari de confrontació, que utilitza com la millor de les seves armes electorals.

Malgrat les declaracions dels seus dirigents, suggerint una reconsideració de l’estratègia independentista, ERC i el PDeCAT s’han plegat a Puigdemont que, fent de ventríloc, ha parlat a través del candidat i ha marcat el camí a seguir.

El que Puigdemont ha proposat per mitjà de Joaquim Torra comporta instal·lar-se en l’autoengany col·lectiu i la ficció. Insistir en el suposat i inexistent mandat de l’1 d’octubre és oblidar que aquest es fonamenta en unes lleis, aprovades el 6 i 7 de setembre passat, que no estan vigents. És obviar que l’1 d’octubre va ser tot, menys un referèndum amb capacitat de vincular a la societat catalana. Entre altres coses, perquè més de la meitat de la ciutadania no el reconeix com a tal i no s’hi sent vinculada. No hi ha cap projecte col·lectiu que es pugui construir amb una societat partida en dues meitats i confrontades entre si, des del mateix moment constituent –per utilitzar les paraules del candidat Torra.

El processisme, ara reconvertit en legitimisme, està reescrivint la història d’aquests darrers mesos amb la inestimable col·laboració dels mitjans de comunicació adeptes. Fent-nos creure que tot va començar l’1 d’octubre com a moment “constituent”, que abans no va passar res i que el conflicte és exclusivament entre Catalunya, representada pels independentistes, i l’Estat espanyol. Obvien deliberadament que el conflicte més important i el més greu es dona en el si de la societat catalana, en la que més de la meitat de la població no reconeix cap legitimitat ni a la declaració d’independència ni a la república catalana.

El programa –per dir-li d’alguna manera– de Torra insisteix en l’estafa política quan apel·la al suposat mandat de construir la república. Caldria recordar-li al nou president, i al seu mentor, algunes coses: el mateix 27 d’octubre els membres independentistes de la Mesa del Parlament van deixar constància en l’acta de la reunió que la resolució votada pel Ple i que suposadament legitima la república catalana no tenia cap efecte jurídic. Aquest argument de la manca d’efectes jurídics de la resolució ha estat utilitzat com a legítima via de defensa jurídica per les persones processades. Les eleccions del 21D legitimen les forces independentistes per fer majoria parlamentària, elegir president i governar, però no per “construir república”, que, per cert, tampoc s’ha explicat en què consisteix.

Aquesta nova estafa política es pretén vestir ara com l’estratègia de la “bifurcació”, que segons els seus creadors consisteix a dir una cosa i fer-ne la contrària. Cap projecte es pot construir sobre el manteniment de l’autoengany col·lectiu i la ficció d’un mandat democràtic que no existeix.

Sembla increïble, però assistim a l’enèsima repetició de la mateixa jugada que marca la vida de Catalunya des del 2012, amb la mutació dels processisme en legitimisme.

Amb algunes diferències importants que fan la situació molt més insostenible. Des de fa mesos tenim a la presó de manera injusta persones que viuen el risc de ser condemnades a molts anys de presó. I en la mesura que el conflicte continua empantanegat, els efectes socials col·laterals s’agreugen.

A més, el president elegit expressa una actitud sectària, gens integradora, i ha fet gala d’una ideologia supremacista, que no semblen les eines més adequades per recosir la societat catalana. El més greu és que les expressions supremacistes no són un “error” del candidat pel qual es demanen disculpes i “santes pasqües”. Malauradament, el supremacisme està més estès del que sembla en una part de l’independentisme –insisteixo, en una part.

Només cal recordar l’horrorosa proposta per expulsar del nomenclàtor de Sabadell els noms de personatges espanyols identificats amb el que els seus redactors consideren “imperialisme” cultural castellà.

El supremacisme ha calat en una part de la societat catalana, que s’ha acostumat a parlar dels espanyols com a una societat degradada i un poble “irreformable”. Aquesta desqualificació s’ha utilitzat reiteradament per a descartar la viabilitat de diàleg o pacte amb l’Estat espanyol. I és alimentada pels creadors d’opinió de la Divisió Mediàtica Ítaca, que la utilitzen per cohesionar l’independentisme i sumar forces. El supremacisme va acompanyat del risc de creure’s “poble elegit”, com es va fer evident amb les declaracions de Puigdemont en les que va qualificar Europa com un conjunt de pobles “decadents”.

A més, aquestes actituds són retroalimentades diàriament a Espanya per la caverna mediàtica Brunete, que treballa incansablement per presentar Catalunya com una societat “abduïda” i presa de la violència i del terrorisme. 

Aquest és el tobogan pel qual estem lliscant perillosament i que la cronificació del conflicte no fa més que agreujar. Per això considero que l’elecció de Joaquim Torra com a president és una sortida en fals que, lluny de resoldre el conflicte, l’agreuja, perquè comporta reiterar en tot allò que ens ha portat a aquest empantanegament.

El mandat per construir república, el procés constituent i molts dels imaginaris sobre els quals està construït el seu programa pateixen de la mateixa patologia, la deformació ideologitzada de la realitat. La mateixa que porta a Torra a afirmar que Catalunya viu una crisi humanitària.

És urgent sortir de la ficció en què ens ha situat el processisme i començar a recosir la societat catalana. Res de positiu es pot construir des de la negació de la realitat. La primera condició per transformar-la és conèixer i interpretar bé la realitat que es vol transformar. Res de bo es pot fer des d’una societat fracturada.

Cal urgentment fer emergir i potenciar les moltes veus i actituds que a Catalunya i Espanya creuen que el camí per sortir de l’empantanegament demana apostar per la moderació i per la construcció de ponts. Serà un trajecte llarg, però cal començar com abans millor. Ens hi posem?

dijous, 19 d’abril de 2018

DE AQUELLOS BARROS, ESTOS LODOS


Estos días asistimos entre consternados, indignados y perplejos a una nueva actuación de la Policía a instancias de la Fiscalía, la detención de una joven a la que se acusa de coordinar la acción de los Comités de Defensa de la República (CDR). Y en base a ello se le pretendía imputar el delito de terrorismo.

Se trata de un capítulo más en el intento de los poderes del Estado y sus voceros mediáticos de construir el imaginario de una Catalunya instalada en la violencia.


La actuación de la División mediática Brunete y su homónima en Catalunya, la División mediática Ítaca, son hoy el principal obstáculo para la búsqueda de una solución. En su obsesión por construir relatos hegemónicos en España y en Catalunya, se han olvidado de la responsabilidad social de los medios de comunicación y se han lanzado a una competición en la que la degradación del uso del lenguaje, la construcción una imagen perversa del otro y en definitiva la manipulación informativa de las sociedades respectivas se han convertido en una poderosa arma de colonización de las mentes de la ciudadanía.

Personalmente discrepo de la estrategia de los CDR. Aun cuando sus actos se limitaran a moverse en el terreno estricto de la desobediencia civil –derecho por cierto que se reconoce a la ciudadanía, pero nunca a los poderes públicos, que siempre están obligados a cumplir la Ley– me parece una estrategia errónea. No ayudan en nada a los objetivos que dicen defender y debilitan al movimiento del que forman parte. La vida demuestra que este tipo de acciones reducen la participación ciudadana, tienden a la radicalización –aún sin violencia- y acaban situándose en un circulo vicioso de acción y reacción.

Pero con independencia de la opinión que se tenga sobre la idoneidad y oportunidad de las acciones de los CDR, resulta evidente que acusarles de terrorismo es una barbaridad democrática.

Afortunadamente, la Audiencia Nacional ha rechazado las imputaciones de terrorismo y ha dejado en libertad a la joven detenida. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que esta deriva criminalizadora afecta solo al conflicto “catalán” y que con la libertad de la joven detenida el tema pierde gravedad.

No olvidemos que si el Ministerio Fiscal ha formulado la acusación de terrorismo es porque desde el 2015 el Código Penal español ha ampliado hasta el infinito los actos susceptibles de ser considerados terrorismo. Hasta el extremo de incluir en el capítulo de acciones terroristas los delitos graves que “pretendan obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.”

El nuevo artículo 573 del Código Penal permitiría hoy que determinadas actuaciones producidas en el marco de conflictos laborales y sociales que todos recordamos –por ejemplo las luchas obreras contra la reconversión industrial o las huelgas generales- pudieran ser calificadas penalmente como terrorismo.

Esta reforma penal fruto del Pacto de Estado entre el PP y el PSOE se aprobó con la excusa de combatir más eficazmente el terrorismo yihadista. Y digo excusa porque una buena parte de su contenido tiene poco que ver con las recomendaciones de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2178 de 24 de setiembre del 201, y con la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 28 de noviembre del 2008 en las que dice ampararse.

Se equivocan los que piensen que esta reforma se hizo con el objetivo de dar respuesta al conflicto catalán. Se equivocan aún más los que consideren que esta Ley es un hecho aislado. Y el error es aún mayor si se considera que este es un problema estrictamente español.

La Ley Orgánica 2/2015 forma parte de una triada de reformas legislativas acordadas durante el directorio absolutista de Rajoy compuesto por la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza),  la Reforma del Código Penal que entre otras cosas instaura la cadena perpetua (bondadosamente llamada prisión permanente revisable).

Se trata de un conjunto de reformas legislativas que aprovechan el clima de miedo e inseguridad creado en la sociedad, y alimentado artificialmente por determinados medios de comunicación, por el brutal atentado yihadista contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y por el impacto social que generan los asesinatos de personas jóvenes – mayoritariamente mujeres-. Se aprovecha este clima social para, entre otras cosas, criminalizar movilizaciones sociales y castigar penalmente a organizaciones y movimientos sociales.

Que esta reforma no tuviera como objetivo exclusivo el conflicto “catalán” no significa que sus impulsores no tuvieran esta pantalla en su horizonte. Quiero recordar que su aprobación se produce a los pocos meses de la consulta por la independencia del 9 de noviembre del 2014.

Por eso sorprende y hoy aún más que el grupo parlamentario de CiU tuviera una posición tan poco beligerante -por ser bondadoso- frente a esta ley. A pesar de mis reiteradas advertencias sobre el riesgo de que se terminaría aplicando en Catalunya. 

Aunque la memoria es débil sobre todo cuando no interesa, quiero recordar que esa reforma fue aprobada con la abstención de Convergència y el voto a favor de Unió Democrática. Y que algunas de las enmiendas que dieron redacción definitiva a la Ley, entre ellas las que se refieren al artículo de marras, el 537, fueron votadas por todo el grupo parlamentario de CiU, con la excepción de tres diputados ausentes de la sesión.
Estos días mucha gente se pregunta como es posible que el grupo de CiU no fuera consciente del riesgo que suponía no pronunciarse nítidamente y votar en contra de esta ley. Yo siempre tuve la sensación de que nunca vieron esta reforma como un riesgo propio. 
Quizás porque pensaron que su aplicación y posible abuso solo iba a afectar a otro tipo de movilizaciones. No se olvide que en aquel momento en Catalunya aún era muy presente el impacto por el “asedio” al Parlament del 2011 y que estaban en un punto álgido las movilizaciones contra recortes de derechos sociales.

Desgraciadamente este recrudecimiento de la legislación penal no es una hecho aislado de España, ni tan siquiera de Europa. Es un fantasma que recorre el mundo desde los atentados del 11 de setiembre del 2001.

Se esta utilizando el clima de inseguridad social para restringir hasta limites democráticamente intolerables las libertades. Y cada vez que se da un paso en este sentido, con el supuesto objetivo de garantizar la seguridad a las personas, se debilita la calidad de la democracia. Y con ello la inseguridad crece, porque con las libertades restringidas es más fácil imponer políticas que reducen los derechos sociales, hacen crecer las desigualdades y aumentan el miedo y la inseguridad social de la ciudadanía. Este es desgraciadamente el circulo vicioso en el que estamos instalados.

Después de la indignación sería deseable que hiciéramos algo más. Urge una reforma legal que devuelva la regulación del delito de terrorismo a términos que sean democráticamente aceptables.

* Article publicat originalment a Eldiario.eshttps://www.eldiario.es/zonacritica/barros-lodos_6_760533944.html

dimecres, 14 de març de 2018

UN HIVERN FASCINANT de Joan Margarit


Potser, només potser, si de ben matí
llegíssim els poemes de Joan Margarit
a “Un hivern fascinant”
podríem sortir d’aquest pou
al que humiliacions i rancúnia ens han abocat
i del que no sabem sortir
adictes com som a buscar consol en el desastre. 


A través del dolor


Mai no he oblidat el clatellot d’un guàrdia
Dient-me fort i sec: Habla en cristiano, niño.
Fins els meus quaranta any, la policia
Va fer interrogatoris amb tortures.
Només en castellà.
Però a través de tantes humiliacions
he pogut estimar el Ramón, el Luís,
i les pitjors paraules, les que m’han fet més mal,
les he sentides en la meva llengua.

Abans que les paraules va arribar una altra cosa.
Suau i indestructible.
Tan lúcida com res ja no ho seria mai.
Va arribar des d’un lloc que penso que és la infància.
A  vegades la sento barrejada amb la música,
com deu o quinze notes que de sobte em commouen,
però no sé per què ni des de quan.
Com si fos una tomba sense nom
a la qual per amor semore he dut roses.

És la força i la llum d’un costat que ignoro.
M’avisa, em protegeix d’algun lloc que no estimo.
D’una inútil rancúnia. De mi mateix. Dels altres.
D’alguna perillosa indiferència.
És en els meus poemes.
Que per això, també, els he escrit en castellà.


divendres, 9 de març de 2018

LLUITES DE GÈNERE, CONQUESTES DE CIVILITZACIÓ.

Encara sota l’impacte emocional d’una jornada, la del 8 de Març del 2018, que s’ha guanyat el dret a passar a la història, intento posar ordre a les moltes reflexions i sentiments que s’amunteguen i barregen dins meu, entre les quals predomina l’alegria viscuda per l’èxit de la vaga feminista.

El primer que ahir em va venir al cap en veure i viure la oceànica manifestació de Barcelona, va ser el record de totes aquelles dones que, en condicions molt dures, varen ser durant anys la punta de llança de la lluita social i feminista. Les dones del 36, la Tomasa Cuevas o més recentment la generació de l’Aurora Gómez, feminista a CCOO i sindicalista en el moviment feminista. Ho comentàvem amb la companya Gemma Lienas amb qui vaig compartir aquest moment d’immensa joia. 

Tampoc no he pogut deixar de recordar aquells 8 de Març en què poquets milers de dones – i molts menys homes- fèiem una manifestació que en alguns moments va córrer el risc d’acabar sent la litúrgia anual del 8 de març. Fins i tot les polèmiques suscitades sobre el dret dels homes a participar en les manifestacions del dia de la dona treballadora.

Ara toca intentar entendre totes les dimensions d’aquesta jornada. D’entrada, em sembla veure la potencialitat d’un moviment que  podria articular la lluita social en el segle XXI. En un món global, on costa agrupar interessos i més aviat es tendeix a l’individualisme, a la segregació, i al greuge comparatiu; el moviment feminista ha sabut aixecar una reivindicació i una bandera que aplega a moltes dones arreu del món i té capacitat d’implicar-hi als homes. Veure la manifestació d’Estambul, en un país com Turquia en plena regressió democràtica i vulneració dels drets civils, em va emocionar quasi tant com veure les dones treballadores paquistaneses en la mani de Barcelona. 

La lluita contra la desigualtat que pateixen les dones en totes les esferes de la vida té un gran potencial emancipador. Especialment en uns moments en què globalització sense regles, drets ni contrapesos socials o polítics està provocant un augment brutal de les desigualtats, que castiga especialment les dones, però té un fort component de classe. La batalla per la igualtat, encapçalada per les dones, pot ser l’eix que vertebri una potent internacional en les primeres dècades del segle XXI, on, ara per ara, costa veure quin serà el motor de la lluita social.

A Catalunya i Espanya es va produir un fet encara més transcendent. Hem estat l’únic país europeu on la mobilització feminista, amb múltiples dimensions, va incorporar una vaga laboral organitzada pel sindicalisme confederal de CCOO i UGT. Per aconseguir l’èxit de la vaga, fins i tot en algunes grans empreses industrials on les dones representen tot just el 20% de les plantilles, el sindicalisme de classe i confederal ha treballat molt i bé en l’organització de la vaga. Veure les dones sindicalistes de sectors com la neteja, que estan en plena negociació del seu conveni, encapçalant la vaga i la mobilització va servir per posar de manifest que la discriminació i l’opressió que pateixen les dones en totes les esferes de la societat, té en les empreses i en la relació de treball una de les expressions més salvatge.

Ahir el feminisme va ser el protagonista i l’eix articulador d’aquesta potent mobilització. I fent-li costat el sindicalisme confederal va assumir la responsabilitat d’organitzar la vaga laboral en els centres de treball, legitimant-se com a subjecte de transformació social. Així ho destaquen les capçaleres dels principals mitjans de comunicació de tot el món, que posen de manifest el fet diferencial de la vaga feminista a España, que ha estat la implicació sindical i la vaga a les empreses. Durant tot el dia em van venir al cap records de les moltes sindicalistes de CCOO que al llarg de cinc dècades han lluitat perquè el sindicat assumís la lluita de gènere com a element propi i consubstancial. Sense aquestes dones que han dut a terme una doble lluita, front el capital i entre els seus companys, la vaga laboral del 8 de Març no hauria estat possible, com encara no ho ha estat en altres països amb molta més força sindical que la nostra.

Per això em resulta sorprenent i molt preocupant l’actitud refractaria per part dels comuns a aquesta important implicació sindical. Si algú fora del nostre país llegeix els seus comunicats, declaracions i posicionaments, pot arribar a creure que el sindicalisme confederal no ha existit en aquesta espectacular vaga feminista. No vull creure que s’hagi decidit aplicar la vella formula d’imposar silenci sobre el que no agrada o no es controla.

Dijous, durant la concentració del matí a la Plaça de Sant Jaume, vaig estar esperant el moment en què l’alcaldessa de Barcelona es trobava amb els dirigents de CCOO i UGT. Però aquesta trobada no es va produir. I no deixa de sorprendre’m, perquè en una plaça tan petita el més difícil no era trobar-se, sinó eludir-se. Una trobada que, en canvi, sí que van propiciar regidores i regidors de pràcticament tots els grups municipals. Per a mi aquesta és encara una de les grans incògnites del dia d’ahir. Què pot portar a l’espai polític dels comuns a negar i rebutjar constantment el paper del sindicalisme confederal? Especialment quan és un dels seus jaciments de militància i de vots. Sectarisme? Instint suïcida? No ho sé, sincerament, però em resulta força incomprensible.

Un altre factor determinant ha estat que la vaga feminista del 8 de març ha tornat a situar el conflicte social, en aquest cas el conflicte de gènere, en l’epicentre del debat polític del país. I aquest és un dels grans èxits de la jornada i dels dies previs de preparació i difusió i organització de la vaga.

Al mateix temps s’ha recuperat per la política l’eix esquerra-dreta que alguns s’encaparren en declarar mort. Només cal recordar les explicacions i declaracions contra la vaga dels dirigents del Partit Popular i de Ciutadans, els dies previs. Rajoy va intentar en un últim moviment aturar aquest profund error d’oposar-se a la mobilització feminista. Però gracies a la bel·ligerància dels seus i les seves dirigents hem vist una vegada més en que consisteix ser d’esquerres o de dretes, quins son els valors que hi ha darrera de cada manera de veure el món. La batalla per la igualtat i la lluita contra les desigualtats i l’opressió de gènere és un de molt definitori.

A Catalunya, a més, hem assistit a una mobilització transversal que per primera vegada en molt de temps no fractura la societat, sinó que la cohesiona en objectius compartits per una immensa majoria de la societat.

Ara queda el més difícil, convertir aquesta espectacular energia, mobilitzada durant aquestes setmanes i que ahir va agafar forma de vaga feminista, en transformacions socials concretes. Totes i tots sabem que no serà fàcil, perquè les arrels de la injustícia contra les dones són molt profundes, ancestrals i estan ficades dins del moll de l’os de la societat i la seva cultura. Cal fer front a un sistema social, el capitalista, construït sobre els pilars de la desigualtat social, i un sistema patriarcal, edificat sobre els pilars de la dominació d’una part de la societat sobre l’altra, les dones.

Sens dubte, els canvis no seran ni ràpids ni fàcils i és probable que en pocs dies veiem com algunes adhesions estaven carregades de fariseisme. Crec, vull, necessito creure que en la llavor d’aquests anys, en la jornada d’ahir, estan els gens d’una societat més justa.

I del que estic convençut, perquè ho ensenya la història, és que les reivindicacions i lluites de gènere acabaran convertint-se en grans conquestes de civilització. Potser és el gran canvi que esperem i necessitem per fer del segle XXI una època que no estigui marcada irremeiablement per la injustícia i la desigualtat.




dimecres, 7 de març de 2018

EL PODER DE LA CULPA


La culpa tiene poder, bien podría ser el título de una nueva rumba catalana. O quizás mejor la letra de un rap de denuncia cantado en las movilizaciones sociales.

La culpa tiene poder y los poderosos saben por qué. Se viene utilizando desde tiempos ancestrales y con gran éxito como elemento de dominación social. Alcanza su cénit con las religiones monoteístas, que han conseguido ofrecernos el pack completo. La culpa -del pecador- la confesión, el arrepentimiento y la penitencia. 

Ha sido tal el éxito histórico de la culpa que se utiliza por ideologías y sistemas políticos de todo tipo. La autocrítica no es más que la vertiente laica de la confesión de culpa y las consecuencias impuestas al “autocriticado” pura penitencia en forma de depuración política. 

Si la culpa es tan poderosa para el control social es porque impone al culpable el arrepentimiento, en forma de resignación. 

En España tenemos a uno de los campeones mundiales en la estrategia de la culpa. “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” fue la frase más vomitada por Rajoy para justificar sus políticas de ajuste. En pleno aquelarre se llegó a decir que “hemos comprado a crédito viajes al Caribe” para justificar en el debate parlamentario de Julio del 2012 la reducción de las prestaciones de desempleo. 

Lo más peligroso del uso de la culpa por el poder es que suele tener éxito. Rajoy continúa siendo Presidente del Gobierno gracias a los votos de los que se sienten culpables. Y pretende continuar siéndolo con la misma estrategia. 

Estos días, de manera desacomplejada, los miembros del gobierno Rajoy, los expertos acólitos y sus voceros han conseguido el récord mundial en el decatlón de la culpa.
Para justificar la congelación de pensiones y su perdida de poder adquisitivo a perpetuidad, mientras esté vigente la ley del 2013, han intentado sepultar a los pensionistas de sentimiento de culpa por ser unos privilegiados. 

Se pretende acallarlos con el argumento de que son el colectivo que mejor librado han salido de las políticas de recortes sociales. Y desgraciadamente el argumento cala, porque son muchos los pensionistas que tienen en su entorno personas muy maltratadas por la crisis y las mal llamadas políticas de “austeridad”. 

Diferentes “expertos” orgánicos del Partido Popular recuerdan a los pensionistas que algunos de ellos cobran más que lo que cobran sus hijos y nietos trabajando. Como si su pensión fuera un regalo y los salarios de miseria de sus hijos una maldición bíblica.

Esta es una argumentación que cala en las personas pensionista, porque tiene una gran capacidad de generar culpa, arrepentimiento y resignación. Durante años, mi madre perceptora de una pensión mínima se sentía culpable de cobrar prácticamente lo mismo que la trabajadora social que le ayudaba en su situación de dependencia. 

Por supuesto en esta orgía culpabilizadora no podía faltar el Gobernador del Banco de España que nos acaba de regalar la “lindeza” de decirle a los pensionistas que la congelación de las pensiones no les afecta tanto como parece, porque la mayoría son propietarios de sus viviendas y con ello tienen unos gastos menores de alojamiento. 
Como si la vivienda en propiedad no fuera el fruto del ahorro de toda una vida, que en muchos casos les sirve para pagar una plaza en una residencia privada ante la escasez de plazas públicas. 

Resulta cínico que los mismos que justifican la congelación de las pensiones– incluso de las mínimas – porque algunos pensionistas son propietarios de su vivienda, sean al mismo tiempo los máximos defensores de la desaparición del impuesto de sucesiones, incluso para elevados patrimonios. Defienden que las personas cuyo único ahorro es una vivienda en propiedad la dediquen a garantizar su subsistencia en los últimos años de vida, mientras al mismo tiempo proponen que los que heredan importantes patrimonios no paguen impuestos. 

Esta estrategia de acusar de privilegiados a los que disponen de derechos no es nueva. Se ha llegado a decir que los jóvenes no tienen trabajo por culpa de unos padres que tienen empleos y salarios privilegiados. Esta es de hecho la ideología de las reformas laborales y con la que se ha intentado vender el mal llamado “contrato único”. 

Si alguien ha sufrido y continúa sufriendo la estrategia de la culpabilización por parte del poder, son las mujeres. 

La ideología patriarcal pretende que las mujeres se sientan culpables de casi todo. De no ser madres, si así lo han decidido, por poner en riesgo la demografía de la sociedad. De ser madres y querer trabajar al mismo tiempo sin morir en el intento. De pretender que sus opciones vitales no penalicen sus trayectorias profesionales. De no atender bien a los hijos por poner por delante su condición de persona. De cobrar menos que los hombres por no estar suficientemente formadas. 

Estos días asistimos a una vergonzosa ofensiva del Gobierno Rajoy y el Partido Popular para hacer sentir culpables a las mujeres que denuncian la brecha salarial de genero y a los convocantes de la huelga del 8 de marzo. 

Se ha llegado a decir que era una movilización de mujeres privilegiadas, porque solo podían hacer huelga las que trabajan y se ignora a las que están desempleadas. Increíble pero cierto. 

La avalancha de culpa que nos echan encima a unas y otros no es una anécdota. Forma parte de una ofensiva ideológica para que aceptemos resignadamente la máxima consigna del capitalismo financiero global: “Repartíos el salario y las pensiones entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de impuestos ni se habla”. 

Una estrategia exitosa que ha conseguido hacer del agravio comparativo entre las personas trabajadoras el motor de la historia, ocupando el vacío dejado en esa función, antaño articuladora de la política y la sociedad, por la lucha de clases. 

Quizás ha llegado el momento de componer un rap titulado: “A la mierda con la culpa”. Eso sí, con prudencia, no sea que nos acusen de un delito de odio.